El nuevo análisis se da a conocer al mismo tiempo que la coalición de ONG pide públicamente a los diputados del Parlamento Europeo y a los Estados miembros de la UE que replanteen el proyecto de ley y creen algo que dé a los consumidores la seguridad de que sus compras no contribuyen a causar daños en otros países. Respaldan la campaña simpatizantes como Ed Zwick, director de Diamantes de Sangre. (Foto: Periodismo Humano)

 

La Unión Europea no está frenando el comercio letal de minerales de zonas en conflicto, ha advertido hoy una coalición de organizaciones de derechos humanos, Global Witness y Amnistía Internacional entre ellas, con motivo del debate de una nueva y débil ley en el Parlamento.

Un nuevo análisis de Global Witness muestra que hay empresas que están introduciendo en Europa minerales por valor de miles de millones de euros sin tener que revelar si su adquisición financia a grupos armados o violaciones de derechos humanos en países arrasados por el conflicto.

“De momento no tenemos forma de saber qué es lo que están haciendo las empresas europeas para evitar financiar conflictos o abusos contra los derechos humanos”, declaró Michael Gibb, de Global Witness.

“La Comisión Europea ha propuesto una ley que, según afirma, abordará el problema, pero el proyecto de ley sólo alcanza a sugerir que las empresas comprueben y declaren la fuente de sus minerales voluntariamente. Los estudios muestran que las empresas sencillamente no comprueban sus cadenas de suministro salvo que se las exija hacerlo. Para decirlo con claridad, esta ley no reducirá significativamente el comercio de minerales de zonas en conflicto.”

El análisis revela el alcance del papel de la UE en el comercio de minerales, que si se obtienen sin los controles adecuados en zonas afectadas por el conflicto y de alto riesgo, pueden usarse para pagar a grupos armados y fuerzas de seguridad que infligen una violencia insufrible a las comunidades locales.

Los minerales pueden terminar convirtiéndose en productos como teléfonos móviles, ordenadores portátiles, coches o bombillas. En la República Democrática del Congo, Colombia y la República Centroafricana, este comercio ha alimentado conflictos letales que han desplazado a más de 9,4 millones de personas y desembocado en abusos atroces contra los derechos humanos. En Colombia, se relaciona a las propias empresas mineras con violaciones de derechos humanos.

Según la nueva investigación, la UE fue responsable de casi una cuarta parte (28.500 millones de euros) del comercio mundial de minerales de estaño, tungsteno, tantalio y oro, y metales el año pasado. Ese mismo año, la UE importó 240 millones de teléfonos móviles y más de 100 millones de ordenadores portátiles, que contienen también estos minerales. En la actualidad, no se exige a las empresas que garanticen que las ganancias procedentes de este comercio no acaban en las manos equivocadas.

Un gigantesco volumen de productos llega sin control a países como Alemania, el Reino Unido y Francia. Alemania es el mayor importador de teléfonos móviles y ordenadores portátiles de la UE, con la compra de alrededor de 28,6 millones de teléfonos y 9,6 millones de ordenadores en 2013 por valor de 18.200 millones de euros. El Reino Unido es el segundo importador de teléfonos móviles y ordenadores portátiles, seguido de los Países Bajos y Francia, en cuarto lugar.

“Hay buenas razones para creer que las empresas europeas se están beneficiando de un comercio de minerales que está llenando los bolsillos de grupos armados que cometen abusos en países ricos en recursos como el Congo y Colombia”, afirmó Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.

“La UE tiene que elaborar una ley significativa que aborde efectivamente el vínculo que une el comercio europeo y los abusos violentos contra los derechos humanos en otros países.”

Estados Unidos y una decena de países de África Central cuentan con medidas que exigen que las empresas investiguen sus cadenas de suministro de minerales, pero la UE no tiene ninguna. Con el aumento de la demanda mundial de recursos naturales, la UE corre el riesgo de convertirse en un importante centro de comercio de minerales de zonas en conflicto.

El nuevo análisis se da a conocer al mismo tiempo que la coalición de ONG pide públicamente a los diputados del Parlamento Europeo y a los Estados miembros de la UE que replanteen el proyecto de ley y creen algo que dé a los consumidores la seguridad de que sus compras no contribuyen a causar daños en otros países. Respaldan la campaña simpatizantes como Ed Zwick, director de Diamantes de Sangre.

En concreto, la coalición pide:

• Que la propuesta voluntaria sea sustituida por unos requisitos vinculantes que obliguen a las empresas europeas a abastecerse de minerales de forma responsable.

• Que la propuesta abarque a más empresas. El plan actual está dirigido únicamente a un insignificante 0,05% de las empresas con sede en Europa implicadas en el comercio. En la actualidad no afecta a las empresas que importan bienes de consumo como ordenadores portátiles, teléfonos móviles y coches, que contienen los minerales en cuestión.

• Que la propuesta incluya otros recursos naturales que podrían financiar a grupos armados o a fuerzas de seguridad que cometen abusos o estar relacionados con abusos graves contra los derechos humanos, como los diamantes, el carbón y la cromita.

Los europarlamentarios y los Estados miembros de la UE tienen la responsabilidad de garantizar que las empresas de Europa no se lucran a expensas de las comunidades locales de los países productores. Deben dar a los consumidores esa garantía mediante una legislación sólida y significativa. La introducción de una nueva ley podría ser una oportunidad histórica para lograr este derecho.

“Habiendo vidas en juego, esta ley no puede permitirse tener un ámbito miope”, declaró Audrey Gaughran.

“Los legisladores europeos deben incluir en el centro de este proyecto de ley unas obligaciones preceptivas para que las empresas se abastezcan de forma responsable y luego ampliar el ámbito de la legislación para abarcar más empresas y más recursos naturales. Esto es lo que les decimos: ‘Pongan freno a este comercio letal o la sangre caerá sobre sus conciencias’.”

Comentarios de expertos:

Gautier Muhindo Misonia, coordinador del Centro de Investigación sobre el Medio Ambiente, la Democracia y los Derechos Humanos, de la RDC, ha dicho: “Necesitamos con urgencia una ley fuerte en la UE que impida que las empresas ignoren los daños que sus compras alimentan en países como el Congo. El sector minero artesanal del Congo afronta enormes retos. Los grupos armados y el ejército controlan las minas y las rutas comerciales. Las condiciones laborales pueden ser muy precarias. Pero el escrutinio internacional del sector ha desencadenado avances reales que el plan voluntario de la UE debilitaría, pues permitiría que las empresas europeas se beneficiasen a expensas de los residentes locales.”

La baronesa Helena Kennedy, Queen’s Counsel, ha afirmado: “Es vital que la UE y el Reino Unido aprueben una legislación vinculante que exija a las empresas la adhesión a unas normas de derechos humanos. En la actualidad demasiadas de nuestras grandes empresas están obteniendo minerales a través de cadenas de suministro que de hecho respaldan los conflictos en África, permitiendo violaciones y asesinatos generalizados. Esta es una campaña que necesita urgentemente nuestro apoyo.”

Ed Zwick, director de Diamantes de sangre y miembro del consejo asesor de Global Witness, apoya la campaña. Según sus palabras: “En Europa, nuestros fabricantes compran minerales que podrían estar financiando los conflictos que el dinero de nuestra ayuda confía en aliviar. Y mientras tanto, corremos el riesgo de estar comprando productos que contienen estos minerales de zonas en conflicto, alegremente ignorantes de las implicaciones… Esta es una oportunidad histórica para ayudar a corregir esta situación.”

El profesor John Ruggie, autor de los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU, dijo lo siguiente en una carta dirigida al presidente de la Comisión, el señor Barroso: “[los Principios rectores] dejan claro que las empresas cuya actividad o contextos de actividad representan riesgos de impactos en los derechos humanos deben informar oficialmente de cómo los abordan. Cuando los minerales o metales extraídos en situaciones de conflicto mediante trabajo forzoso, trabajo infantil o prácticas abusivas similares podrían ser parte de la cadena de valor de una empresa, esto se convierte naturalmente en una cuestión pertinente para los informes oficiales… Una iniciativa para que la presentación de informes sea totalmente optativa podría dejar expuestas a las empresas más responsables mientras las menos atentas con sus responsabilidades en materia de derechos humanos continúan impertérritas con sus prácticas actuales.”