El presidente Iván Duque ha atacado una vez más la independencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y con ella la de todo el poder judicial, esta vez a propósito de la histórica decisión de dicha jurisdicción de imputar a los miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC EP crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en el marco del proceso 01“Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad” producida el 28 de enero de 2021. 

El 6 de febrero siguiente el presidente afirmó en alocución pública que “la construcción de una genuina paz implica que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad deben tener sanciones proporcionales y efectivas. Y, también, garantizar aún entendiendo la figura de la transicionalidad, que quien es sancionado por crímenes de lesa humanidad no puede revictimizar a quienes ha flagelado ostentando poder político. Y sobre todo en las más altas cumbres del poder legislativo. Hacer estas reflexiones son necesarias (sic) pensando en el presente y en el futuro, porque hemos visto recientemente imputaciones que algunos llaman valientes. Son imputaciones necesarias, lo que es valiente es la sanción proporcional y efectiva la que esperamos todos los colombianos”, en una clara alusión no solo al proceso mismo sino intentando indicar el tipo de sanción que debería ser impartida por la JEP, en un evidente hecho de intromisión y presión política contra dicho tribunal.

Es importante recordar que la división de poderes y el respeto por la independencia del poder judicial son condiciones sine qua non para la existencia de la democracia y la materialización del Estado de derecho consagrado en la Constitución de 1991. Tales condiciones nos dan a las y los ciudadanos, entre otras cosas, la garantía de ser juzgados de acuerdo a un marco legal vigente y no según los designios de sectores poderosos o de los mandatarios de turno; y a los jueces, las garantías necesarias para aplicar la ley de acuerdo a criterios estrictamente jurídicos y tomar decisiones que deben ser respetadas por todos los ciudadanos, entre ellos especialmente el Presidente de la República.

Por lo anterior, la campaña por la independencia judicial acompaña y respalda las palabras del presidente de la JEP, doctor Eduardo Cifuentes, cuando plantea que “No es competencia del presidente @Ivan Duque instruir a la JEP sobre cómo debe sancionar a los imputados de las FARC. Las sanciones que en su momento impondrá autónomamente la JEP, son las que consagra la Constitución y la Ley. Si no fuera así no habría Estado de Derecho”

Es preciso destacar la juiciosa labor adelantada por la JEP en el marco del caso 01 en el cual se investigan más de nueve mil hechos ocurridos entre 1993 y 2012 que pueden haber dejado alrededor de veinte mil víctimas, de las cuales dos mil cuatrocientas cincuenta y seis han sido formalmente reconocidas en el proceso luego de un amplio proceso de audiencias regionales y nacionales realizado con su participación. Esto constituye un ejemplo de una actuación rigurosa que da voz a las víctimas. Lo dicho por el Presidente Duque es una afrenta a ellas y al derecho que tienen de obtener justicia de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política y sin injerencias prepotentes, abusivas e ilegales.

Tanto ha avanzado el proceso 01 que los miembros del antiguo secretariado de las extintas FARC – EP hoy imputados expresaron en un comunicado público emitido el 18 de febrero de 2021 que asumirán su responsabilidad  afirmando que “el reconocimiento de nuestras responsabilidades y de otros actores es fundamental para garantizar la no repetición de los hechos que nos llevaron a un conflicto social y armado de más de 50 años”  hecho que junto al enorme trabajo adelantado en este caso por las víctimas y la JEP, les permite a las y los colombianos tener esperanzas fundadas en la materialización de justicia, en la obtención de verdad y garantías de no repetición frente a un fenómeno que causó tanto dolor y sufrimiento como el secuestro.

Así mismo, la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y determinación de hechos y conductas de la JEP acaba de emitir un Auto, en el marco del caso 03, donde anunció la forma como va a investigar los casos de ‘falsos positivos’ registrados en el país, y reveló la escalofriante cifra de 6.402 asesinatos de civiles presentados como bajas en combate entre 2002 y 2008. Sin duda se trata de verdades que la sociedad colombiana empieza a enfrentar, como producto del esfuerzo de las víctimas y del trabajo de la Justicia Transicional. 

Vale la pena recordar que los ataques contra la JEP por parte del Presidente Duque, su Gobierno y su partido, han sido reiterados. Los intentos de modificación de su mandato y de sus instancias a través de un proyecto de acto legislativo, las dilaciones en la sanción de la ley estatutaria que reglamenta su funcionamiento, el empeño de asfixiarla financieramente mediante recortes presupuestales y los continuos pronunciamientos en su contra  son parte de esta grave realidad que afecta no solo la independencia judicial sino también la plena implementación del acuerdo final de paz firmado por el Estado colombiano.

Desde la campaña por la Independencia Judicial instamos al Gobierno nacional a que cese las hostilidades contra la Jurisdicción Especial para la Paz y permita que esta cumpla con las funciones que le asigna la Constitución, coopere con ella en medio del principio de la colaboración armónica de los poderes y que, como le corresponde a un jefe de Estado, mediante su ejemplo y su palabra llame al conjunto de las y los colombianos a rodear y acompañar la vital labor que adelantan la JEP y el conjunto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Suscriben,

Plataformas de Derechos Humanos

  1.           Coordinación Colombia Europa Estados Unidos
  2.           Alianza de Organizaciones Sociales y Afines
  3.           Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo.

Organizaciones

  1. Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda
  2. Comisión Colombiana de Juristas
  3. Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-
  4. Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
  5. Viva la Ciudadanía
  6. Asonal Judicial S.I.
  7. Colombia Human Rights Committee
  8. Corporación Reiniciar
  9. Fasol
  10.   Grupo Litigio Estratégico UIS
  11.   ANDAS – Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, Capítulo Huila
  12.   ASAMBLEA PROVINCIAL CONSTITUYENTE DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO
  13.   Asociación MINGA
  14.   Asociación red de mujeres víctimas y profesionales
  15.   Asojuntas Comuna 10 Estación Gutiérrez Dosquebradas Risaralda
  16.   ASOMUDEM
  17.   Campaña Internacional por la Defensa de las Cortes y la Democracia
  18.   Ciudadanías por la Paz de Colombia
  19.   Colombia humana saint HYACINTHE
  20.   Comunal
  21.   Conciliadores En Equidad
  22.   Convergencia Internacional -NY
  23.   Corporación Conciudadanía
  24.   Corporación Cultural para el desarrollo Arlequín y los Juglares
  25.   CPDH Colombia
  26.   DESDE ADENTRO Grupo Socio Cultural
  27.   Escuela Derecho Propio Laureano Inampues
  28.   FCSPP Atlántico
  29.   Foro Nacional por Colombia
  30.   Fundación víctimas de estado desaparición Forzada ddhh (FVEDFDH)
  31.   JAC Olarte
  32.   MOVICE Meta
  33.   MOVIMIENTO NACIONAL DE VÍCTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADO-MOVICE
  34.   Polo Democrático Alternativo
  35.   Red De Mujeres Nodo Caldas
  36.   Sintraime la jagua
  37.   Sintravidricol
  38.   Vamos Cundinamarca

Personas

  1. Adriana María Diosa Colorado, Corporación Cultural para el desarrollo Arlequín y los Juglares
  2. Ana Aracelly Hoyos Gómez, Ciudadanía
  3. Andrea Toro, Colombia humana
  4. Anton Castro, Partido FARC
  5. Beatriz Durango Hernández, Ciudadanía
  6. Blanca Valdelamar Navarro, Conciliadores En Equidad
  7. Boris Orjuela, Colectivo OFB
  8. Carlos Arturo Correa Páez, Ciudadanía
  9. Claudia Campo Cisneros, JAC Olarte
  10.   Cristian Oswaldo Quintero Rincon, Vamos Cundinamarca
  11.   Diana Sánchez Lara, Asociación MINGA
  12.   Eduardo Bustamante, Asamblea Provincial Constituyente Del Oriente Antioqueño
  13.   Enrique Rico, Docente Pensionado
  14.   Fernando Matamoros Castiblanco, Ciudadanía
  15.   Jairo Alberto Guerrero Davila, Escuela Derecho Propio Laureano Inampues
  16.   Jesus Rodriguez De Las Salas, Sinproseg
  17.   José David Ortega Ruiz , ASCSUCOR
  18.   Joselito Rojas Rico, Asonal Judicial S.I.
  19.   Juan Sebastián Quintero Cabrera , Universidad Nacional
  20.   Julia De Castro Andrade, Ciudadana
  21.   Julio Cesar Bonilla Mosquera, Líderes Barriales
  22.   Leidy Jhoana Dávila Cano, Universidad de Antioquia
  23.   Leonor Cortés Bolívar , Colombia Humana
  24.   Luisa Antonia Serrano Gómez , Persona
  25.   Luisa María Muñoz López, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
  26.   Luz Mery Velasquez Carmona , DESDE ADENTRO Grupo Socio Cultural
  27.   Maria Cecilia Lozano, ASOMUDEM
  28.   Maria Cepeda Castro, Vamos Por Los Derechos Internacional
  29.   Maria Jesus Cedeño Sarmiento, FCSPP Atlántico
  30.   Maria Teresa Muñoz , Foro Nacional por Colombia
  31.   Martha Rincón, Colombia humana saint HYACINTHE
  32.   Maureén Maya, Piero x la paz
  33.   Mildreth Solandy Hernández Rodríguez, Juventudes Unidas por la Sostenibilidad del Planeta
  34.   Natalie Callejas, NA
  35.   Nívea Esperanza Dorado Guerrero, Independiente
  36.   Nixa Wguerddy Triana Balaguera, UNAL
  37.   Ramiro Antonio Sandoval, Convergencia Internacional -NY
  38.   Rosario Montoya Hoyos, Ceac
  39.   Saúl Felipe Malagón Maldonado, Cajar
  40.   Sonia Racines Velásquez, Comunal
  41.   Stella Cano, Escuela de Paz Eje Cafetero
  42. Victoria Sandino Simanca Herrera, Senadora Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común
  43.   Vilma Gutiérrez Mendez, MOVICE Meta
  44.   Wilfer Antonio Vergara García, Realizador radial Emisora Cultural U deA
  45.   Willman Parraci Peña , ANDAS – Asociación Nacional de Ayuda Solidaria, Capítulo Huila
  46.   Wilson Borja Díaz, Polo Democrático Alternativo
  47.   Wilson Montoya Castro, Sintravidricol
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