ASAMBLEA DIRECTIVA

 

 

 

Rafael Barrios Mendivil

Cofundador. Miembro fundador del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” Cajar, abogado de la Universidad La Gran Colombia. Con amplia trayectoria en jurídica en defensa

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  de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y violaciones al derecho internacional humanitario en la Justicia Ordinaria, en procesos disciplinarios y contencioso administrativos, y en la Justicia Penal Militar desde la época de los Estados de Sitio que permitían el juzgamiento de civiles y en representación de víctimas de casos que siendo de esta naturaleza permanecen bajo esa jurisdicción. Igualmente, en el litigio ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos –Comisión IDH y Corte IDH- por violación a las obligaciones contraídas por el Estado colombiano al suscribir de la Convención Americana. En la Corte Interamericana ha sido representante de víctimas en los casos Wilson Gutiérrez Soler vs Colombia, sentencia de 12 de septiembre de 2005; Masacre de Mapiripán vs Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005; Germán Escué Zapata vs Colombia, sentencia 4 de julio de 2007; Masacre de La Rochela vs Colombia, sentencia de 28 de enero de 2008; Manuel Cepeda Vargas vs Colombia, sentencia de 26 de mayo de 2010 y Palacio de Justicia 2014, 11 de noviembre de 2014 y Villamizar Durán y otros vs. Colombia, 21 de noviembre de 2018. Actualmente es abogado del senador y ex Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, en el caso que adelanta la Corte Interamericana por persecución política del Estado colombiano contra el funcionario. También es el autor del libro El Pacto del Silencio que recoge los hallazgos de más de tres décadas de litigio nacional e internacional en el caso Palacio de Justicia.

Reinaldo Villalba Vargas

Presidente. Egresado de la Universidad Nacional de Colombia, actual vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos -FIDH-, es abogado penalista 

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y defensor de derechos humanos, integrante del Cajar por 28 años. Ha acompañado víctimas logrando importantes avances en el reconocimiento de sus derechos ante la justicia nacional e internacional en casos como las masacres de Cajamarca y Chengue, las ejecuciones extrajudiciales de campesinos y jóvenes humildes en el Huila presentados como muertos en combate, y los homicidios del periodista Guzmán Quintero, del candidato presidencial Carlos Pizarro y del dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores -CUT, Jorge Ortega. Ha sido víctima y a la vez apoderado de otras víctimas de inteligencia ilegal desde el Estado desde el extinto Departamento Administrativo de Seguridad -DAS, y también ha ejercido la defensa de defensores de derechos humanos judicializados sin fundamento como David Ravelo y el senador Iván Cepeda, a quien hoy representa en el caso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por su destacada labor en este proceso y su trayectoria, en 2020 recibió el premio Sir Henry Brooke. de Derechos Humanos otorgado por Peace Brigades International UK, Simmons & Simmons y Alliance for Lawyers at Risk.

Alirio Uribe
Muñoz

Abogado de la Universidad Católica, con especializaciones en derecho laboral del Externado y en derechos humanos de la Escuela Superior de Administración Pública -Esap-. Recibió el premio Martin Ennals

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  para los defensores de derechos humanos en 2003. Ha sido tres veces vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh) que reúne a 178 ONG de todo el mundo, y actuó como observador internacional durante el juicio por homicidio contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori. Fue Representante a la Cámara durante el periodo 2013-2017 liderando iniciativas legislativas en favor de los derechos humanos. Fue representante a la Cámara por el Polo Democrático Alternativo entre 2014-2018 donde impulsó diferentes iniciativas legislativas en favor de los derechos humanos Actualmente es abogado de víctimas en casos como las masacres de El Tandil,en Nariño y La Guaripa, en Sucre, y el caso del atentado y persecución contra la defensora Yolanda González, hoy víctima de detención injusta. También es el delegado de las Plataformas de Derechos Humanos ante el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, instancia consultiva del Gobierno Nacional en esta materia.

Jomary Ortegón
Osorio

Abogada de la Universidad Nacional de Colombia, defensora de derechos humanos, especialista en derecho constitucional y magistra en Estudios Latinoamericanos. Desde hace 18 años acompaña labores

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  de litigio a nivel de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en representación de víctimas de graves violaciones a derechos humanos en nombre de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” de la cual fue presidenta entre 2015 y 2017. A nivel Internacional, en la Comisión Interamericana ha litigado alrededor de 30 casos de violaciones a derechos humanos en casos de pueblos indígenas, niños y niñas, defensores de derechos humanos, campesinos, en los cuales se han obtenido sentencias contra el Estado colombiano y en favor de los derechos de las víctimas en casos Manuel Cepeda Vargas vs Colombia, sentencia de 26 de mayo de 2010 y Palacio de Justicia 2014, 11 de noviembre de 2014 y Villamizar Durán y otros vs. Colombia, 21 de noviembre de 2018, Petro Urrego vs Colombia, 18 de agosto de 2020. También acompaña permanentemente la solicitud y el seguimiento a medidas cautelares de líderes en situación de riesgo incluyendo defensores y defensoras de derechos humanos, sindicalistas y pueblos indígenas.

Yessika Hoyos Morales

Yessika Hoyos Morales, Abogada especializada en derecho penal y filosofía del derecho de la Universidad Libre de Colombia, con Maestría en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana 

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En el 2009, recibió de la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) el premio de derechos humanos George Meany-Lane Kirkland. Su experiencia en la defensa de los derechos humanos ha estado a disposición de las víctimas de crímenes de Estado en diversos espacios de litigio y representación judicial. Se destaca su labor como asesora de organizaciones de trabajadoras y trabajadores desde el área sindical del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, lugar desde el cual ha contribuido a la búsqueda de verdad y justicia en casos de desapariciones forzadas o asesinatos de líderes sindicales, también en el acompañamiento a las centrales sindicales en procesos de reparación colectiva al movimiento sindical. Actualmente coordina el equipo de investigadores que hacen seguimiento a las prácticas de interferencia de algunas empresas de la industria de ultraprocesados y bebidas azucaradas en el marco de la campaña “Dulce Veneno – el antídoto es la verdad”.

Eduardo Carreño Wilches

Cofundador. Miembro Fundador del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, es abogado defensor de derechos humanos, especialista y magíster en derecho penal y criminología

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de la Universidad Libre de Colombia. Cuenta con amplia experiencia en investigación y litigio nacional e internacional, con importantes logros en la defensa de personas perseguidas políticas y justicia a favor de las víctimas en casos como las masacres del 16 de mayo de 1998, el 28 de febrero de 1999, Trujillo, Mapiripán y La Rochela, en casos de violaciones a los derechos humanos durante la retoma del Palacio de Justicia, y en casos de ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de sectores populares presentados como combatientes caídos. Eduardo Carreño también participó del proyecto Colombia: Nunca Más que sistematizó violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1966 y 1999. Ha sido docente de la especialización en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja, y de la maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Industrial de Santander. Como integrante del Cajar, recibió el premio de la Asociación Pro derechos Humanos de España y fue nominado al Premio Defensores en la categoría Toda una vida.

Soraya Gutiérrez Argüello

Vicepresidenta. Abogada egresada de la Universidad Nacional de Colombia.  Vinculada a la Corporación colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo “- Cajar- desde hace 26 años. Actualmente ocupa el cargo

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  de Vicepresidenta del Cajar, cargo que ya había ocupado entre 2004 y 2005.Cuenta con amplia experiencia en la asistencia, asesoría y representación jurídica a sectores sociales, populares y víctimas de violaciones de los derechos humanos para que se garanticen los derechos de las víctimas en casos como las masacres de Nueva Venecia, Caloto y La Sarna, el asesinato del registrador Juan Alejandro Plazas Lomónaco y el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas. En abril de 2006, en la ciudad de Nueva York, fue galardonada con el premio “the ABA International Human Rights Lawyer Award,” como reconocimiento al trabajo de los defensores de derechos en diferentes lugares del mundo “The American Bar Association” es la mayor asociación mundial de profesionales de la abogacía en EEUU y cuenta con más de 400. 000 miembros y presta apoyo legal y académico a abogados y jueces en su trabajo por la defensa del Estado de Derecho y la Democracia. Así mismo fue postulada en el añ0 2006 al premio a la defensa de DH otorgado por Front line defenders Ocupó el cargo de vicepresidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos para las Américas entre 2007-2013. La FIDH reúne a más de 184 organizaciones de DH, de 112 países del mundo. Fue elegida en el 2016 como delegada del nodo centro al Comité Operativo, de la Coordinación Colombia – Europa – Estados Unidos y es vocera política de esta plataforma. Actualmente coordina el eje de construcción de paz al interior del Cajar. Desde el año 2003, junto con otras organizaciones impulsó el proceso organizativo del Movimiento de víctimas de crímenes de estado -MOVICE-, realizando un trabajo permanente en procesos de formación y fortalecimiento organizativo de sus capítulos regionales, impulso a sus estrategias de lucha contra la impunidad y acciones jurídicas para la defensa de sus derechos. En el año 2017 fue designada por las plataformas de derechos humanos y paz para integrar el Consejo Asesor de la Defensoría del pueblo, creada mediante la ley 24 de 1992 y la resolución No. 229 del 2017 de la Defensoría del Pueblo, instalado el 6 de junio del 2017 por el defensor del pueblo. Esta delegación fue ocupada hasta diciembre del 2019. Para esa misma fecha fue elegida como comisionada suplente a la Comisión asesora creada en virtud del punto 5.2.3 del Acuerdo Final de paz y que tuvo vida jurídica a través de resolución de la Defensoría del Pueblo No. 519 de abril/2019 que tiene como funciones asesorar y hacer recomendaciones al Gobierno Nacional e instituciones del Estado sobre políticas, planes y programas de derechos humanos y paz, e impulsar y hacer seguimiento al plan nacional de derechos humanos, entre otras funciones.

María del Pilar Silva Garay

Abogada de la Universidad Incca de Colombia, con Maestría en Defensa de los Derechos Humanos y el DIH ante Organismos, Tribunales y Cortes Internacionales de la Universidad Santo Tomás.

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Defensora de derechos humanos, vinculada desde el año 1992 a la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, se ha especializado en la presentación de demandas contra el Estado Colombiano por la responsabilidad de sus agentes en homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y otras graves violaciones a los derechos humanos, buscando y obteniendo en algunos casos máximos estándares de reparación integral que incluyen actos de reconocimiento de responsabilidad y perdón público en casos como masacres de La Sarna, El Limón y otros homicidios contra integrantes del pueblo indígena Wiwa, persecución contra habitantes de Inaia Sué, Palacio de Justicia, Jaime Garzón, Gerson González, entre otros. Ha actuado también en representación de víctimas dentro de los procesos adelantados por fiscales y jueces buscando el esclarecimiento de la verdad y la sanción penal de los responsables, pero también acompañando a los afectados en procesos disciplinarios adelantados ante la Procuraduría con el fin de que los responsables de violaciones a los derechos humanos sean separados del servicio. De igual forma, ha presentado acciones ante instancias de supervisión Internacionales como la OEA (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la ONU por casos de graves violaciones de derechos humanos.

Sebastián Escobar Uribe

Abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Con el apoyo del programa de Becas de Pan para el Mundo, Alemania, realizó sus estudios de postgrado

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en Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos en la Universidad Carlos III de Madrid, y en la actualidad realiza estudios de Doctorado en Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Inició su labor como defensor de derechos humanos siendo aún un estudiante de derecho cuando ingresó al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo para realizar el seguimiento a la implementación de la Ley 975 de 2005 y asistiendo a las versiones libres rendidas por integrantes de los grupos paramilitares en la ciudad de Medellín. Ya como abogado, Sebastián hizo parte de la Fundación para la Educación y el Desarrollo -FEDES-, por ese entonces bajo la dirección de Camilo Castellanos, donde trabajó con comunidades vulnerables del municipio de Soacha. Desde FEDES, Sebastián participó en procesos de formación de niños, niñas y jóvenes en derechos humanos y en acciones de prevención de reclutamiento forzado. También acompañó la conformación de un movimiento viviendista en la zona de altos de la Florida en el municipio de Soacha para el fortalecimiento del tejido organizativo de las comunidades en búsqueda de una solución a los problemas asociados a la vulneración del derecho a la vivienda. También realizó el acompañamiento y asesoría legal a las “madres de Soacha” cuyos hijos habían sido asesinados extrajudicialmente por el Ejército Nacional. En el marco de este acompañamiento apoyó la elaboración del informe “Soacha la punta del Iceberg. Falsos positivos e impunidad” en donde se documentaron los mecanismos de impunidad de estos crímenes. Después de su paso por FEDES, se incorporó de nuevo al equipo del Cajar, esta vez como abogado, para continuar con el seguimiento de la implementación de la Ley 975 de 2005 en el país. En el año 2011, viajó a España para realizar sus estudios de Maestría. En el 2016, regresó al Cajar y a partir de este año inició su proceso de incorporación como miembro de la Asamblea de la institución, lugar desde el cual ha venido apoyando la coordinación del equipo penal y liderando la estrategia de litigio del Colectivo ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Rosa María Mateus Parra

Desempeña actualmente el cargo de Secretaria de la Asamblea y es la coordinadora del del Eje de Trabajo Defensa del Territorio y Lucha contra la Crisis Climática; es egresada de la Universidad Industrial

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de Santander y Especialista de la Universidad Nacional de Colombia; en el marco de su trabajo, realiza acompañamiento integral, a través de acciones jurídicas, del fortalecimiento organizativo, incidencia, investigación y comunicaciones a comunidades indígenas, afro y campesinas en procesos de exigibilidad de sus derechos en la defensa de su territorio, su autonomía y sus formas de vida, ante las graves situaciones de vulneración a sus derechos fundamentales. Rosa María Mateus Parra ha hecho parte del área de reparación integral del Cajar y ha participado en importantes espacios de discusión comunitaria, y acompañado a las comunidades en diálogos con las entidades, empresas y demás instituciones involucradas, lo que le ha permitido tener una experiencia directa en el real funcionamiento de mecanismos de defensa del territorio utilizados por las comunidades, el acompañamiento directo le ha permitido conocer de primera mano las situaciones de riesgo que se viven en los territorios y que los líderes y lideresas territoriales y de los derechos humanos están afrontando, así como corroborar el alto grado de impunidad de los casos denunciados. Su trabajo en varias regiones del país, como Nariño, Meta, Antioquia, Bolívar, Guajira, y su participación en procesos de formación del Cajar, que concentra cada semestre a más de 15 procesos comunitarios y organizativos de todo el país, ha posibilitado una mirada integral del contexto que se vive en Colombia, contribuyendo a las reflexiones necesarias para trazar las caminos de exigibilidad de las comunidades.