Eje Político 1: Lucha contra la impunidad
Consiste en contribuir al esclarecimiento de la verdad procesal e histórica de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; a la investigación, juzgamiento, sanción y visibilización de los autores materiales y máximos responsables intelectuales o beneficiarios de los crímenes; a la identificación de macro casos emblemáticos, modus operandi y patrones de agresión; a la reparación integral de daños individuales y colectivos; al fortalecimiento organizativo de las víctimas, comunidades y procesos organizativos; y a la adopción de reformas estructurales para la materialización de garantías de no repetición, a nivel nacional e internacional.
Eje Político 2: Defensa del territorio y lucha contra la crisis climática
Consiste en construir con las comunidades rutas de exigibilidad integral de derechos para contribuir al fortalecimiento de su autonomía; a la protección de las personas, comunidades y sus procesos organizativos para la defensa de derechos humanos, territoriales y ambientales; a la permanencia en el territorio; a la identificación de máximos responsables y protección de derechos colectivos frente a la imposición de proyectos extractivos; y a la justicia ambiental para enfrentar el cambio climático.
Eje Político 3: Superación del conflicto armado y construcción de paz
Consiste en promover el cumplimiento e implementación del Acuerdo de Paz; los diálogos entre el Gobierno y el ELN; el desmonte del paramilitarismo; la protección de líderes/as sociales y defensores/as de DD.HH.; una cultura de paz, y la construcción de paz desde los territorios.
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La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, en el caso “Gustavo Petro Urrego vs. Colombia”, emitida el pasado julio, ha provocado controversia porque ordena que el Estado debe adecuar, en un plazo razonable, su ordenamiento jurídico interno en varios aspectos.


