Bogotá D.C., 13 de mayo de 2025. Las diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos que hacemos parte de la Mesa Territorial de Garantías -MTG- de Bogotá nos pronunciamos de manera pública ante los constantes incumplimientos llevados a cabo por el Gobierno Distrital de Carlos Fernando Galán en el marco de la Mesa Territorial de Garantías de Bogotá. Estas faltas se han reflejado en la imposibilidad para dar desarrollo a la primera sesión de la mesa, teniendo en cuenta que su instalación fue ya, hace once meses; De otra parte, evidenciamos una falla grave en la dinamización y seguimiento a los acuerdos por parte de la Defensoría del Pueblo regional, en su papel de Secretaría Técnica.

El 4 de julio de 2024, después de meses de trabajo y reuniones, se realizó la instalación oficial de la Mesa Territorial de Garantías, dando así un importante paso para poder concertar garantías para la labor de las personas defensoras y de los distintos liderazgos sociales que realizan su trabajo en las distintas localidades de la ciudad. Allí, las autoridades de orden nacional y local, además del ministerio público, manifestaron su total compromiso con el desarrollo de una agenda que permita avanzar en medidas orientadas a garantizar el pleno ejercicio del derecho a defender los derechos humanos, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional por medio de la Sentencia SU 546 de 2023.

Sin embargo, casi un año después (11 meses) de la instalación de este espacio y de múltiples esfuerzos por desarrollar las agendas de las instancias de la Mesa Territorial de Garantías (Grupos de Apoyo y subgrupos de prevención y protección, investigación y mujeres y género), no ha sido posible la realización de la primera sesión de la misma, evidenciando la falta de voluntad política por parte del gobierno distrital.

Durante todo este proceso, se han incumplido permanentemente los acuerdos y se han dado dilaciones que, además de develar la falta de voluntad política frente a las garantías para la defensa de los derechos humanos, no han permitido generar una relación de confianza para la concertación de una respuesta institucional contundente frente al incremento de agresiones contra la población líder y defensora de derechos humanos.

Si bien las instituciones del Distrito hacen presencia en algunas reuniones, estas no han asumido un compromiso real con la mesa y sus agendas, por el contrario, han encontrado en las inasistencias del gobierno nacional, una razón para no avanzar en compromisos que permitan la generación de garantías. En este sentido, han manifestado en distintos espacios que “si la nación no asiste, ellos tampoco” eludiendo así su responsabilidad como primer respondiente en lo que respecta tanto a la protección de la vida, integridad y seguridad de la población líder y defensora de los derechos humanos de acuerdo con el Decreto 2252 de 2017 como al funcionamiento de la MTG conforme a lo ordenado por la Sentencia SU 546 de 2023.

A esto se le suma el rol de la Defensoría del Pueblo que en calidad de secretaria técnica, que más que asumir un papel activo, ha puesto de manifiesto un claro desinterés y una descoordinación evidente, tanto en las convocatorias, como en la dinamización misma de los espacios y de seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos.

Es preciso mencionar que, para el pasado 2 de abril del presente año se tenía previsto sesionar por primera vez como MTG de Bogotá. Esta fecha fue asignada con base en la disponibilidad de la agenda del alcalde mayor y consensuada por todas las partes para contar, no solo con la presencia de Carlos Fernando Galán, sino también con las diferentes instancias con capacidad de decisión, para abordar asuntos relacionados con las exigencias de las distintas organizaciones, respecto a la grave situación de derechos humanos y seguridad que atraviesa la ciudad, la poca efectividad y falta de enfoque de prevención de las medidas adoptadas por el distrito y para expresar las preocupaciones por el desarrollo de estrategias tales como  “Bogotá camina segura”, los llamados “guardianes del orden”, los frentes de seguridad, entre otras. Discusiones que en conjunto han llevado a una falta de garantías para el ejercicio de las personas defensoras y liderazgos sociales en la ciudad.

Dicha sesión no se pudo llevar a cabo debido al incumplimiento de los acuerdos pactados, ya que no hizo presencia el alcalde Carlos Fernando Galán ni había el pleno de instancias con capacidad de decisión. Pese a este panorama y con el ánimo de no dar por perdido el espacio y el esfuerzo de las organizaciones e instituciones que sí hicieron presencia, se pactó sesionar un grupo de apoyo ampliado para llegar a acuerdos respecto a una nueva fecha, plazos para revisión y ajustes al protocolo de funcionamiento de la MTG de Bogotá, la renovación de compromisos respecto a las responsabilidades asumidas desde las instituciones, especialmente desde la secretaría técnica en cabeza de la defensoría del pueblo.

Ya ha pasado más de un mes desde la suscripción de los acuerdos del grupo de apoyo ampliado, y desde entonces no hemos recibido como espacio autónomo comunicación alguna, ni respuesta a nuestras solicitudes de realización de la sesión de la mesa (pactada para inicios de mayo), ni citación a grupo de apoyo para abordar nuestras preocupaciones al respecto. La Defensoría del Pueblo no está asumiendo su papel como secretaría técnica; como garante de que se cumpla con lo estipulado en la orden 20 de la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia SU-546 de 2023 que declara el estado de cosas inconstitucional por la violación sistemática de los derechos de la población líder y defensora de los derechos humanos, la cual ordena la realización periódica de las MTG en el país.

Como organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos expresamos con extrema preocupación el silencio ensordecedor de las instituciones responsables de dinamizar y asistir a la MTG de Bogotá, mismas que son responsables de gestar y concertar las estrategias para brindar garantías al ejercicio de los liderazgos y la defensa de los derechos humanos. Esto nos está demostrando la falta de comprensión e interés por parte del distrito y del gobierno nacional, respecto a estos temas de vital importancia para una sociedad democrática. Dejándonos un panorama cada vez más represivo y estigmatizante, hacia las personas que ejercen el rol de liderazgos y de defensores.

Es además desconcertante que, ante la creciente inseguridad en la ciudad, la estrategia del alcalde Galán sea la vieja fórmula de mejorar la percepción de seguridad, centrando su visión en “contrarrestar la delincuencia”. Sin embargo, al igual que en alcaldías pasadas, se pone en riesgo a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad y, a las políticamente más activas, sin mejorar realmente la grave situación que vivimos, es por esto, que manifestamos nuestro profundo rechazo a los planes y programas de seguridad, que instrumentalizan a la ciudadanía y que pocos resultados han mostrado, como lo son los frentes de seguridad y su más reciente expresión de “guardianes del orden”, los cuales ya han generado hechos de agresión contra la población joven, sectores populares y liderazgos en los barrios de la ciudad.

Ante esto, las organizaciones sociales, defensoras de DDHH, barriales, de mujeres y diversidades, jóvenes, y de víctimas que hacemos parte de la Mesa Territorial de Garantías de Bogotá exigimos lo siguiente:

1. Claridades y cumplimiento de parte de la Alcaldía Distrital de Bogotá respecto a los acuerdos suscritos por sus funcionarios frente al desarrollo de la primera sesión de la Mesa Territorial de Garantías de Bogotá.
2. A la Defensoría del Pueblo cumplimiento con los acuerdos suscritos el día 2 de abril de 2025 en lo que debió ser la sesión de la Mesa Territorial y terminó siendo un grupo de apoyo ampliado, su silencio es motivo de preocupación y no demuestra para nada el compromiso que ha adquirido la Defensora Nacional Iris Marín con el Proceso Nacional de Garantías y las Mesas Territoriales. Es imperativo que la defensoría cumpla sus funciones como secretaría técnica y dinamice de manera diligente los espacios que le corresponde.
3. Al Ministerio del Interior celeridad frente al nombramiento de la persona responsable de la dirección de DDHH del ministerio. En la cual reafirmamos que esta debe elegirse teniendo en cuenta los criterios propuestos por las plataformas de DDHH para la persona que ocupe esta dirección^[1]. La demora en el nombramiento ha dilatado y retrasado los compromisos del ministerio para con el Proceso Nacional de Garantías y las Mesas Territoriales.
4. Solicitamos una reunión de carácter urgente y extraordinaria de grupo de apoyo con presencia de la Defensora Nacional del Pueblo Iris Marín y del secretario de Gobierno del Distrito Gustavo Quintero Ardila, con el propósito de buscar soluciones a las problemáticas que se han presentado con la MTG de Bogotá. En esta reunión resulta de suprema importancia la participación y el rol como garantes de la comunidad internacional, especialmente de la Oficina en Colombia para los DDHH de Naciones Unidas, la Misión de Verificación y de ONU Mujeres, a las cuales agradecemos su disposición para acompañar los espacios y a las organizaciones sociales.