Publicada originalmente en El Espectador

El pasado fin de semana, dos desconocidos entraron a la vivienda de Soraya Gutiérrez, vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y delegada de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. En diálogo con El Espectador, la abogada habló del contexto de estos hechos y otros hostigamientos de los que han sido históricamente víctimas los integrantes de este colectivo.

Soraya Gutiérrez, abogada del Cajar desde hace más de 30 años.

Foto: Corte IDH

No es la primera vez que Soraya Gutiérrez, vicepresidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), ve amenazada su vida y, especialmente, su trabajo como defensora de los derechos humanos. Hace ocho días encontró su casa completamente desordenada y los celadores del lugar donde vive le explicaron cómo alcanzaron a percatarse de la situación, alertar a los hombres que intentaron robar su vivienda y lograr que soltaran tres computadores y otros equipos que trataban de llevarse.

El incidente ocurrió justamente cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se apresta a tomar una decisión en el caso que busca responsabilizar al Estado colombiano por hostigamiento y persecución en contra de miembros del Cajar, donde ella trabaja hace más de 30 años. La abogada Gutiérrez habló en entrevista con El Espectador sobre la situación que vuelve a vivir, ahora como delegada de las Plataformas de Derechos Humanos ante la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia creada por el Acuerdo de Paz con las Farc.

La función de la Comisión es construir una política pública para el desmantelamiento de estructuras y conductas criminales responsables del asesinato de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz. ¿Considera que esta finalidad pudo haber influido en los hechos de los que fue víctima hace ocho días?

En la Comisión hemos trabajado intensamente para crear esa política pública, pero todavía hay muchos poderes al interior del establecimiento. Creo que hay voluntad del Gobierno de hacer cambios, de avanzar, de transformar, de garantizar la vida de las defensoras y de firmantes de Acuerdo de Paz. Hay una voluntad política por medio del discurso, que tiene que traducirse en transformaciones reales, pero siento que hay muchos sectores que quieren desestabilizar y generar un clima de inseguridad, de que todo está peor, de que nada se está transformando. En ese contexto es que se presenta el ingreso a mi casa.

¿Qué estaba pasando esos días con relación a esa política?

Justo el fin de semana estábamos debatiendo y concertando la política pública de desmantelamiento. Se metieron a mi casa violando la seguridad. Revolvieron absolutamente cada rincón de la casa, o sea, el mensaje es claro: “Fuimos capaces de meternos a su casa y esculcar hasta lo más íntimo”, porque no escatimaron el esfuerzo en absolutamente esculcar todo. Lo único que se llevaron fueron los tres computadores, pero la celaduría logró reaccionar a tiempo, se dio cuenta cuando estaban escalando el muro, alertaron, las personas se fueron corriendo y soltaron los morrales.

El 21 de abril de 2023, cuando se dirigía a una jornada relacionada con el trabajo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el abogado del Cajar, Juan David Romero, quien apoya su labor, fue víctima del hurto de su teléfono celular, desde el cual intentaron acceder a los archivos institucionales y cambiaron las claves de ingreso con el propósito de impedir su recuperación. Asimismo, hace menos de un año, ocurrió una situación similar en la vivienda de la defensora de derechos humanos Yessika Hoyos Morales, también integrante del colectivo. ¿Qué lectura le da a ese tipo de vulneraciones tan particulares?

Creo que eso está ligado a lo que hemos venido trabajando nosotros. Hemos señalado que a pesar de que hay un Gobierno del cambio, que quiere hacer transformaciones de todas formas, no es fácil, no es de una decisión, sino de un proceso. Nosotros entendemos que hay temas importantes que no han avanzado, de la impunidad, de la verdad, de reformas de la fuerza pública y acceso a los archivos de seguridad y de inteligencia. Tenemos que cerrar ese punto en la historia de Colombia y resolver quiénes han estado detrás de estos dos crímenes, quiénes han ordenado, quiénes aún mantienen esas relaciones con esas estructuras y quiénes siguen amenazando y catalogando a quienes defienden derechos humanos o a quienes luchan por sus derechos para que sigan siendo blanco de asesinatos. En mi caso, se ve que se quieren meter a mi espacio, a mi casa y mi intimidad, y significa que también tienen un fuerte componente de género.

Cuando hablamos de ese componente, ¿cómo es la agudización de la amenaza cuando se es una mujer defensora de derechos humanos?

Creo que las mujeres siempre enfrentamos mucho más, no solamente porque estamos en una sociedad muy patriarcal, en la cual las mujeres tenemos que forjar un camino con mayor esfuerzo que a los hombres. Entonces, en cualquier profesión o área, no solamente en la defensa de derechos humanos, es muy difícil construir procesos donde ese modelo de relaciones desiguales está tan presente. Por eso, cuando se construye un proceso de liderazgo, a las mujeres nos atacan de otras formas, como amenazándonos con nuestros hijos, a través de violencias basadas en género y la violencia sexual. Significa que ahí hay un fuerte componente en donde la amenaza ataca tu condición de ser mujer, de ser lideresa, de ser madre, por eso es por lo que tratan de siempre meterse con nuestros hijos o hijas, de ingresar a nuestras casas, donde es como el sector sagrado para una mujer, porque también nosotros somos cuidadoras, somos del hogar. En ese sentido, siempre la situación es distinta.

¿Qué relación cree que pueden tener estas amenazas cuando justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos avanza en el caso por violencia, intimidación y hostigamientos en contra de miembros del Cajar desde los años 90 hasta la actualidad?

Actualmente, el caso nuestro por la persecución y amenazas sistemáticas contra el colectivo, que ha sido histórica y permanente, ayudó a que presentáramos el caso ante la Corte Interamericana. El año pasado tuvimos audiencia en la Corte y estamos esperando para que responda y el Estado tome su responsabilidad en todos los actos de agresión contra el colectivo. En ese contexto, yo uso algunas medidas de protección del Estado, como algunas que me pusieron hace 10 años, o en 2005, cuando me mandaron una muñeca descuartizada con mensajes muy claros, y mi hija tenía 5 años. Eso originó que tuviera que salir de mi casa, después supimos que fue el DAS el que estuvo detrás. Por eso, más que tratar de amedrentar, creo que es un acto de violencia con unidad a los antecedentes donde buscan generar zozobra, inseguridad y, por supuesto, que hace parte de una persecución sistemática contra el colectivo y contra personas defensoras de derechos humanos.

¿Qué análisis hace de que esto suceda en este Gobierno en particular?

Creo que el discurso ha cambiado, pero todavía hay un sector dentro del establecimiento que considera que el trabajo que desarrollamos en la defensa de los derechos humanos es un peligro, es un riesgo, y es tildado como si fuéramos enemigos. Nosotros no somos enemigos, nosotros luchamos por lo que el Estado tiene que cumplir como garante de derechos. Entonces es allí desde donde se originan esas amenazas. Por eso, esa decisión de la Corte IDH que estamos esperando es para que avancemos en políticas más estructurales para atacar las amenazas y que se garantice la labor que desarrollamos. Como plataformas derechos humanos, cuando inició el Gobierno, le entregamos un plan de emergencia para la protección de personas de derechos humanos, que se han venido implementando lentamente. Sin embargo, eso no ha evitado que sigan asesinando a personas en el territorio, a pesar de que han sido menos personas, una vida es una vida, y la situación de violencia persiste.