de la Universidad Libre de Colombia. Cuenta con amplia experiencia en investigación y litigio nacional e internacional, con importantes logros en la defensa de personas perseguidas políticas y justicia a favor de las víctimas en casos como las masacres del 16 de mayo de 1998, el 28 de febrero de 1999, Trujillo, Mapiripán y La Rochela, en casos de violaciones a los derechos humanos durante la retoma del Palacio de Justicia, y en casos de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de sectores populares presentados como combatientes caídos. Eduardo Carreño también participó del proyecto Colombia: Nunca Más que sistematizó violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1966 y 1999. Ha sido docente de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja, y de la maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Industrial de Santander. Como integrante del Cajar, recibió el premio de la Asociación Pro derechos Humanos de España y fue nominado al Premio Defensores en la categoría Toda una vida.

  de Vicepresidenta del Cajar, cargo que ya había ocupado entre 2004 y 2005.Cuenta con amplia experiencia en la asistencia, asesoría y representación jurídica a sectores sociales, populares y víctimas de violaciones de los derechos humanos para que se garanticen los derechos de las víctimas en casos como las masacres de Nueva Venecia, Caloto y La Sarna, el asesinato del registrador Juan Alejandro Plazas Lomónaco y el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas. En abril de 2006, en la ciudad de Nueva York, fue galardonada con el premio “the ABA International Human Rights Lawyer Award,” como reconocimiento al trabajo de los defensores de derechos en diferentes lugares del mundo “The American Bar Association” es la mayor asociación mundial de profesionales de la abogacía en EEUU y cuenta con más de 400. 000 miembros y presta apoyo legal y académico a abogados y jueces en su trabajo por la defensa del Estado de Derecho y la Democracia. Así mismo fue postulada en el añ0 2006 al premio a la defensa de DH otorgado por Front line defenders Ocupó el cargo de vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos para las Américas entre 2007-2013. La FIDH reúne a más de 184 organizaciones de DH, de 112 países del mundo. Fue elegida en el 2016 como delegada del nodo centro al Comité Operativo, de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos y es vocera política de esta plataforma. Actualmente coordina el eje de construcción de paz al interior del Cajar. Desde el año 2003, junto con otras organizaciones impulsó el proceso organizativo del Movimiento de víctimas de crímenes de estado -MOVICE-, realizando un trabajo permanente en procesos de formación y fortalecimiento organizativo de sus capítulos regionales, impulso a sus estrategias de lucha contra la impunidad y acciones jurídicas para la defensa de sus derechos. En el año 2017 fue designada por las plataformas de derechos humanos y paz para integrar el Consejo Asesor de la Defensoría del pueblo, creada mediante la ley 24 de 1992 y la resolución No. 229 del 2017 de la Defensoría del Pueblo, instalado el 6 de junio del 2017 por el defensor del pueblo. Esta delegación fue ocupada hasta diciembre del 2019. Para esa misma fecha fue elegida como comisionada suplente a la Comisión asesora creada en virtud del punto 5.2.3 del Acuerdo Final de paz y que tuvo vida jurídica a través de resolución de la Defensoría del Pueblo No. 519 de abril/2019 que tiene como funciones asesorar y hacer recomendaciones al Gobierno Nacional e instituciones del Estado sobre políticas, planes y programas de derechos humanos y paz, e impulsar y hacer seguimiento al plan nacional de derechos humanos, entre otras funciones.

Defensora de derechos humanos, vinculada desde el año 1992 a la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, se ha especializado en la presentación de demandas contra el Estado Colombiano por la responsabilidad de sus agentes en homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y otras graves violaciones a los derechos humanos, buscando y obteniendo en algunos casos máximos estándares de reparación integral que incluyen actos de reconocimiento de responsabilidad y perdón público en casos como masacres de La Sarna, El Limón y otros homicidios contra integrantes del pueblo indígena Wiwa, persecución contra habitantes de Inaia Sué, Palacio de Justicia, Jaime Garzón, Gerson González, entre otros. Ha actuado también en representación de víctimas dentro de los procesos adelantados por fiscales y jueces buscando el esclarecimiento de la verdad y la sanción penal de los responsables, pero también acompañando a los afectados en procesos disciplinarios adelantados ante la Procuraduría con el fin de que los responsables de violaciones a los derechos humanos sean separados del servicio. De igual forma, ha presentado acciones ante instancias de supervisión Internacionales como la OEA (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la ONU por casos de graves violaciones de derechos humanos.

en Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, y en la actualidad realiza estudios de Doctorado en Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Inició su labor como defensor de derechos humanos siendo aún un estudiante de derecho cuando ingresó al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo para realizar el seguimiento a la implementación de la Ley 975 de 2005 y asistiendo a las versiones libres rendidas por integrantes de los grupos paramilitares en la ciudad de Medellín. Ya como abogado, Sebastián hizo parte de la Fundación para la Educación y el Desarrollo -FEDES-, por ese entonces bajo la dirección de Camilo Castellanos, donde trabajó con comunidades vulnerables del municipio de Soacha. Desde FEDES, Sebastián participó en procesos de formación de niños, niñas y jóvenes en derechos humanos y en acciones de prevención de reclutamiento forzado. También acompañó la conformación de un movimiento viviendista en la zona de altos de la Florida en el municipio de Soacha para el fortalecimiento del tejido organizativo de las comunidades en búsqueda de una solución a los problemas asociados a la vulneración del derecho a la vivienda. También realizó el acompañamiento y asesoría legal a las “madres de Soacha” cuyos hijos habían sido asesinados extrajudicialmente por el Ejército Nacional. En el marco de este acompañamiento apoyó la elaboración del informe “Soacha la punta del Iceberg. Falsos positivos e impunidad” en donde se documentaron los mecanismos de impunidad de estos crímenes. Después de su paso por FEDES, se incorporó de nuevo al equipo del Cajar, esta vez como abogado, para continuar con el seguimiento de la implementación de la Ley 975 de 2005 en el país. En el año 2011, viajó a España para realizar sus estudios de Maestría. En el 2016, regresó al Cajar y a partir de este año inició su proceso de incorporación como miembro de la Asamblea de la institución, lugar desde el cual ha venido apoyando la coordinación del equipo penal y liderando la estrategia de litigio del Colectivo ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

de Santander y Especialista de la Universidad Nacional de Colombia; en el marco de su trabajo, realiza acompañamiento integral, a través de acciones jurídicas, del fortalecimiento organizativo, incidencia, investigación y comunicaciones a comunidades indígenas, afro y campesinas en procesos de exigibilidad de sus derechos en la defensa de su territorio, su autonomía y sus formas de vida, ante las graves situaciones de vulneración a sus derechos fundamentales. Rosa María Mateus Parra ha hecho parte del área de reparación integral del Cajar y ha participado en importantes espacios de discusión comunitaria, y acompañado a las comunidades en diálogos con las entidades, empresas y demás instituciones involucradas, lo que le ha permitido tener una experiencia directa en el real funcionamiento de mecanismos de defensa del territorio utilizados por las comunidades, el acompañamiento directo le ha permitido conocer de primera mano las situaciones de riesgo que se viven en los territorios y que los líderes y lideresas territoriales y de los derechos humanos están afrontando, así como corroborar el alto grado de impunidad de los casos denunciados. Su trabajo en varias regiones del país, como Nariño, Meta, Antioquia, Bolívar, Guajira, y su participación en procesos de formación del Cajar, que concentra cada semestre a más de 15 procesos comunitarios y organizativos de todo el país, ha posibilitado una mirada integral del contexto que se vive en Colombia, contribuyendo a las reflexiones necesarias para trazar las caminos de exigibilidad de las comunidades.