El articulado del Plan, otorga numerosas ventajas a las empresas mineras, como si no fueran suficientes las ya existentes. Queremos subrayar la ampliación irresponsable de la declaración de utilidad pública e interés social para proyectos de desarrollo, a facultad de ministerios y otras entidades (arts. 48-49). El Plan profundiza la idea de que “utilidad pública” equivale a riquezas de las empresas. El planteamiento se traduce en la potencial expropiación de predios en el país que se consideren dentro del área de interés de cualquier proyecto. Para comunidades campesinas, indígenas, negras la expropiación equivale a despojo, a la pérdida de relaciones sociales, económicas, ambientales, espirituales irrecuperables con el territorio, la expropiación es una forma de cercenar la vida de miles de familias colombianas que se encuentran en zonas de interés económico.
La Campaña “La gran minería envenena eres tú quien la frena” de la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo manifiesta su preocupación frente al proyecto de ley del segundo Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno “Todos por un nuevo país”, en razón de los efectos que la profundización de la “locomotora minera” puede generar en los derechos humanos y territoriales de comunidades y pueblos en Colombia.
El articulado del Plan, otorga numerosas ventajas a las empresas mineras, como si no fueran suficientes las ya existentes. Queremos subrayar la ampliación irresponsable de la declaración de utilidad pública e interés social para proyectos de desarrollo, a facultad de ministerios y otras entidades (arts. 48-49). El Plan profundiza la idea de que “utilidad pública” equivale a riquezas de las empresas. El planteamiento se traduce en la potencial expropiación de predios en el país que se consideren dentro del área de interés de cualquier proyecto. Para comunidades campesinas, indígenas, negras la expropiación equivale a despojo, a la pérdida de relaciones sociales, económicas, ambientales, espirituales irrecuperables con el territorio, la expropiación es una forma de cercenar la vida de miles de familias colombianas que se encuentran en zonas de interés económico.
En muchos otros artículos del proyecto de ley se encuentra la profundización de las garantías y privilegios para el gremio de la gran minería. Por ejemplo, se pretende reconocer derechos de uso a títulos en zonas de páramo (art. 59), disminuir drásticamente el tiempo de trámite de licencias ambientales (art. 165), se quiere viabilizar una nueva forma de contratación minera bajo la figura de áreas de reserva para el desarrollo minero (art. 19) y además busca incluir modificaciones a la normatividad del sector minero.
El paquete de decretos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo de Santos, implica el agravamiento de las situaciones que propician la violación de derechos humanos en Colombia. Entre los casos que podrían ser citados se encuentra: el derecho a un ambiente sano, mediante la aprobación de la figura de las licencias ambientales exprés; el mismo derecho a la vida puesto en amenaza con las actividades mineras en las fábricas de agua que son las zonas de páramo y ecosistemas de alta montaña.
Son abundantes los argumentos técnicos, académicos y políticos que evidencian la inconveniencia de la gran minería en el país. La Contraloría General de la República, análisis de expertos e investigaciones académicas demuestran con suficiencia el sin sentido del modelo extractivista. Pero especialmente cientos de manifestaciones de las colombianas y los colombianos a lo largo y ancho del país muestran el rechazo al modelo extractivo minero.
Los pueblos de Colombia han buscado defender sus territorios desde el principio constitucional de consulta previa, como un derecho político. No obstante el Estado colombiano lo ha saboteado sistemáticamente desde diferentes organismos institucionales. La Campaña, invita a resignificar el concepto de “utilidad pública”, las políticas públicas no pueden beneficiar a unos pocos, en desmedro de lo realmente público: los bienes naturales, el agua, el territorio, la vida. Llamamos a sumar fuerzas en torno a la defensa de los derechos humanos y territoriales, a defender el derecho a participar políticamente en las decisiones que afectan el futuro de los territorios de los pueblos de Colombia. A rodear los pocos espacios institucionales que quedan para defender los derechos de las minorías y los sectores vulnerables de nuestro país.
Mientras que el gobierno de Santos hace una apuesta por la paz con la insurgencia, observamos con preocupación que implementa un modelo de desarrollo que desconoce los derechos de las comunidades y pueblos de Colombia, que está privando a millones de personas de sus medios de vida y desencadena nuevos y graves conflictos que se intensifican de manera preocupante con el tiempo.
Bogotá D.C., marzo de 2015
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo PCDHDD
La gran minería envenena, eres tú quien la frena!