Continúan las acciones de revictimización contra las comunidades, se extiende el sufrimiento mientras los encargados de la obra negocian entre ellos.

EPM, Hidroituango, la ANLA y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible continúan revictimizando a las víctimas del megaproyecto Hidroituango. Las entidades se negaron a presentar propuesta de conciliación para reparar a las más de 600 demandantes agrupados en el Movimiento Ríos Vivos que se encuentran solicitando reparación directa, y que hoy acudieron a la audiencia de conciliación prejudicial convocada por la Procuraduría General de la Nación.

Queda en evidencia que a la alcaldía de Medellín propietaria de EPM cuyo alcalde es Daniel Quintero y a la Gobernación de Antioquia cuyo gobernador es Aníbal Gaviria sólo les interesa conciliar con grandes contratistas de la obra que destruyó los medios de vida y de subsistencia de las comunidades y no con las víctimas que estas nefastas acciones han generado.

Las entidades negaron su participación en la emergencia ambiental que provocó el desplazamiento forzado de los habitantes en varios municipios de Antioquia. Esta postura institucional se suma a una serie de acciones que atentan contra las comunidades afectadas, como la suspensión de las ayudas humanitarias de emergencia o la revicitvimización que se ha enfocado en señalar a los accionantes del Movimiento Ríos Vivos.

También sorprende la actitud poco conciliadora y contradictoria de EPM y su junta directiva. Esta compañía ha señalado abiertamente en medios de comunicación que la responsabilidad del colapso de uno de los túneles de la represa se originó por deficiencias en el control, diseño y vigilancia del megaproyecto. Sin embargo, ante los estrados judiciales y ante las víctimas continúa con su actitud de negar las responsabilidades que la propia entidad ha reconocido en busca de réditos políticos y económicos. Con estos actos procesales entorpece la posibilidad de recuperación de los cientos de víctimas que hoy reclaman por una reparación integral.

Cada una de las personas que interpusieron la acción de reparación directa buscaban que fuera atendida su solicitud de conciliación con el ánimo de que sus vidas vuelvan al estado en el que se encontraban antes de que la emergencia social y ambiental provocada por Hidroituango. La imposibilidad de continuar desarrollando su cultura, la ausencia de alimentos que ha dejado las acciones de EPM e Hidroituango, la hambruna generalizada, la pérdida de infraestructura comunitaria, la incertidumbre y las problemáticas de salud mental, entre muchas otras situaciones de extrema gravedad, se están convirtiendo en una situación sistemática de vulneración de derechos fundamentales contra los afectados por esta actitud institucional de negar pública y judicialmente su responsabilidad para remediar esta crisis. El resultado concreto de no tener ánimo conciliatorio es la continuidad del sufrimiento de las víctimas de Hidroituango.

Extendemos un llamado a la Alcaldía de Medellín, a EPM, la Gobernación y demás entidades involucradas para que cesen esta actitud hostil contra las víctimas y reconozcan su participación en la vulneración sistemática de derechos. Como Movimiento continuaremos atendiendo los requerimientos judiciales y las vías legales necesarias para conseguir el cese y la reparación de uno de los procesos de revictimización más graves de las últimas décadas.

Comunicado completo: comunicado_audicencia_de_conciliacion

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