20 años después de los hechos, por solicitud del abogado de las víctimas Luis Guillermo Pérez, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, la Fiscalía 67 de la Unidad de Derechos Humanos, declaró como crimen de lesa humanidad la masacre de 12 ingtegrantes de una comisión judicial que se dirigía a San Carlos de Guaroa, Meta, el 3 de octubre de 1997.

La masacre de San Carlos de Guaroa contra miembros de la Fiscalía, del CTI, del extinto DAS, de la Procuraduría y miembros del Gaula del Ejército pertenecientes a la Brigada VII, ocurrió cuando fueron emboscados por grupos paramilitares, luego de terminar una diligencia judicial de extinción de dominio del presunto narcotraficante Gustavo Soto García.

La emboscada ocurrió en dos momentos y a pesar que miembros de la Comisión solicitaron ayuda y socorro al entonces comandante de la VII Brigada, General Jaime Humberto Uscátegui, y al Coronel Luis Felipe Molano, la emboscada cobró la vida de:

Carlos Degly, José Noel Nossa, Aldemar Manchola y Luis Fernando Vargas quienes eran funcionarios de la Fiscalía; Otto Ruiz Pérez miembro del DAS, delegado ante el Gaula del Ejercito; y del Mayor Juan Carlos Figueroa, el Sargento Ricardo Ruperto Guarnizo, los soldados Jorge Alonso Arévalo, Artidoro Vasallo, Aldier Castro y José Luis Castro. Otros 14 integrantes de la delegación oficial resultaron heridos.

Por estos hechos, que ocurrieron a tan solo tres meses de la masacre de Mapiripán, se encuentran condenados a 40 años el jefe paramilitar de los Buitragueños, Héctor Buitrago, y a 38 años, sus hijos, Héctor Germán Buitrago Parada y Nelson Orlando Buitrago Parada.

Y es que la masacre de San Carlos de Guaroa tuvo como contexto la consolidación del paramilitarismo bajo el mando de alias “Martín Llanos” con apoyo de la fuerza pública.

En el año 2002 la Fiscalía vinculó al General Uscátegui y al Coronel Molano por omisión al no haber atendido el clamor de urgencia del Mayor Figueroa. La Fiscalía 101 especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, decidió precluir la investigación a favor del Coronel Molano y el General Uscátegui.

Video conmemoración 15 años de la masacre – 2012

General Uscátegui a indagatoria por Masacre San Carlos de Guaroa en 2012

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por la Fiscalía 68 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá el 16 de mayo de 2015, que decidió revocar la decisión de preclusión a favor del Coronel Molano, pero se declaró incompetente para pronunciarse sobre la preclusión de la investigación sobre el General Uscátegui por tener este fuero constitucional.

El 23 de diciembre de 2015, el Fiscal General de la Nación negó el reconocimiento de tal fuero argumentando: “Así las cosas, el presunto comportamiento omisivo que se cuestiona al BG Uscátegui Ramírez (r) no guarda relación alguna con los fines del Estado o con la función pública que le correspondía ejercer como General del Ejército Nacional y Comandante de la Séptima Brigada. Por el contrario, se aparta en extremo de los deberes del cargo siendo claro que si se trata de conductas privadas, delitos comunes, crímenes de lesa humanidad y particularmente conductas que atenten o lesionen gravemente los derechos humanos como ocurrió en el presente caso, el servido en retiro no puede estar amparado por fuero constitucional para ser investigado por el Fiscal General de la Nación. (Subrayado fuera de texto)

Esta decisión previa fue el sustento de la solicitud ante la Fiscalía de reconocer el crimen como de lesa humanidad, tal y como lo había tipificado la misma Fiscalía al negar el fuero constitucional al general Uscátegui.

El 12 de enero de 2016, la Fiscalía 68 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, en consecuencia revocó la preclusión extraordinaria a favor del General Uscátegui Ramírez y, compulsó copias para que se investigue al General Agustín Ardila Duarte, quien era el superior del General Uscátegui, con quien viajó a San Vicente del Caguán a sabiendas del ataque de que era víctima la comisión judicial.

La declaratoria de crimen de lesa humanidad por parte de la Fiscalía 67 tiene un impacto importante dentro del desarrollo de la investigación, ya que el caso no prescribe ni tampoco puede ser objeto de amnistías o indultos, lo que se espera que contribuya a desentrabar el proceso donde no ha habido avances significativos en establecer cuál fue la responsabilidad de los militares.

El Cajar deplora la impunidad con la que aún se cubre a los generales presuntamente responsables de la omisión que facilitó la masacre de la Comisión judicial, extiende su solidaridad a las víctimas y reitera su llamado a la Fiscalía General para que se avance en la imputación de la responsabilidad penal a todos los responsables de estos terribles hechos.

Nota de prensa Noticias UNO