Finalmente, no es motivo de esta audiencia, pero aludiendo un fundamento en la Ley 1820 de 2016 y a una interpretación inadecuada del principio de inescindibilidad, la Presidencia de la República expidió el Decreto 706 de 2017 en los que esta situación se agrava. Mediante aplicación de esta norma no solo se están otorgando ilegalmente libertades, ya que la CSJ ya ha explicitado que se limita a quienes no están privados de la libertad, sino que no tiene ningún requisito o contraprestación para el levantamiento de la orden de captura y sustitución de medida de aseguramiento.

Distinto es el tratamiento especial para agentes del Estado, que sin desconocer que pueden ser objeto de medidas transicionales, estas deben ser más exigentes dada su posición de garante de los derechos de la ciudadanía, y el mayor grado de diligencia que se les exige por la diferentes posición que ostenta en la sociedad. Por tanto si cometen un delito, la sanción es más gravosa. Este es un estándar internacional y constitucional, que tiene por finalidad diferenciar el grado de las responsabilidades de quienes teniendo la función de proteger los derechos de los ciudadanos atentan deliberadamente contra estos.