#NadiePorEncimaDeLaJusticia

Han pasado más de veinte años desde aquel 25 de mayo del 2000, cuando la periodista Jineth Bedoya Lima fuera privada de su libertad, torturada y violentada sexualmente por paramilitares que obraron en complicidad con agentes del Estado, mientras aguardaba para ingresar a realizar una entrevista en la cárcel La Modelo de Bogotá, a la que regularmente acudía en el marco de una investigación sobre atroces hechos ocurridos al interior de este establecimiento. Anteriormente, Jineth Bedoya y su madre ya habían sido víctimas de amenazas y de un atentado que no fue investigado, y no se les había otorgado protección pese a presentar solicitudes reiteradas para ello. Lo que Jineth Bedoya sí obtuvo de la justicia colombiana son un constante silencio, impunidad y revictimización. Por eso este caso llegó a la justicia internacional y hoy es juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 

Durante la audiencia del juicio, que se inició el pasado 15 de marzo, en un hecho sin precedentes el Estado colombiano se enfrentaba al primer caso de violencia sexual que lo llevaba ante la Corte IDH. En el desarrollo de la audiencia, y después de un desgarrador relato de Jineth Bedoya como víctima, la representación del Estado decidió retirarse alegando que no contaba con garantías para continuar, recusó a cinco de los seis jueces, solicitó la nulidad de lo actuado y, por último, solicitó excluir las preguntas realizadas por la jueza y los jueces de la Corte. 

Así, después de un largo camino recorrido por la víctima para obtener justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición para ella y miles de víctimas de hechos similares, el Estado decidió darle la espalda una vez más y, como una salida totalmente errada, ofreció una solución amistosa que asumió como una oportunidad para garantizar un simple perdón y olvido que, lejos de satisfacer los derechos de las víctimas, atacó su dignidad y generó una nueva revictimización. 

Con esta actitud, ampliamente repudiada por las organizaciones de mujeres, feministas y de derechos humanos, el Estado colombiano dejó clara su postura de desconocimiento de todas las obligaciones internacionales en materia de derechos de las mujeres: respetar, proteger y garantizar el derecho humano de toda mujer a vivir una vida libre de violencias, y actuar diligentemente, investigar, juzgar y sancionar a los responsables de su comisión. 

Después de este vergonzoso y revictimizante acto de la representación del Estado colombiano, la Corte IDH determinó que las solicitudes eran improcedentes, que su composición se mantendría y que la audiencia continuaría los días 22 y 23 de marzo. En esos dos días el Estado reconoció la responsabilidad internacional por las fallas en el sistema judicial por no haber realizado una investigación penal digna, por lo cual pidió perdón a la víctima. En particular, pidió perdón por las doce oportunidades en las que Jineth Bedoya declaró ante la justicia colombiana, así como por no investigar ante las denuncias presentadas con ocasión de las amenazas, y por el daño que estos sucesos le ocasionaron. 

Al momento de reconocer su responsabilidad, el Estado no tuvo en consideración todas las violaciones de derechos humanos sufridas por Bedoya, en especial la privación de la libertad, la tortura y la violencia sexual que sufrió, la impunidad que el mismo Estado ha garantizado pese a las exigencias de Jineth Bedoya y de su madre, o las amenazas y hostigamientos contra ellas que persisten hasta la actualidad. 

Este reconocimiento reducido y tardío de responsabilidad careció de propuestas de acciones concretas y conllevó la revictimización de Jineth Bedoya, quien destacó la inexistencia de un protocolo que verdaderamente les permita a las víctimas de violencia sexual acceder a la administración de justicia y, que la Fiscalía General de la Nación como testigo, presentó como perfecto, completo y adecuado para estos casos. Jineth Bedoya fue enfática en destacar el papel determinante de la Corte IDH en esta oportunidad, pues tendrá en sus manos la posibilidad de determinar unos estándares precisos a nivel regional frente a la violencia que sufren las mujeres periodistas. 

No podemos obviar que el Estado ha desconocido todo tipo de obligaciones, derechos y garantías para las víctimas en este proceso, lo que también se ha convertido en un fuerte ataque a otras miles de mujeres víctimas quienes, estando en el plano judicial, aún no ven garantizados sus derechos por la ausencia de una perspectiva de género, de mecanismos eficaces y por la misma violencia que las instituciones y sus funcionarios ejercen en su contra. Mientras tanto, muchas otras víctimas aún guardan silencio temerosas de denunciar ante un Estado que no tiene reparo en mantener un pacto de impunidad. 

No cabe duda de que la maniobra desplegada por los representantes del Estado frente a la Corte IDH es, además, una muestra de ese discurso contradictorio que entraña unos crudos y dolorosos antecedentes de irrespeto, descrédito, amenazas y ataques contra sus propios funcionarios judiciales. Esta vez el ataque se ha trasladado un escenario internacional, al que previamente han concurrido el Estado y las víctimas, cuya actuación buscaba mantener viva la humanidad que debe encarnar la justicia y a quienes la administran -jueces- para con las víctimas, y que no implica en ningún momento desconocer las garantías de los sujetos procesales. 

En esta ocasión, el gobierno de Iván Duque, a través del director de la Agencia Jurídica de Defensa del Estado, Camilo Gómez Alzate, ha reafirmado que poco o nada le interesa respetar la independencia y la autonomía de los jueces y tribunales que imparten justicia en el territorio nacional o en instancias internacionales. Lejos de parecer algo extraño e inusual, esta actuación hace parte de una extensa lista de ataques contra la independencia judicial, que empieza a convertirse en una práctica generalizada. 

Cabe resaltar que Colombia aceptó la competencia de la Corte IDH el 21 de junio de 1985 y desde entonces ha sido juzgado por la misma en repetidas ocasiones, ha sido declarado responsable y, en consecuencia, ha debido reparar a las víctimas, adecuar su ordenamiento jurídico nacional y reafirmar un cumplimiento genuino y verídico de las obligaciones derivadas de tratados internacionales de los cuales es parte. Sin embargo, el mismo Estado cuestiona sistemáticamente estas obligaciones, aun cuando el gobierno nacional manifiesta constantemente frente a la comunidad internacional su supuesto compromiso con el respeto, protección y garantía de los derechos humanos. 

Frente a la gravedad de todos estos hechos, nos movilizamos y levantamos nuestras voces para exigir que la justicia -en todo ámbito- sea respetada, que pueda actuar libre de ataques y señalamientos que pongan en tela de juicio su independencia y su rol de protección y garantía de los derechos humanos de las víctimas, en particular cuando estos son desconocidos por los mismos Estados. 

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