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Fiscalía
Solo 2,4 % del dinero de indemnizaciones ha salido de bienes de ‘exparas’ en el Fondo de Reparación.
Puclicado originalmente en EL TIEMPO
Han pasado 17 años de la Ley 975 de 2005, llamada ley de Justicia y Paz, para la desmovilización y el juzgamiento de exparamilitares, que creó además el Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV) para pagar las indemnizaciones ordenadas en las sentencias, y en todo este tiempo solo 17 de los bienes inmuebles entregados por los ‘exparas’ han podido monetizarse para cumplir con ese fin.
Esto pese a que el fondo administra 1.997 bienes inmuebles de exparamilitares, avaluados en 670.787’453.797 pesos, entre los que hay predios rurales y urbanos, a los que se suman electrodomésticos, automotores, joyas y sociedades.
El balance es tan bajo, según cifras del mismo fondo conocidas por EL TIEMPO, que de los 28.308 hechos victimizantes sobre los que el Fondo ha ordenado reparación tras los fallos de Justicia y Paz, el 97,6 por ciento, correspondiente a 556.944 millones de pesos, se ha pagado con recursos del Presupuesto General de la Nación, y solo el 2,4 por ciento, 13.972 millones de pesos, se ha pagado con recursos del FRV y del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco).
Detrás de estas pésimas cifras hay líos como que la mayoría de los bienes entregados están en regular estado, incluso hay 215 que están en ruinas, otros se encuentran en zonas de reserva forestal, y entre las principales dificultades a la hora de monetizarlos se cuentan que en algunos bienes hay ocupantes no autorizados, presencia de cultivos ilícitos y minería ilegal, o tienen condiciones geográficas o de orden público que imposibilitan su administración.
La hacienda San Juan de Bedout, icónica por las reuniones de los jefes paramilitares de la casa Castaño. Un juez ordenó entregarla para reparación a víctimas. Foto de archivo.
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Fiscalía General de la Nación
Los problemas no son nuevos, explicó la abogada María del Pilar Silva, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, sino que desde el comienzo había una desfinanciación de recursos que obligó al Estado a asumir el pago de las sentencias para las que no alcanzaban los bienes de los ‘exparas’.
Hernando Herrera Mercado, director de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), también indicó que en los procesos de Justicia y Paz la reparación “es la deuda más grande que existe con las víctimas”, que no han podido acceder a los montos que se ordenan en sentencias.
Hay dos factores que han influido en esto –señaló–, el primero es que quienes estaban principalmente llamados a responder para reparar a las víctimas “eran los exparamilitares y exguerrilleros desmovilizados en el marco de esta ley, pues debían entregar su dinero y sus bienes como forma de resarcir el daño; no obstante, en realidad son muy pocas las reparaciones que se han pagado con dineros producto de esas entregas”.
En este punto hay que recordar que al FRV no solo llegan bienes de ‘exparas’, sino también los que a cualquier título entreguen las personas o grupos armados ilegales, donaciones en dinero o en especie, nacionales o extranjeras.
El segundo factor que según Herrera ha influido en la poca reparación a las víctimas es que cuando la Ley de Justicia y Paz fue expedida, los montos de las reparaciones se calculaban por el daño moral, emergente y el lucro cesante, pero en 2011, tras la expedición de la Ley de Víctimas, “se estableció que el Estado no era el condenado principal y solo debía responder hasta los topes fijados por la Unidad en lo que hoy se conoce como la reparación administrativa. En este sentido, el monto determinado por el juez varía, en ocasiones, de la reparación administrativa que se le reconoce a la víctima”.
Revisar la siguiente infografía:
Luz Marina Hache Contreras, vocera del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), afirmó que además de que las víctimas de estos crímenes han sido invisibilizadas y el proceso de reparación es lento, “al igual que el Estado no ha querido reconocer lo que le corresponde, los paramilitares por su cuenta han querido pasar de agache en el tema de la reparación con el argumento de que lo único que tenían eran un poco de barcazas viejas y cosas de ese estilo”.
Hache añadió que otra parte de la reparación que esperan es frente a los desaparecidos. “Que digan dónde están, quién se benefició con su desaparición. No es el dinero el que nos mueve a exigir verdad y justicia, sino saber efectivamente qué pasó con las personas”, expuso
En cuanto a la reparación que sale del FRV a partir de las sentencias de Justicia y Paz, la ley establece que, como ha venido pasando, cuando los recursos entregados por los postulados no sean suficientes, el Estado la asuma de manera subsidiaria, reafirmó Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas, entidad a la que está adscrito el Fondo.
Pero además de esos pagos, la nación también está a cargo de la llamada reparación integral de las personas que han sido reconocidas como víctimas del conflicto en el Registro Único de Víctimas (RUV).
Hasta ahora, dijo el director de la Unidad, la medida de indemnización administrativa ha sido entregada a 1’271.937 víctimas, a quienes se han girado en total 9.012.396’896.841 pesos, con corte al 30 de junio, “lo que significa que alrededor del 13 por ciento de la población víctima ha accedido a la medida de indemnización administrativa, si se tiene en cuenta que cerca de 9’294.225 personas han sido identificadas y registradas como víctimas del conflicto armado, de las cuales 8’663.330 son susceptibles de recibir la medida”.
Además de los pagos, el funcionario expresó que se ha trabajado, junto con el Ministerio de Salud, en medidas de rehabilitación y atención psicosocial, así como acompañado jornadas de restitución de tierras y entregado mensajes estatales de dignificación de las víctimas y reconocimiento de los hechos victimizantes, pero el camino es largo y los retos amplios.
“El principal desafío en la reparación individual sin duda ha sido la capacidad financiera y operativa para responder a la medida de indemnización, lo cual, sumado al continuo crecimiento del número de víctimas que diariamente alimentan el registro, representa dos retos fundamentales para la institucionalidad. El primero, relacionado con la necesidad de crear un mecanismo para optimizar el gasto público asociado a esta medida; el segundo, asociado a la imposibilidad de calcular de manera certera cuántas personas se encuentran pendientes de acceder a esta medida, porque, de un lado, se siguen sumando víctimas al RUV y, por otro, hechos como el homicidio o la desaparición forzada implican la necesidad de ubicar a las personas que tendrían derecho a acceder a esta medida”, señaló Rodríguez.
El director de la Unidad añadió que respecto a las víctimas de desplazamiento también está el reto de generar condiciones para que puedan permanecer en los lugares en donde han decidido continuar con sus vidas.
La líder de Movice añadió otro reto, en especial para el nuevo gobierno: “Hoy, que se está hablando tanto de paz total, las víctimas decimos sí a la paz, pero sin impunidad, con verdad y con reparación integral. La reparación no debe ser solo económica y a migajas”, concluyó.