Bogotá, agosto 18 de 2021
La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, plataforma que aglutina 285 organizaciones sociales y de derechos humanos rechazamos las innumerables expresiones de afrenta a la verdad, negacionismo y escarnio a los esfuerzos de esclarecimiento realizados por las víctimas y la supeditación intencional con irrespeto agregado a la Comisión de la Verdad, a las instituciones del Sistema Integral de Verdad y Justicia y a la persona misma de los integrantes de la Comisión que encarna la majestad de la construcción y esclarecimiento de la verdad perpetradas por ex senador y jefe de la coalición de gobierno, Álvaro Uribe y uno de sus hijos, en la sesión realizada el 16 de agosto en su hacienda en Rionegro (Antioquia).
Las expresiones de justificación de las atroces crímenes conocidos como “falsos positivos”, presentándolos como meros “errores” o conductas de las que no sabía que se habían presentado, dado que fue engañado por los militares, constituyen una ofensa a la verdad histórica y un escarnio a la dignidad de las víctimas que esperaban que, el máximo responsable al mando de quienes perpetraron estas atrocidades, hiciera reconocimiento de la crueldad de dichas conductas y la responsabilidad por tales prácticas genocidas cometidas por las tropas bajo su mando, e indicara las medidas con las que debe concretar la reparación de las víctimas de estos crímenes.
No fueron unos cuantos errores en los casos de Soacha y Cajamarca como lo mencionó en su monserga el jefe máximo, sino una política sistemática de exterminio en la que “aproximadamente 6.402 personas fueron muertas ilegítimamente para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional” entre los años 2002 y 2008, en los que el señor Uribe se desempeñó como presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, como lo ha constatado la Jurisdicción Especial para la Paz[1]. Dicho órgano de justicia transicional ha podido comprobar también que “estos hechos no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos “en combate»[2].
Tan grave como la justificación de las conductas que derivaron en la perpetración de esas miles de ejecuciones extrajudiciales fue su justificación de las prácticas y el dominio del terror paramilitar que se expandieron a nivel nacional desde su desempeño como gobernador de Antioquia, a partir de su política activa de promoción de las asociaciones “convivir” que fueron la base de la expansión y consolidación del proyecto paramilitar tal y como lo han confesado diversos jefes de esas estructuras paramilitares. El desconocimiento del genocidio implementado por el paramilitarismo desde esa época hasta la actualidad y la justificación de su accionar debido “al momento en que se produjo”,
según expresión del ex senador, dejan en evidencia que no se arrepiente del apoyo otorgado al accionar del paramilitarismo, y tampoco está interesado en que se lleva a cabo el desmonte de sus estructuras criminales, -como tampoco lo está el gobierno que controla a distancia desde su hacienda-, pues en su monólogo ante el presidente de la Comisión de la Verdad, dejó también claro que, además de no reconocerle legitimidad a las instancias derivadas del acuerdo de paz, manifestó su postura contraria a los compromisos del mismo acuerdo, poniéndose así, en contra del orden constitucional que todos los ciudadanos estamos obligados a acatar en un Estado de Derecho.
Las deshonrosas condiciones impuestas por el jefe de la coalición de gobierno para permitirle a la Comisión de la Verdad escuchar su justificación exculpatoria, evidencian la situación de quien se ubica por encima y al margen del orden constitucional, de cuyas disposiciones constitucionales para la transición a la paz declara no acatar su mandato. En estas condiciones, resulta difícil de entender para las víctimas de la criminalidad estatal ocurrida bajo los mandatos del convocante a la exhibición aludida, que la Comisión de la Verdad sea sometida a los requisitos de quien solo pretendía reforzar la justificación de los procesos genocidas y la exculpación de su notoria participación en la dirección y determinación de los factores que los han hecho posibles. Ello por cuanto, previo al “encuentro” y durante el mismo, el convocante de los monólogos manifestó su desconocimiento de la legalidad de la Comisión de la Verdad y de las demás instituciones a las que la Constitución encomienda la cimentación de la paz. Esto debió ser tenido en cuenta por la CEV, pues ésta, además de tener el encargo del proceso de esclarecimiento de la verdad, está al cuidado de que en este proceso no se menoscaben las condiciones que permitan que la propia Comisión ser utilizada con propósitos exculpatorios por parte de victimarios interesados en difundir sus sinrazones y mucho menos, imponer una narrativa amañada que vuelve a ofender la memoria histórica sobre las atrocidades, que por su ejercicio de poder, han tenido que padecer las víctimas.
En un Estado de Derecho, lo ético es que quienes tienen que rendir cuentas por su conducta en el contexto de violencias prolongadas, acudan a las instituciones creadas por el Estado para el tránsito hacia la justicia, la verdad y la paz y no al revés. Los ciudadanos que aún no se someten al orden constitucional deben ser llamados a deponer su persistencia en prácticas y discursos victimizantes, y hacer el tránsito hacia su acatamiento pleno al orden constitucional acordado para dicho tránsito. No deberían las instituciones hacerles la concesión de someterse a sus arrogantes imposiciones, cuando ello, además, implica concederles el privilegio de la puesta en escena con toda la simbología física y política que acompañaron su comportamiento ilegal durante tantos años de violencia genocida, lo cual también se convierte en una afrenta para las víctimas.
La Comisión de la Verdad al hacer el esfuerzo de cuidar la verdad enunciada por sus interlocutores, también lo debe hacer sobre los espacios y condiciones performativas en que estas verdades son enunciadas y se correspondan con las voluntades genuinas de aporte a la verdad transformadora y reparadora de los daños causados. Esto significa, que, a pesar de su carácter extrajudicial, las versiones ante la CEV no deben colocar a sus miembros en posiciones de inferioridad performativa, sino en escenarios que releven la majestad de la institución, manteniendo en todo momento la competencia de la CEV en su capacidad de conducir la interlocución, preservando las condiciones para una búsqueda proactiva de una verdad que resalte la dignidad y buen crédito de las víctimas. Tampoco se debería permitir en tratos que habiliten a uno de los miembros como primus Inter pares y desconozca o invisibilice con desprecio la dignidad de los otros/as, con arrogancia y silenciamiento misógino y racista de los demás integrantes de la Comisión.
La capacidad de oponerse desde un inicio o de poner fin al curso de estos diálogos cuando deriven en reiteradas exhibiciones revictimizantes, son exigencias a las que la Comisión no debería nunca renunciar en su ejercicio de preservar el respeto de la centralidad de las víctimas. Por el contrario, la Comisión con firmeza debe procurar la exigencia de omisión de las expresiones de sorna o cinismo hacía la propia institución y a las demás instituciones del Estado de Derecho y el respeto debido a las propias reglas de una interlocución en la cual tema tratado, i.e. los derechos de quiénes han sido vulnerados por millones en su dignidad esencial, merezcan el máximo grado de consideración y humildad. De no acatarse ese ambiente de respeto y humildad elemental, se terminaría por cederle a los victimarios un escenario de justificaciones que prolonga en su discurso la victimización y revictimización en su prolongado ejercicio de poder.
La CCEEU apoya con toda decisión el esfuerzo de la Comisión de la Verdad por esclarecer la verdad y las responsabilidades de todos quienes, en el pasado, y aun en el presente, han desatado procesos masivos de victimización en el ya largo proceso genocida que viene padeciendo la sociedad colombiana. Por ello justamente, reclamamos que su labor se dé en un ambiente de respeto a los procesos de construcción de la verdad, a las instituciones de transición a la paz y del respeto básico a la dignidad de las víctimas, y sin escenificaciones abusivas para justificar el accionar de parte de quienes han tenido la mayor responsabilidad en una extensa sucesión de conductas y abusos de poder, traducidas en la prolongada violencia del país, que pareciera no tener fin.
Contactos:
Mesa Ejecutiva 310 5618591 / 321 4619190
Notas:
[1] Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de determinación de los Hechos y Conductas. Auto 033 de 2021. 12 de febrero de 2021.
[2] Jurisdicción Especial para la Paz. Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. Auto 125 de 2021. 2 de julio de 2021
PRONUNCIAMIENTO CCEEU Ultrajes a la CEV y a la Memoria de las Victimas
