Bogotá, 26 de enero de 2024. Luego de casi 30 años de búsqueda de justicia y verdad, el Estado colombiano reconocerá públicamente su responsabilidad internacional por la desaparición forzada de los jóvenes Jhon Ricardo Ubaté y Gloria Mireya Bogotá, cometida el 19 de mayo de 1995, por integrantes de la Policía Nacional, Unidad Antiextorsión y Secuestro (Unase), de la ciudad de Cali, Valle del Cauca.

Si bien el Estado ya había aceptado su responsabilidad por escrito, este martes 30 de enero de 2024 lo hará públicamente durante la Audiencia Pública convocada por la Corte IDH para el caso, la cual se realizará en San José de Costa Rica, desde las 10:00 a.m. (Hora colombiana), en el marco del 164° Período Ordinario de Sesiones.

“Queremos que este delito que hoy es reconocido internacionalmente tenga el mismo peso en la justicia colombiana. El Estado debe reconocer también que la desaparición forzada ha sido utilizada como mecanismo para acallar las voces de quienes les parecen subversivos y contradictorios a sus propósitos,” señaló Sandra Ubaté, quien desde muy joven asumió la búsqueda de su hermano Jhon Ricardo y de Gloria, a quien nunca conoció, pero saber quién era y que fuera también buscada se volvió su cometido.

Por su parte, Amanda y Sonia Bogotá, hermanas de Gloria, esperan que el Estado se comprometa con la creación de condiciones que garanticen la no repetición de los hechos del caso, así como con la búsqueda de los miles de desaparecidos y el apoyo a sus familiares. “No existe una razón que justifique que una persona sea desaparecida por el Estado”, indicaron.

Específicamente, el Estado colombiano reconoció que fue responsable por la desaparición forzada de Jhon Ricardo y Gloria, por la falta de investigación de los hechos y judicialización de los responsables, por no haber desplegado con prontitud una estrategia de búsqueda diligente y coordinada con las víctimas, así como por el exilio al que se vieron forzadas algunas víctimas del caso.

“Este reconocimiento significa una dignificación de la memoria de las víctimas y el reconocimiento a la verdad que sus familiares han sostenido durante casi 30 años. Esperamos que haya un cumplimiento de la decisión que ordene finalmente la Corte IDH, así como de las medidas de reparación que se han pactado; principalmente, la sanción de los responsables y la búsqueda de Jhon Ricardo y de Gloria, que son los principales objetivos de la familia al acudir a instancias internacionales,” señaló Jomary Ortegón, vicepresidenta del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y representante de las víctimas ante la Corte IDH.

Los hechos

El 19 de mayo de 1995, los jóvenes Jhon Ricardo Ubaté, de 24 años, y Gloria Bogotá, de 22 años, fueron detenidos por agentes policiales frente a las instalaciones de la Clínica Tequendama y posteriormente, desaparecidos de manera forzada.

“Richard”, como le dice cariñosamente su familia, era desmovilizado del Ejército Popular de Liberación (EPL) y para el momento de su desaparición estaba desarrollando, junto con Gloria, un importante trabajo social en el sector de Siloé (Comuna 20 de Cali), donde venían ocurriendo una serie de violaciones a los derechos humanos que él había denunciado días antes de su desaparición.

La abogada Jomary Ortegón explica que este hecho se inscribe en un contexto de desapariciones forzadas cometidas en la década de los 90, directamente por agentes estatales. “A diferencia de la década siguiente, en la que muchas desapariciones fueron cometidas por grupos paramilitares, durante los 90 los perpetradores principales fueron agentes de la Policía y del Ejército, es decir, estamos ante un verdadero crimen de Estado.

Gracias a la labor de Sandra Ubaté, quien ha dedicado casi 30 años de su vida a la búsqueda incesante de su hermano y de Gloria, se logró identificar a los responsables de los hechos, integrantes de la Unase, quienes fueron individualizados, investigados y llevados a juicio. Sin embargo, de manera inexplicable, un juzgado de Cali los absolvió y no notificó a las víctimas ni a sus representantes, por lo que no se pudo apelar la decisión. Desde ese momento los responsables se encuentran en libertad.

Los familiares de Jhon Ricardo y Gloria aún desconocen su paradero y no han obtenido justicia, razón por la cual, en diciembre de 2022, la Comisión Interamericana sometió el caso a la Corte IDH, escenario en el que se espera una decisión que aporte al cumplimiento de esas obligaciones estatales y al reconocimiento de la labor de las mujeres buscadoras, particularmente de aquellas que deben hacerlo desde el exilio.

La audiencia será retransmitida a través de https://www.facebook.com/colectivodeabogados/