Este reconocimiento se realizó en el marco de un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones del Informe de Fondo No. 174/20 proferido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación de los derechos a la integridad personal, las garantías judiciales, los derechos de la niñez, la libertad de circulación y residencia, la protección judicial y el derecho al trabajo de la señora Meneses y su familia. 

Bogotá, 16 de noviembre de 2024. En acto público desarrollado el día de hoy en el municipio de Pitalito, Huila, el Estado colombiano, representado por la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Lourdes Castro, reconoció su responsabilidad en el caso de Aránzazu Meneses e hijos, víctimas de desplazamiento forzado desde 2001, ocasionado por una serie de actos violentos en contra de la víctima y la falta de investigación de los hechos y atención a la situación humanitaria de la familia.

La funcionaria, que a nombre del Estado reconoció su responsabilidad internacional, resaltó que las entidades fueron incapaces de reconocer y atender de manera diligente los factores de riesgo que la señora Meneses enfrentaba por ser mujer, sindicalista, integrante de la misión médica e integrante de la Unión Patriótica (UP), lo que produjo graves violaciones a los derechos humanos que se prolongaron por 23 años. También manifestó el compromiso de avanzar en la implementación de las medidas acordadas en el marco del caso.

“ [Aránzazu] sufrió el asesinato de su esposo Alirio Chavarro, perdió su trabajo, tuvo que desplazarse internamente y eso afectó su condición económica, su salud y el cuidado de sus hijos como madre cabeza de familia (…) Además, enfrentó la falta de diligencia de la justicia en las investigaciones por las amenazas y el atentado del que fue víctima, la carga de la prueba se puso en ella, en la víctima. El Estado tampoco no vió los impactos diferenciados, ni dió la debida atención en salud a ella y a sus hijos” indicó la Consejera Presidencial, quien reconoció la lucha contra la impunidad y el aporte social de la señora Aránzazu, así como la labor de las personas defensoras de DD.HH en Colombia.

La señora Aránzazu, quien envió un mensaje de fortaleza a las mujeres y agradeció a  Jomary Ortegón, abogada del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) por su acompañamiento, así como a todas las personas que la apoyaron, manifestó que “Han sido 23 años de lucha incansable tras el asesinato de mi esposo y el atentado que casi acaba con mi vida. Hoy podemos celebrar un paso importante, el respeto y reconocimiento por parte del Estado colombiano de los daños sufridos y de la falta de protección que vivimos (…) Llamo al país a erradicar las estigmatizaciones y las persecuciones en contra de cualquier ser humano por sus creencias políticas. Nadie debería vivir lo que viví junto a mis hijos y mi esposo por ser sindicalista (…) Espero que mi historia inspire a Colombia a avanzar hacia la reconciliación, la justicia y la paz (…)”

Por su parte, Jomary Ortegón, vicepresidenta del Cajar y representante de las víctimas, destacó que la decisión de la CIDH dignifica el camino recorrido por la señora Aránzazu y su familia, al tiempo que reconoce las múltiples vulneraciones a sus derechos y establece por primera vez en un caso colombiano la afectación al derecho al trabajo, reconociendo los desafíos que enfrentan quienes se ven forzados a abandonar su lugar de origen en razón al conflicto armado y la violencia política.

“Solicitamos a la Fiscalía General de la Nación avanzar prontamente en las investigaciones, para el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables. A la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, le llamamos a continuar implementando todas las medidas contenidas en el Acuerdo de Cumplimiento de Recomendaciones y a la Unidad para las Víctimas a adoptar, como establece el acuerdo de cumplimiento, medidas efectivas para la protección integral y la reincorporación económica de las mujeres víctimas de desplazamiento forzado como pasos fundamentales para el restablecimiento de derechos de la victima”, agregó la abogada.

También intervinieron la Defensora del Pueblo, Iris Marín, quien se comprometió a acompañar a las víctimas en adelante y a tomar acciones para que hechos como estos no se repitan en Colombia y para que se pueda atender mejor a las personas que acuden a esa institución en búsqueda de apoyo y protección, que fueron insuficientes en su momento para proteger a la señora Aránzazu y sus hijos e hijas; así como el Director General de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés, quien resaltó que el Estado no solo reconoce su responsabilidad sino su compromiso con la reparación integral de las víctimas, por lo que se continuará desde esa Entidad liderando la coordinación institucional que el caso requiere.

El caso de Aránzazu Meneses ilustra las graves consecuencias del conflicto armado en Colombia. Tras el asesinato de su esposo Alirio Chavarro en 2001, un atentado en su contra y continuas amenazas en el municipio de Florencia, Caquetá, la señora Aránzazu, quien laboraba en el Hospital María La Inmaculada, solicitó ser trasladada a un establecimiento hospitalario con mejores condiciones de seguridad. Sin embargo, la respuesta institucional fue precaria e insensible, lo que la obligó, a agotar todas las vías legales que tenía a su disposición, y ante su ineficacia, a desplazarse y enfrentar el desarraigo, con todas las consecuencias económicas, materiales y emocionales que ello implica.

El acto público, realizado en el parque central de Pitalito, contó además con la presencia de Lesdy Marlody Quiñones, directora de la territorial en Caquetá y Huila de la Unidad para las Víctimas.

Para el Cajar, es imperativo que el Estado colombiano ponga a las víctimas en el centro de su actuar, y aborde sus necesidades desde un enfoque holístico, interseccional y de género, de manera que las instituciones estén verdaderamente a su servicio. Reconocer la responsabilidad internacional, implica actuar frente a los daños generados, la atención de los dolores, restaurar la dignidad fracturada y honrar la palabra comprometida .