El Colectivo y sus cuarenta años de lucha por los derechos

El Colectivo y sus cuarenta años de lucha por los derechos

Se me asignó la tarea de tramitar la personería jurídica del CAJAR ante la Alcaldía de Bogotá. En los estatutos puse que uno de los objetivos era la defensa de los presos y perseguidos políticos, nos negaron la personería porque el presidente Turbay Ayala negaba la existencia de los presos políticos en el país, al manifestar que “el único preso político soy yo”.

Cuando se realizó el Paro Cívico Nacional el 14 de septiembre de 1977 en la administración de Alfonso López Michelsen, laboraba en la Superintendencia Bancaria como asesor del director de control del Banco de la República. Presencié el paro desde esa entidad y en horas de la tarde, caminé del centro de Bogotá, en compañía de mucha gente, hasta al norte de norrte donde vivía. No había ningún medio de transporte disponible, la ciudad esta paralizada.

Para acallar la protesta social y el ascenso de la lucha guerrillera, por exigencia del establecimiento, se expidió el Estatuto de Seguridad de 1978 en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, antecedente importante del modelo de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que restringió las libertades y los derechos fundamentales de la población. Las torturas y las violaciones graves de los derechos humanos en la Escuela de Caballería en Bogotá y en el resto del país, eran pan de cada día; el juzgamiento de civiles por parte de los militares se volvió una práctica común a través de los Consejos Verbales de Guerra, llenándose las cárceles de Colombia de presos y perseguidos políticos.

El despido de empleados y trabajadores se generalizó en las dependencias del Estado. Como respuesta, algunos empleados de la Superbancaria decidimos organizarnos en un sindicato para defender nuestro derecho al trabajo y el de asociación. La mayoría de sus integrantes fueron despedidos injustamente. Decidí renunciar y vincularme al equipo de abogados de la Asociación Nacional de Profesionales, Asonalpro. Luego, algunos de sus integrantes creamos el Colectivo de Abogados, CAJAR en 1978.

Se me asignó la tarea de tramitar la personería jurídica del CAJAR ante la Alcaldía de Bogotá. En los estatutos puse que uno de los objetivos era la defensa de los presos y perseguidos políticos, nos negaron la personería porque el presidente Turbay Ayala negaba la existencia de los presos políticos en el país, al manifestar que “el único preso político soy yo”. Como teníamos que conseguir la autorización legal para funcionar, quité de los estatutos dicho objetivo, aunque en la práctica desarrollábamos es función, y fue así como obtuvimos la personería en 1980.

En la década de los 70 splo existían en Colombia cuatro organizaciones defensoras de los derechos humanos, el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) creado por la Compañía de Jesús en 1972; el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, CSPP fudado en 1973 por organizaciones sindicales de educadores, usuarios campesinos, obreros, trabajadores bancarios, el escritor Gabriel García Márquez y Enrique Santos Calderón; el Comité Permanente de los Derechos Humanos CPDH, creado en 1979 creado por Gabriel García Márquez, el maestro Gerardo Molina, el excanciller Alfredo Vásquez Carrizosa, el médico Héctor Abad Gómez y el dirigente del Partido Comunista Gilberto Vieira, entre otros y, el Colectivo de Abogados, creado por Eduardo Umaña Luna, Eduardo Umaña Mendoza, Eduardo Carreño Wilches y el suscrito, entre otros, en 1978.

La defensa de presos y perseguidos políticos acusados de pertenecer a los distintos grupos guerrilleros de la época, la aprendimos con el ejercicio profesional en la jurisdicción penal militar. Esta situación se prolongó hasta 1987 cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el juzgamiento de civiles por parte de militares.

En esa época no se enseñaban los derechos humanos en las universidades colombianas, los aprendimos en la casuistica de graves violaciones cometidas por agentes del Estado y en algunos talleres dictados por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos IIDH. Aprendimos mucho de la experiencia de Amnistía Internacional Londres, que nos acompañaba en las denuncias y apoyaba de manera solidaria en nuestro trabajo.

La comunidad de derechos nacional e internacional siguió su proceso de construcción en los 80 y 90 con la creación de varias organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, ONG, organizaciones de víctimas y de la sociedad civil. Varias de ellas se aglutinaron en el Grupo de Trabajo Internacional, GTI, que dio paso a la Coordinación Colombia Eruropa–Estados Unidos, como también en la Plataforma de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC como referentes de otros espacios de ONG en Europa y Estados Unidos, para desarrollar un trabajo ante la ONU y el Sistema Interamericano de Derechos SIDH (Comisión y Corte IDH), los Estados y la Corte Penal Internacional.

En la actualidad hago parte del equipo internacional del Colectivo que lleva muchos casos estratégicos y medidas cautelares ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos, como por ejemplo el caso del exalcalde Gustavo Petro Urrego para proteger sus derechos políticos, la democracia y los derechos fundamentales de él y sus electores en la Corte IDH, y el caso del Cajar por los hostigamientos, amenazas del DAS contra sus integrantes y sus familias en la Comisión Interamericana con el fin de elevar el estándar jurisprudencial para las defensoras de los derechos humanos en Colombia y el resto del continente.

Rafael Barrios Mendivil
Miembro Fundador Cajar

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