El pasado 16 de enero, la Fiscalía 68 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá revocó la preclusión de la investigación por los hechos conocidos como la masacre de San Carlos de Guaroa, a favor del Coronel en retiro Luis Felipe Molano Díaz, y el General en retiro Jaime Humberto Uscátegui Ramírez.

La Fiscal ordenó practicar nuevas pruebas, así como las que en el transcurso de la investigación se han dejado de efectuar. De igual manera compulsó copias para que se investigue al General del Ejército Agustín Ardila Uribe, en su condición de Comandante de la IV División del Ejército Nacional.

La masacre de San Carlos de Guaroa ocurrió el 3 de octubre de 1997 cuando a una comisión integrada por miembros de la Fiscalía, del CTI, del extinto DAS, de la Procuraduría y miembros del Gaula del Ejército pertenecientes a la Brigada VII, fueron emboscados por grupos paramilitares, luego de terminar una diligencia judicial de extinción de dominio del presunto narcotraficante Gustavo Soto García.

La emboscada ocurrió en dos momentos y a pesar que miembros de la Comisión solicitaron ayuda y socorro al entonces comandante de la VII Brigada, General Jaime Humberto Uscátegui, y al Coronel Luis Felipe Molano, la emboscada cobró la vida de: Carlos Degly, José Noel Nossa, Aldemar Manchola y Luis Fernando Vargas quienes eran funcionarios de la Fiscalía; Jorge Alberto Socotá, funcionario de la Procuraduría; Otto Ruiz Pérez miembro del DAS, delegado ante el Gaula del Ejercito; y del Mayor Juan Carlos Figueroa, el Sargento Ricardo Ruperto Guarnizo, los soldados Jorge Alonso Arévalo, Artidoro Vasallo, Aldier Castro y José Luis Castro. Otros 14 integrantes de la delegación oficial resultaron heridos.

En el año 2002 la Fiscalía vinculó al General Uscátegui y al Coronel Molano por omisión al no haber atendido el clamor de urgencia del Mayor Figueroa. La Fiscalía 101 especializada de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, decidió precluir la investigación a favor del Coronel Molano y el General Uscátegui.

Por estos mismos hechos, la Procuraduría General De la Nación, sancionó con la separación absoluta de las Fuerzas Militares al General Uscátegui, por no haber prestado oportunamente el auxilio a la delegación oficial víctima de la masacre, teniendo la posibilidad de hacerlo, además de inhabilitarlo para ejercer funciones públicas.

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto por la Fiscalía 68 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, que decidió revocar la decisión de preclusión a favor del Coronel Molano, pero se declaró incompetente para pronunciarse sobre la preclusión de la investigación sobre el General Uscátegui por tener este Fuero Constitucional.

Con la decisión del 16 de enero, la Fiscalía se pronunció sobre la preclusión de la investigación al General Uscátegui, aclarando que los hechos ocurridos en San Carlos de Guaroa constituyen un Crimen de Lesa Humanidad y que el General Uscátegui no está amparado por fuero constitucional, además faculta al despacho de la Fiscalía 68 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá para resolver el recurso. En consecuencia, con esta decisión queda en firme la investigación contra el Coronel Molano y el General Uscátegui.

El Cajar solicitará a la fiscal 101 de la unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la declaración de impedimento para continuar con las investigaciones, toda vez que bajo su criterio, proseguir con esta investigación resultaría infructuoso.

Los lamentables hechos ocurridos en San Carlos de Guaroa deben ser oportuna y objetivamente investigados y es de gran trascendencia sancione ejemplarmente a sus máximos responsables en función de los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia.