Foto: Razón Pública
- La Corte Constitucional reconoció la falta de respeto a la jerarquía y el orden de prelación establecidos en el Acuerdo Final de Paz, así como la omisión del enfoque de derechos humanos y respeto al ambiente en los operativos de erradicación forzada.
- Además, el estamento emitió órdenes para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno en la implementación del PNIS.
Bogotá, 13 de diciembre de 2023. El Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) celebra el histórico fallo de la Corte Constitucional que respalda de manera contundente los derechos fundamentales de las comunidades campesinas y étnicas de los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Norte de Santander afectados por operativos de erradicación forzada y por los incumplimientos del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Vale la pena destacar que esta decisión se da tras la constatación del incumplimiento del punto 4 del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP en dichos departamentos.
Para el Cajar estas medidas judiciales, que reconocen el cumplimiento de los Acuerdos de Sustitución por parte del campesinado, ponen de presente la gravedad de los incumplimientos en la implementación del PNIS y del Acuerdo Final de Paz y establecen un límite claro a los operativos de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito. Ante esto, hace un llamado a todas las entidades involucradas a dar cumplimiento a lo ordenado por la Corte Constitucional para garantizar y afianzar la paz territorial.
“La Corte Constitucional, al evaluar la situación, reconoció la falta de respeto a la jerarquía y el orden de prelación establecidos en el Acuerdo Final de Paz, así como la omisión del enfoque de derechos humanos y respeto al ambiente en los operativos de erradicación forzada. Además, señaló conductas de la Fuerza Pública basadas en la estigmatización de la población campesina, evidenciando violaciones a los derechos humanos en estos procedimientos,” afirmó Rosa Mateus, abogada del Cajar.
Agregó la abogada que la Sentencia destaca que las vulneraciones a los derechos humanos se basaron en actuaciones administrativas que restaron valor jurídico a los Acuerdos Colectivos firmados por diversas comunidades en todo el país: “La Corte concluyó que los acuerdos colectivos son vinculantes para las partes, derivando del cumplimiento de buena fe de lo pactado en el Acuerdo Final de Paz.” Afirmó Mateus.
Es de resaltar que, ante la deficiente implementación del PNIS en los departamentos mencionados, la Corte identificó un déficit presupuestal, incumplimientos en la ejecución del programa, la suspensión y retiro de beneficiarios sin garantías al debido proceso, la ausencia de un enfoque étnico en la ruta de vinculación al PNIS y un riesgo para la vida de los líderes que promovieron la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
En este sentido y como parte de sus medidas, la Corte emitió órdenes para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno en la implementación del PNIS y subrayó la importancia de contemplar de manera prioritaria la sustitución voluntaria, con un enfoque étnico, respetando los derechos humanos y la protección del ambiente. También determinó mantener la suspensión de operativos de erradicación forzada en territorios con acuerdos colectivos donde no se agotó previamente la sustitución voluntaria.
Finalmente, la Corte Constitucional emitió directrices a la Fuerza Pública para evitar señalamientos públicos que induzcan a error y estigmatización de las comunidades campesinas. Además, se hicieron recomendaciones a la UNP y la ART para garantizar la seguridad de los líderes y participantes del PNIS.