–La OCDE aceptó una queja interpuesta por la sociedad civil contra la estatal irlandesa ESB por faltar a una conducta empresarial responsable en la compra de carbón colombiano.
El Punto Nacional de Contacto (PNC) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en Irlanda, aceptó evaluar la queja interpuesta contra la empresa estatal irlandesa The Electricity Supply Board (ESB) -compradora del carbón de la empresa Carbones del Cerrejón, operadora de la mina de carbón a cielo abierto más grande de Latinoamérica, por su falta de debida diligencia en materia de derechos humanos.
La queja fue presentada en enero de 2021 por una coalición de organizaciones nacionales e internacionales -compuesta por *CAJAR, CINEP, -AIDA, GLAN, ABColombia, Ask y Christian Aid-, con el respaldo de varios liderazgos de comunidades indígenas Wwayuu y afrocampesinas que han sido afectadas históricamente por este megaproyecto extractivo de explotación de carbón.
Por años, ESB -considerada la empresa de energía más importante de Irlanda- ha comprado carbón de la mina de Cerrejón, ubicada en La Guajira, Colombia para utilizarlo en su central eléctrica de Moneypoint en el Condado de Clare. El reclamo denuncia el incumplimiento por parte de la empresa, en su calidad de compradora, de los estándares de debida diligencia y conducta empresarial responsable en materia ambiental y de derechos humanos que la OCDE dicta.
Además, en la queja se alega que ESB no ha tomado las acciones necesarias para incidir en la debida diligencia de Carbones de Cerrejón en cuanto a identificar, mitigar y prevenir los abusos a los derechos humanos vinculados a la mina, a pesar de la evidencia bien documentada de graves violaciones a comunidades indígenas Wayuu y afrocolombianas que incluyen afectaciones ambientales y amenazas a personas defensoras.
Luego de una etapa de evaluación inicial de la queja, este lunes 18 de julio de 2022, el PNC del gobierno rlandés hizo pública una declaración inicial en la que se señala que se encontraron motivos suficientes para que las cuestiones planteadas tengan un examen más profundo.
Para las organizaciones denunciantes, la compra del carbón colombiano por parte de ESB se ha realizado pese a que la compañía ha tenido conocimiento de que dicho carbón proviene de una mina con múltiples evidencias de graves violaciones a derechos humanos y afectaciones ambientales en el territorio de comunidades indígenas wayuu y afrodescendientes. La misma empresa, en su página oficial, declaró:
“ESB es muy consciente de la difícil historia de Colombia que ha tenido graves impactos en su población durante muchos años. También estamos al tanto de los temas reportados en los medios de comunicación en relación con la mina Cerrejón, muchos de los cuales están relacionados con la historia de Colombia. Estamos comprometidos a permanecer atentos a todos estos problemas y continuaremos colaborando con Bettercoal para ejercer influencia e impulsar mejoras. Traemos estos problemas a Bettercoal para su evaluación como algo habitual.”
Aunque la empresa ESB había señalado que dejó de comprar carbón de Cerrejón en 2018 por las violaciones a derechos humanos, recientemente anunció que a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania reanudaba la compra de este carbón para los próximos meses: “hace seis años, Irlanda dejó de comprar carbón colombiano, aduciendo preocupaciones de derechos humanos, y recurrió a Rusia para obtener el combustible fósil. Ahora, la nación europea reanudó las compras a Colombia”.
En su reciente visita a La Guajira, en abril de este añoa, el parlamentario irlandés Gary Gannon criticó a ESB por reiniciar las importaciones de carbón de Cerrejón.
“Gary Gannon, quien viajó a Colombia en abril como parte de la delegación parlamentaria, dijo que había visto con sus propios ojos el devastador impacto ambiental de la mina y el <dolor de las comunidades indígenas desplazadas de sus tierras para su expansión. “Hay un doble rasero preocupante en este regreso a Cerrejón”, dijo.“Con razón le decimos no al carbón ruso luego de la invasión de Ucrania, reconociendo el impacto que nuestras decisiones comerciales pueden tener en los derechos humanos. Pero ese estándar debe aplicarse en todas partes, incluso en Colombia”.
En palabras de la líder Wayuu Jakeline Romero Epiayu:
“Los países europeos, con total hipocresía, nos envían mensajes de descarbonización, de abandonar el uso de materiales fósiles, pero repentinamente vuelven a poner a Colombia y a La Guajira en su foco para comprar este carbón que siguen necesitando, este carbón que hemos dicho incansablemente va manchado de sangre, manchado de la vida de hombres, mujeres, niños y niñas Wayuu.“
En la queja se solicitó entre otras recomendaciones que ESB ponga fin a su relación comercial con la compra del carbón colombiano; que emita una declaración pública reconociendo la necesidad de este cese; que pida a las empresas matrices de la mina que inicien el cierre progresivo de la misma y remedien sus impactos; que recopile y publique una política eficaz de derechos humanos y que emita una disculpa formal a las comunidades afectadas.
Tras la emisión de esta evaluación inicial, el PNC irlandés preguntará formalmente a las partes si están dispuestas a participar en una mediación con el objetivo de alcanzar una resolución respecto de las cuestiones planteadas en el reclamo. La oferta de buenos oficios es voluntaria para ambas partes. Si no es posible una solución mediada, el PNC de Irlanda realizará un examen del reclamo y reflejará el resultado en una Declaración Final que puede incluir recomendaciones sobre la implementación de las directrices de la OCDE. El PNC de Irlanda señaló también que aún está tramitando otra de la quejas contra CMC Coal Marketing Company empresa domiciliada en Dublín responsable de la comercialización y venta del carbón de la mina del Cerrejón.
En el contexto actual de una demanda creciente de compradores del carbón de Cerrejón a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, esta queja lanza un mensaje importante de cuestionamiento de las obligaciones de respeto de los derechos humanos y deberes de debida diligencia empresarial a los países y compañías que compran y consumen este carbón.
Conoce más
Bettercoal ¿Garantía de compra de carbón responsable?
La empresa irlandesa como tantos otros compradores de carbón ha sostenido que la sola pertenencia a la iniciativa voluntaria Bettercoal era suficiente para asegurarse que se compraba un carbón de “manera ética y responsable”en el mercado internacional, pero este es un punto en discusión en dicha queja, ya que la sola pertenencia a esta iniciativa no satisface por sí sola los requisitos de diligencia debida.
Bettercoal fue establecida en 2012 por un grupo de importantes compradores de carbón a nivel mundial bajo el supuesto de promover una cadena de suministro de carbón globalmente responsable. Sin embargo, en la queja se reclama que esta iniciativa no posee un mecanismo de rendición de cuentas, sanciones o participación efectiva de las comunidades afectadas, no es transparente, y es insuficiente para hacer frente y detener los abusos y violaciones a derechos humanos que se siguen cometiendo con la extracción de carbón de la mina.
En 2018, Bettercoal evaluó a Cerrejón pero el resultado de estas evaluaciones y el seguimiento a las mismas no ha sido público. Bettercoal no divulga sus métodos o investigaciones, sino sólo sus conclusiones en forma de resumen. No se proporcionaron detalles sobre cómo Cerrejón “cumplió” con el código de Bettercoal. La iniciativa de evaluación ‘Bettercoal’ “es un proceso financiado por la industria, inadecuado para su propósito y carente de transparencia“.
¿Por qué la OCDE investigará esta queja?
Aunque las Directrices de la OCDE son principios y normas “voluntarias” para las multinacionales, los países que se adhieren a las Directrices contraen “el compromiso vinculante” de implementarlas. Es decir, cumplir las Directrices es obligatorio para los Estados.
Las directrices de la OCDE apuntan a señalar que las responsabilidades por las actividades y relaciones comerciales de las empresas no se limitan a las fronteras específicas. En otras palabras, las compañías tienen la responsabilidad de identificar y hacer frente a los impactos negativos en toda la cadena de valor “desde y dondequiera que se produzcan”.
Las Directrices señalan que en los casos en que las empresas no hayan contribuido a estos impactos o violaciones a derechos humanos, aun así tienen el deber de demostrar sus esfuerzos por impedir o atenuar los impactos negativos al “estar directamente relacionados con sus actividades, productos o servicios en virtud de una relación comercial”
Las Directrices reconocen que aunque existen límites prácticos en la capacidad de las empresas para impactar en el cambio de comportamiento de sus proveedores comerciales, existen pautas y deberes de conducta que tendrían que asumir las empresas con sus proveedores como respuestas adecuadas cuando se detectan riesgos de violaciones de derechos humanos en su cadena de suministro para mejorar y ayudar a integrar principios de conducta empresarial responsable.
Desde el punto de vista de la relación comercial, las respuestas apropiadas pueden adoptar diversas formas: continuación de la relación con el proveedor durante todo el período en el que se realizan esfuerzos de atenuación, suspensión temporal de la relación mientras se continúan los esfuerzos de atenuación del riesgo, o, en última instancia, ruptura de la relación con el proveedor, ya sea por el fracaso de los esfuerzos de atenuación, porque la empresa considere que no es posible ninguna atenuación o bien a causa de la gravedad del impacto negativo.
Esto con el fin de promover una reglas de conducta que se evite que las empresas puedan adquirir un producto asociado a cualquier tipo de violación de derechos humanos o impactos adversos ambientales, sin importar la gravedad o contexto en que se produzca, y ello no amerite ningún tipo de investigación o cuestionamiento sobre su responsabilidad.
Cerrejón y ESB una alianza comercial que ha ignorado los derechos humanos
En 2020, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU manifestó sus preocupaciones respecto a la empresa que era la sede de ventas de la mina Cerrejón domiciliada en en Dublín Coal Marketing Company (CMC) y al suministro de carbón para la empresa estatal ESB, reconociendo que estas problemáticas “se han relacionado con violaciones graves de los derechos humanos que afectan especialmente a afrodescendientes y a pueblos indígenas”. En esa vía recomendó al Estado Irlandes que considere la posibilidad de dejar de comprar carbón de la mina Cerrejón. Recordando los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, el Comité recomendó al Estado Irlandes que:
“a) Considere la posibilidad de dejar de comprar carbón al complejo minero Cerrejón;
- b) Preste su apoyo para iniciar una investigación independiente de las actividades de la mina y para ofrecer reparación e indemnización a las víctimas de desplazamientos y de otras vulneraciones de los derechos humanos;
- c) Garantice el acceso de las víctimas a recursos e indemnizaciones efectivas en Irlanda;
- d) Adopte un marco normativo con arreglo al cual todas las empresas domiciliadas en el Estado parte o bajo su jurisdicción detecten, prevengan y afronten las violaciones de los derechos humanos en el contexto de sus operaciones en Irlanda o en el extranjero, y se les puedan exigir responsabilidades por esas violaciones;
- e) Asegure que todos los interesados lleven efectivamente a la práctica el plan de acción nacional sobre las empresas y los derechos humanos .”
En 2020, Mary Lawlor, relatora especial de la ONU para los defensores de derechos humanos, presentó un artículo titulado “Las empresas Irlandesas pueden hacer más por proteger a los defensores de derechos humanos”.
En este citó como ejemplo las preocupaciones sobre personas defensoras que han sido amenazados y atacados por manifestar su denuncias contra la mina de carbón en Colombia y llama a las empresas con sede irlanda involucradas con esta operación Coal Marketing Company CMC y la empresa ESB a trabajar para prevenir estos ataques, de acuerdo con los Principios Rectores de la ONU, sosteniendo que si bien la responsabilidad principal de proteger los derechos humanos recae en los Estados, tanto los gobiernos como las empresas están obligados a proteger los derechos humanos.
En septiembre de 2020, varias relatorías especiales de la ONU pidieron que se suspendieran algunas de sus operaciones de esta mina ya que “está dañando gravemente el medio ambiente y la salud del pueblo indígena más grande del país”.
Pese a que las constantes violaciones de la extracción minera han sido probadas y reconocidas en las más altas instancias judiciales nacionales, como la Corte Constitucional, la responsabilidad hacia afuera de las empresas multinacionales que están en la cadena global permanece sin ser juzgada.
En un escenario de crisis climática en el que se reconfiguran las tensiones entre la urgencia del abandono progesivo de los combustibles fósiles y los planes de profundización del extractivismo, es necesario generar una discusión pública respecto al complejo entramado y arquitectura de la impunidad, asimetrías y brechas abismales a las que se enfrentan las víctimas de las compañías multinacionales en la cadena del carbón.
Del mismo modo, dado el carácter extrajudicial y voluntario de este mecanismo y la insuficiencia de los actuales lineamientos voluntarios para las empresas multinacionales se hace necesario seguir impulsando cambios hacia un tratado vinculante de empresas y derechos humanos que incluya escenarios reales de justicia sobre el ilimitado poder transnacional corporativo.
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Centro de Investigación y Educación Popular
Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente