El 12 de marzo de 2001, mientras se transportaban en el bus de la mina, los trabajadores de Drummond Valmore Locarno y Victor Hugo Orcasita, presidente y vicepresidente del sindicato Sintramienergética, fueron aprehendidos y asesinados. Victor Hugo fue sometido a los interrogatorios del comandante paramilitar Oscar José Ospino Pacheco, alias “Tolemaida” en la bodega Vadelco donde impunemente se realizaban prácticas de tortura.

Estos crímenes, hoy declarados como de lesa humanidad, se presentaron en un clima de profunda violencia antisindical. Tal era aquél que Gustavo Soler, quien luego del asesinato de sus compañeros tomó la presidencia del sindicato, fue a su vez asesinado seis meses después.

Vídeo conmemorativo 12 años

Hoy, luego de 17 años, la administración de justicia en Colombia sigue sin entregar resultados sobre las responsabilidades de los directivos empresariales de la trasnacional involucrados en la decisión y ejecución de estos crímenes. Las condenas emitidas son fundamentalmente frente a paramilitares. De las personas condenadas sólo una de ellas, el señor Jaime Blanco Maya, no hacía parte formal de las estructuras paramilitares de la zona y fungía como gerente de la empresa que suministraba alimentos a los trabajadores.

Por otra parte, se encuentra pendiente la calificación en la Fiscalía respecto de la responsabilidad de Alfredo Araujo, gerente de la época, y la vinculación de los demás empresarios nacionales y extranjeros que tuvieron alguna responsabilidad en los hechos.

Ha quedado claro en los expedientes tramitados, que la responsabilidad por estos hechos no se limita a ejecutores físicos paramilitares. Éstos recibieron órdenes y apoyo de la empresa Drummond para “exterminar el sindicato”. Así lo han hecho saber diversos testigos, entre ellos, el mencionado gerente del suministro de alimentos de entonces.

Hoy, cuando el país se apresta a la construcción de la memoria histórica, del trámite de una justicia especial que contribuya a la paz y a consolidar mecanismos para garantizar que hechos como estos no vuelvan a repetirse, es necesario profundizar en las responsabilidades de actores económicos, políticos y empresariales beneficiados con las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el marco de la violencia sociopolítica que han sufrido amplios sectores sociales de Colombia, entre ellos el sindicalismo.

El Estado colombiano debe reconocer su responsabilidad, las consecuencias y la necesidad de reparación integral por la violencia antisindical que miles de trabajadores y trabajadoras han tenido que soportar. Ésta no se manifiesta solamente en ataques contra la vida y la integridad personal de quienes trabajan y se sindicalizan.

También son hechos de violencia antisindical asociados a los anteriores, la precarización y tercerización laboral, la persecución física, judicial, disciplinaria y administrativa a quienes lideran la exigencia de derechos laborales; la drástica disminución de la tasa de sindicalización en Colombia, la falta de garantías para crear y mantener los sindicatos independientes, el desconocimiento de derechos salariales y pensionales adquiridos; así como la impunidad en que se mantienen los hechos que han victimizado a los sindicalistas y sus organizaciones; especialmente, como en este caso, a pesar de las claras evidencias que existen sobre la responsabilidad penal de sus patronos.

Frente a situaciones tan adversas, genera nuestro más profundo reconocimiento y admiración el valor y compromiso de los trabajadores sindicalizados de Sintramienergética, que a pesar de lo sufrido mantienen su convicción de defender los derechos laborales y de asociación sindical.

También las familias de Víctor Hugo y Valmore, que junto con ellos, sufrieron las consecuencias de la persecución.

La paz y la democracia requieren de un sindicalismo vigoroso e independiente, así como la recuperación y honra de la memoria de quienes dieron su vida por los trabajadores y por la justicia social en el país.

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo