El pasado jueves 18 de febrero a las 5 pm las señoras PATRICIA GARCÍA de 33 años y FLORINDA DAMARIS GARCÍA de 24 años, indígenas Awás del Resguardo Gran Rosario fueron atacadas por miembros de la Policía Nacional en el sector de la Guayacana –Tumaco, mientras se desplazaban desde el Diviso hacia sus hogares en el mencionado resguardo. Hasta el momento se desconocen las razones que los miembros de la POLICIA NACIONAL atacaron el vehículo en el que se transportaban los indígenas; pero los hechos se enmarcan en el contexto de ataques indiscriminados que el pueblo recibe por parte de actores armados legales e ilegales en el municipio de Tumaco. Foto: vozpueblocom.wordpress.com

Fuerza pública continúa atacando a pueblo indígena Awá en Tumaco, Nariño y causa graves lesiones a un menor y dos mujeres

3 de marzo de 2016

Durante los meses de enero y febrero de 2016, la UNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO AWA, UNIPA, ha alertado sobre los hechos violentos que la fuerza pública realiza en contra de miembros de los resguardos indígenas, en particular mujeres y niños, en el marco de procesos investigativos ajenos a las comunidades indígenas.

Hechos

1. El pasado jueves 18 de febrero a las 5 pm las señoras PATRICIA GARCÍA de 33 años y FLORINDA DAMARIS GARCÍA de 24 años, indígenas Awás del Resguardo Gran Rosario fueron atacadas por miembros de la Policía Nacional en el sector de la Guayacana –Tumaco, mientras se desplazaban desde el Diviso hacia sus hogares en el mencionado resguardo.

2. La señora PATRICIA GARCÍA fue afectada en una de sus piernas por las balas disparadas por agentes de la policía, lo que actualmente le impide desplazarse; y DAMARIS GARCÍA recibió disparos en su vientre causándole heridas de gravedad. Ambas señoras hacen parte de la UNIDAD DEL PUEBLO AWÁ –UNIPA en el programa familiar de la organización que trabaja por los derechos del pueblo indígena y tienen pequeños hijos a su cargo.

3. Según la comunidad, la POLICIA NACIONAL se negó a prestar socorro ante la situación y fueron las personas vecinas de la Guayacana quienes llevaron a las dos personas heridas al centro de salud del corregimiento de Llorente, y debido a la gravedad de las heridas fueron remitidas a Tumaco –Nariño. La señora DAMARIS GARCÍA aun se encuentra hospitalizada en la ciudad de Pasto pues le han realizado dos cirugías, pero según el concepto médico su vida aún corre peligro.

4. Hasta el momento se desconocen las razones que los miembros de la POLICIA NACIONAL atacaron el vehículo en el que se transportaban los indígenas; pero los hechos se enmarcan en el contexto de ataques indiscriminados que el pueblo recibe por parte de actores armados legales e ilegales en el municipio de Tumaco.

5. Miembros de la comunidad también han afirmado que los agentes de la POLICIA NACIONAL continúan acechando las casas de las mujeres indígenas, intimidando a sus familiares para que se abstengan de presentar denuncias y exigir que cesen los ataques a la población civil.

6. De la misma manera, el 25 de febrero de 2016 hombres fuertemente armados, quienes que se encontraban de civil y portaban chalecos antibalas, custodiados por agentes de la POLICIA NACIONAL y el EJERCITO NACIONAL ingresaron de manera violenta a la casa de la consejera de mujer y familia de la UNIPA con el pretexto de realizar un allanamiento sin que mediara orden legal; intimidaron a la familia de la consejera y demás personas que se encontraban en su casa, incluso personas mayores y niños menores que se vieron obligados a soportar los atropellos de la fuerza pública.

Antecedentes

1. El municipio de Tumaco –Nariño es hoy uno de los epicentros del conflicto social y armado en el país, en donde confluyen problemáticas relacionadas con el narcotráfico, presencia de grupos subversivos y paramilitares. Esta situación se ve agravada por la presencia de formas de economías ilegales (cultivos de uso ilícito y refinerías clandestinas) que ponen en riesgo la vida e integridad territorial de las comunidades indígenas, afro y campesinas.

2. La Corte Constitucional mediante la sentencia T-025 de 2004, declaró un Estado de cosas Inconstitucional por la situación de desplazamiento forzado en Auto de seguimiento N. 174 del 9 de agosto del año 2011, la Corte Constitucional considera el siguiente presupuesto fáctico, para brindar especial protección al Pueblo Awá:

“8. Que en el marco de lo ordenado en el auto 004 de 2009, a la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 y sus autos complementarios, han llegado diferentes informes provenientes de agrupaciones indígenas, entidades de control y organizaciones internacionales, en donde se da cuenta de la aguda crisis humanitaria que enfrenta el Pueblo Indígena Awá y que tiene como focos de las graves y sistemáticas violaciones de sus derechos fundamentales, el conflicto armado, los megaproyectos y monocultivos, que traen consigo señalamientos, amenazas, hostigamientos, siembra de minas, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos y masacres, por un lado, y por otro, confinamiento, desalojo, desplazamiento, pérdida de la identidad cultural y de la autonomía, inseguridad alimentaria, omisión de la consulta previa, entre otros…”

Igualmente en el mismo Auto, la Corte Constitucional Reiteró que:

“el Pueblo Indígena Awá, asentado en los departamentos de Nariño y Putumayo, de acuerdo con lo expuesto en el auto 004 de 2009 y con lo dicho en precedencia, está en grave peligro de ser exterminado física y culturalmente, a causa del conflicto armado interno y la omisión de las autoridades en brindarle una adecuada y oportuna protección, por lo cual continúa siendo víctima de un sin número de violaciones a sus derechos fundamentales individuales y colectivos, lo cual ha exacerbado el confinamiento y/o desplazamiento forzado que padece.” (Subrayas fuera del texto).

3. Durante los últimos años, la Organización Indígena del Pueblo Awá – Unipa, ha denunciado los confinamientos en los que se encuentran las comunidades debido a los combates que se presentan entre el Ejército y las FARC en esa región; así como el asesinato de sus líderes como JUAN ALVARO PAI el 29 de noviembre de 2013.

El pasado 23 de enero de 2016, en hechos aun por esclarecerse la comunidad denunció que a las 4:00 de la tarde mientras que un indígena se encontraba construyendo un garaje para un vehículo de su propiedad llegó un carro azul marca Chevrolet Aveo y de él bajaron varios integrantes de la POLICÍA y la SIJIN vestidos de civil fuertemente armados con pistolas en la mano y disparando, lo que causo graves heridas a JUAN DAVID PASCAL CORTES un niño de 8 años que está entre la vida y la muerte en el hospital infantil Los Ángeles de Pasto. Agregan los voceros indígenas del corregimiento de La Guayacana, en el municipio de Tumaco, que los agentes de la Policía se llevaron a un joven de esta misma etnia de quien no se conoce su paradero y a la vez exigen claridad de los hechos.

Peticiones

SOLICITAMOS a la GOBERNACION DE NARIÑO y DEFENSORIA DEL PUEBLO intervenir urgentemente para garantizar la atención médica necesaria a las víctimas de los ataques con el fin de salvaguardar sus vidas.

EXIGIMOS a la FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN INVESTIGAR la actuación de los agentes de la POLICIA NACIONAL y EJERCITO NACIONAL del Departamento de Nariño que han actuado en los operativos relacionados anteriormente y que dejan un saldo de tres víctimas de lesiones. La realización de estas investigaciones no puede por ningún motivo adelantarse ante la Justicia Penal Militar, por tratarse de ataques sistemáticos y violaciones a los derechos humanos de un pueblo indígena en riesgo de extinción.
Establecer la LEGALIDAD de las circunstancias que están rodeando los continuos allanamientos que se realizan a las comunidades indígenas, pues como se ha evidenciado, sus protocolos están generando vulneraciones desproporcionadas a la población civil.

EXIGIMOS a la PROCURADURIA DELEGADA PARA LOS DERECHOS HUMANOS investigar la conducta vulneradora de los derechos humanos a los agentes estatales que han cometido estos crímenes.

SOLICITAMOS a la DEFENSORIA DEL PUEBLO garantizar la tranquilidad de las familias de las victimas quienes se encuentran en acecho permanente por agentes de la fuerza pública, así como a los consejeros de la UNIDAD DEL PUEBLO AWA –UNIPA

SOLICITAMOS a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR que garantice la vida e integridad del pueblo AWA y sus líderes, en el marco de las medidas cautelares urgentes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado.

CORPORACIÓN COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO – CCAJAR