• La violencia policial no es un hecho aislado ni un asunto del pasado. La organización Temblores reportó en 2024 más de 100 hechos de violencia policial, entre homicidios, violencia sexual y detenciones arbitrarias. En 2023 se registraron 187 casos.
• Durante el Paro Nacional de 2021, las cifras alcanzaron niveles alarmantes: más de 4.200 hechos de violencia policial documentados entre abril y junio.
• Las víctimas y el movimiento social y de DD.HH hemos señalado que estos crímenes de Estado no son hechos aislados, sino una práctica sistemática de la fuerza pública en Colombia, que amerita cambios en la doctrina y transformaciones estructurales para que Nunca Más hayan víctimas de brutalidad policial. 

Bogotá, 24 de febrero de 2026 En el marco del 24 de febrero, Día Nacional Contra la Brutalidad Policial, organizaciones de víctimas, movimientos sociales y defensoras y defensores de derechos humanos reiteramos una exigencia histórica: verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición frente a la violencia ejercida por agentes del Estado.

Esta fecha, que coincide con la creación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) en 1999, hoy llamado UNDMO, se ha convertido en un símbolo de memoria y denuncia para miles de familias que han sufrido el uso desproporcionado de la fuerza en contextos de protesta social, operativos policiales y controles urbanos. Más que una conmemoración, el 24 de febrero es un llamado urgente a transformar estructuralmente el modelo de seguridad en Colombia.

La violencia policial no es un hecho aislado ni un asunto del pasado. De acuerdo con reportes de Temblores ONG, durante 2024 se documentaron más de cien hechos de violencia policial que dejaron víctimas de agresiones físicas, violencia homicida, violencia sexual y detenciones arbitrarias. En 2023 se registraron 187 casos de abuso policial que afectaron al menos a 268 personas en distintas regiones del país.

Durante el Paro Nacional de 2021, las cifras alcanzaron niveles alarmantes: más de 4.200 hechos de violencia policial documentados entre abril y junio, al menos 43 homicidios presuntamente atribuibles a miembros de la fuerza pública, centenares de personas con lesiones oculares, más de 800 detenciones arbitrarias y múltiples denuncias de violencia sexual contra manifestantes.

Detrás de cada número hay una historia, una familia y una comunidad que sigue esperando justicia. Casos como el de Javier Ordóñez evidencian que la brutalidad policial no es una excepción, sino una problemática estructural que requiere transformaciones profundas y sanciones efectivas.

Colombia no está sola en esta realidad. En distintos países de América Latina se han documentado patrones similares de uso desproporcionado de la fuerza frente a la protesta social y altos niveles de impunidad. Desde Santiago de Chile hasta Ciudad de México y Río de Janeiro, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre la militarización del orden público y la falta de sanciones efectivas frente a graves violaciones.

Este panorama regional confirma que la transformación del sector seguridad no es solo una demanda nacional, sino parte de una agenda latinoamericana por la defensa de la vida, la democracia y los derechos fundamentales.

En barrios, universidades y plazas públicas, las pintadas recuerdan lo que algunos sectores quisieran borrar:

“Nos están matando”
“La protesta es un derecho, no un delito”
“Ni un ojo más”
“Sin justicia no hay paz”
“¿Quién dio la orden?”

Estas consignas no son vandalismo: son gritos colectivos frente a la impunidad. Son la voz de madres que buscan, de jóvenes que resisten, de comunidades que se niegan a normalizar la violencia estatal. Son memoria escrita en el espacio público cuando la justicia tarda y el silencio institucional pesa.

En el actual contexto electoral, insistimos en que no puede hablarse de paz sin reformas estructurales al sector defensa y seguridad. La centralidad de las víctimas debe orientar cualquier transformación institucional.

Exigimos:

• Investigaciones independientes, exhaustivas e imparciales frente a todas las denuncias de abuso policial.
• El traslado de graves violaciones de derechos humanos cometidas por agentes de la fuerza pública a la justicia ordinaria.
• Garantías reales y efectivas para el ejercicio del derecho a la protesta social.
• Reformas institucionales que desmilitaricen el manejo del orden público y prioricen la protección de la vida.
• Participación activa de las víctimas en los procesos de verdad, justicia y no repetición.

Este 24 de febrero reafirmamos que la memoria es un acto de dignidad y resistencia. Recordar es impedir que la violencia persista. Denunciar es defender la democracia. Exigir justicia es proteger la vida.

Sin verdad, sin justicia y sin transformaciones profundas no habrá paz sostenible ni confianza ciudadana en las instituciones.

Acompañamos a las víctimas en su lucha contra la impunidad y reiteramos nuestro compromiso con una #FuerzaPúblicaParaLaPaz, al servicio de los derechos humanos, de las víctimas y de la construcción de una Colombia verdaderamente democrática.