El presidente de Colombia Iván Duque dejó pasar la oportunidad de suscribir el Acuerdo de Escazú, ratificando la falta de compromiso real del actual Gobierno respecto de la protección, garantía y respeto del marco internacional de los Derechos Humanos y de obligaciones ambientales, territoriales y ecológicas.

En el marco de la invitación a distintos países de América Latina y el Caribe a la ceremonia para la firma y/o ratificación de Acuerdo de Escazú, que se celebró en la 74 Asamblea General de las Naciones Unidas -ONU- en la ciudad de Nueva York el 26 de septiembre de 2019, el presidente de Colombia Iván Duque dejó pasar la oportunidad de suscribir el Acuerdo de Escazú, ratificando la falta de compromiso real del actual Gobierno respecto de la protección, garantía y respeto del marco internacional de los Derechos Humanos y de obligaciones ambientales, territoriales y ecológicas.

Este instrumento constituye el primer Tratado regional vinculante sobre asuntos ambientales y el primero a nivel mundial, que contempla de manera expresa disposiciones sobre las personas defensoras de luchas ambientales. En el contexto colombiano, este Acuerdo es fundamental, dada la crítica situación que se vive en el país, frente al lamentable aumento de homicidios, amenazas, hostigamientos, estigmatización, judicialización y criminalización de líderes y lideresas que se dedican a esta labor, lo que ubican a Colombia por tercer año consecutivo, entre los tres países más peligrosos para la vida de los defensores ambientales, según el registro de Global Witness. Por tanto, haber desatendido la invitación firmar Escazú muestra la incoherencia del discurso del presidente Iván Duque ante la comunidad internacional y revela su desinterés en el respaldo, reconocimiento y garantías de protección frente a esta labor en Colombia.

El Acuerdo de Escazú contribuye también a crear reglas vinculantes que, desde una perspectiva regional, están dirigidas a materializar el Principio 10 de la Declaración de Río y que, en armonía con nuestro ordenamiento jurídico constitucional, fortalece las garantías para el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información de manera oportuna y adecuada, del derecho a una participación activa y eficaz en la toma de decisiones y del derecho a la justicia en asuntos ambientales.

Su adopción representa una oportunidad para fortalecer las herramientas para la identificación, caracterización, enfrentamiento y transformación de los conflictos socio-ambientales y ecológicos generados por la imposición de un modelo económico y de desarrollo extractivista de gran escala, que se impone generando graves e irreversibles impactos sociales, económicos, ambientales, políticos, ecológicos, espirituales y culturales, en desmedro de derechos de comunidades que defienden sus derechos a la vida digna, la protección la permanencia en el territorio, así como la construcción de paz.

La no implementación de este Acuerdo se torna imprescindible si se tiene en cuenta que dentro de las obligaciones internacionales del Estado Colombiano se deben adoptar los más altos estándares en materia de derechos humanos y ambientales, y a su vez, ofrecer garantías plenas para su ejercicio efectivo como mecanismos para su exigibilidad. Las disposiciones del Acuerdo ayudan a fortalecer la democracia ambiental y a dotar de herramientas para demandas históricas que tiene el país en relación a las exigencias de temas como la justicia ambiental, hídrica, energética, agraria, la lucha contra el cambio climático, la soberanía alimentaria, la protección de todas las formas de vida presentes en los territorios, desde una perspectiva de ecología política integral.

Así como los compromisos relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz suscrito por el Estado Colombiano, en el que se encuentran puntos relacionados con esta materia en la Reforma Rural Integral y la Solución al problema de las drogas ilícitas y del narcotráfico, ligado al compromiso de no reactivar las aspersiones con glifosato, ni insistir en la intensificación de la de fuentes energéticas con graves impactos como las represas y las derivadas de combustibles fósiles como hidrocarburos y carbón.

La no adopción del Acuerdo de Escazú de este por parte del actual Gobierno, además de ser una muestra más de la falta garantías para la exigibilidad de derechos humanos en particular los derechos ambientales y territoriales con enfoque ecológico, constituye un grave atraso frente a los demás Estados de la región que han suscrito el Acuerdo, que están avanzando en implementación de los derechos de acceso de información, participación y justicia ambiental como medidas que salvaguarden la vida de personas defensoras que están cuidando el territorio de la crisis climática mundial a la que nos vemos avocados.

Desde el Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’ -CAJAR-, lamentamos que se hubiese dejado pasar esta oportunidad y conminamos al Gobierno colombiano a que de manera pronta firme y ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú.