Por orden de la Corte Constitucional, quien reiteró que el Estado colombiano debía cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el pasado jueves 31 de agosto de 2017, el Estado colombiano le pidió perdón a las víctimas de la masacre de Santo Domingo, Arauca,…

… en un acto público de reconocimiento de responsabilidad realizado en el mismo lugar donde hace casi 20 años, el 13 de diciembre de 1998, un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana FAC arrojó un dispositivo cluster (granada racimo) sobre la comunidad de Santo Domingo que se encontraba celebrando un bazar.

Producto de esta acción indiscriminada resultaron muertas 17 personas, de las cuales 6 eran niños y niñas, y otras 27 resultaron heridas. Las personas sobrevivientes, fueron objeto de ametrallamientos posteriores cuando intentaban auxiliar a los heridos. En razón del temor, sobrevivientes en un número aproximado de 300 personas, se vieron obligados a desplazarse hacia los municipios de Betoyes, Tame y Saravena. En diciembre de 1998, Santo Domingo quedó convertido en un pueblo fantasma. A la fecha, ni las víctimas, ni la comunidad han sido reparadas por estos hechos.

Ante la justicia nacional e internacional la Fuerza Aérea intentó en repetidas ocasiones desviar su responsabilidad en las muertes de civiles en Santo Domingo, atribuyendo la masacre a la inexistente explosión de un camión atribuida a la guerrilla FARC-EP. Esta tesis fue desvirtuada por los hallazgos y conclusiones de la Fiscalía General de la Nación, avalada por decisiones del Juzgado 12 Penal del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá quienes profirieron decisiones de condena contra de la tripulación del helicóptero UH1H 4407 desde el cual se lanzó el dispositivo.

Finalmente, la Corte IDH estableció la responsabilidad del Estado Colombiano por la violación al derecho a la vida y el derecho a la integridad personal, con base en las decisiones de jueces penales y administrativos colombianos. En consecuencia, ordenó como medida de satisfacción, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, para crear conciencia sobre los hechos ocurridos.

Pese a que esta orden le fue notificada al Estado desde el año 2012 y debió ser cumplida en un plazo de seis meses, sólo hasta ahora comienza la reparación de las víctimas a través de este acto simbólico, y como consecuencia de una orden judicial de tutela.

En su sentencia la Corte Constitucional señaló que el Estado no sólo ha incumplido el fallo de la Corte IDH sino que, en la fase de cumplimiento, a través del Ministerio de Defensa ha pretendido reabrir un debate jurídico sobre la autoría de los hechos. Para la Corte Constitucional, la concertación de la medida no significa que “los hechos por los cuales el Estado colombiano fue condenado en instancias internacionales se puedan modificar [toda vez que] no se trata de buscar consensos sobre qué es lo que se va a reconocer, pues la Corte Interamericana ya fijó esos parámetros”.

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El Perdón

El acto de reconocimiento de responsabilidad y perdón público se realizó en la vía principal del caserío de Santo Domingo, en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos hace casi 20 años. Con la asistencia de más de mil personas provenientes de los siete municipios de Arauca, de distintas regiones del país e incluso familiares de víctimas que viven en Canadá. También contó con el acompañamiento de organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos de Arauca y Bogotá. El acto estuvo acompañado por la transmisión de microdocumentales con relatos de habitantes del caserío de Santo Domingo, que perdieron seres queridos ese 13 de diciembre de 1998.

El Ministro de Justicia Enrique Gil Botero, pidió perdón en nombre del Estado colombiano por los hechos ocurridos el 13 de diciembre de 1998: “Expreso claramente que el Estado colombiano reconoce su responsabilidad internacional en estos hechos por los cuales fue encontrado responsable por violación a los derechos a la vida, a la integridad personal, a la propiedad privada, al derecho de circulación y residencia,” dijo el ministro.

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Después, y señalando que aunque sus palabras no resarcen lo sucedido, agregó que son una muestra del compromiso para evitar que hechos de la misma naturaleza se repitan en el futuro.“Las lamentables muertes ocurridas ese diciembre de 1998 ocasionadas en el marco del conflicto armado no se justifican, como tampoco las heridas de distinta naturaleza sufrida por todas las víctimas y por toda la población de Santo Domingo.”

Con el reconocimiento de la masacre, lo que esperan las víctimas de aquí en adelante es un cambio de postura por parte del Estado, ellas reclaman que se reconozcan las indemnizaciones ordenados por la Corte IDH y procesos de rehabilitación para los sobrevivientes. Como lo dijo Alba Yaneth García Guevara:“Ya nuestros muertos no los podemos resucitar. ¿Qué queremos nosotros los de Santo Domingo? Que haya inversión social para nuestro pueblo, queremos ver un puesto de salud, una buena escuela, los parques para los niños que quedan.”

¿Las víctimas en el centro?

Las víctimas y pobladores del caserío valoraron la importancia de este acto público de reconocimiento de responsabilidad y solicitud de perdón, pero no dejaron de señalar las deudas en materia de justicia, reparación y no repetición que el Estado tiene con Santo Domingo.

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Uno de los representantes de las víctimas Tito Augusto Gaitán, de la Asociación Mingaque junto con el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo,” la Corporación Humanidad Vigente, y la Fundación Regional de Derechos Humanos Joel Sierraacompaña este caso desde sus orígenes, destacó en su intervención que no ha habido un compromiso cierto de investigar la masacre de Santo Domingo y añadió que la relación subordinaría de Colombia con los Estados Unidos llevó a que mercenarios estadounidenses prestaran su colaboración a la fuerza pública en la perpetración del crimen.

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En el proceso penal ante la justicia colombiana, los oficiales César Romero y Johan Jiménez Valencia de la Fuerza Aérea colombiana, FAC, fueron condenados a 35 años de prisión pero esta condena se encuentra en revisión en la Corte Suprema de Justicia. El fallo reconoce el lanzamiento del dispositivo cluster que causó la muerte de 17 habitantes del caserío, entre ellos 6 niños. Un coronel y un mayor también son investigados por los disparos aéreos contra los pobladores que huían. Hoy se encuentran libres por vencimiento de términos, después de haber estado privados de la libertad durante cuatro meses.

A su turno, Sonia Milena López a nombre de la Fundación Joel Sierra declaró que se ha estigmatizado a las víctimas y a la población araucana de ser miembros de la insurgencia, lo que ha llevado a la muerte a sobrevivientes y testigos de la masacre.También denunció la estrategia del Estado y los medios de comunicación para distorsionar la realidad de los hechos ocurridos en Santo Domingo. También dejó en claro que todavía quedan pendientes por cumplir los otros aspectos de la condena emitida por la Corte Interamericana: el adelanto de las investigaciones penales y disciplinarias para determinar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, una atención integral en salud a las personas heridas y la reparación integral de quienes fueron víctimas a causa de la masacre y que después de 19 años no han sido reparadas. Y aún durante el acto mismo varios episodios hicieron dudar sobre la voluntad estatal de reconocer, respetar y reparar a las víctimas de estos hechos.

Aunque las palabras del ministro enfatizaron en que “Ustedes las víctimas son el centro del perdón público que hoy nos convoca así como del reconocimiento de responsabilidad del Estado en materia internacional” los hechos demostraron algo distinto. Y aunque en principio la primera fila estaba destinada para las víctimas, luego fueron militares uniformados, funcionarios de la Unidad de Víctimas, junto con integrantes de la iglesia católica quienes fueron ubicados en estas sillas.

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Cabe señalar también que el acto se caracterizó con una fuerte presencia militar sin que se evidenciara una necesidad real de la misma. También que varias personas del Estado llegaron en helicópteros que sobrevolaron el caserío a su llegada, lo que todavía le produce temor a muchos de los pobladores de Santo Domingo, teniendo en cuenta que fue desde un helicóptero de la Fuerza Aérea, que fue lanzado el dispositivo clúster que hace 19 años que le arrebató la vida a sus seres queridos.

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El acto de reconocimiento de responsabilidad y perdón público culminó con un acto simbólico dirigido por Leonel Vásquez, artista bogotano dedicado al arte sonoro. Alrededor del monumento a las víctimas de la masacre se sembraron 17 árboles, en representación de cada una de ellas y al costado de cada árbol fueron instaladas sillas para que los familiares se sentaran al lado de su respectivo árbol y trataran de escuchar las voces de aquellos ausentes.

“Cada uno de esos árboles es la representación de un pasado oscuro,” dijo Vásquez.
“¿Cuántas cosas nos dirían? Hoy esos árboles nos lo están diciendo a través de las voces de los vivos, de sus familiares.”

Mientras que las víctimas se dirigían a realizar este homenaje a sus seres queridos, el resto de los asistentes ya estaban dispersos y ellas se quedaron solas en este acto solmene.

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La verdad, la justicia, la reparación integral, el reconocimiento pleno de lo ocurrido en Santo Domingo y el cese de la estigmatización contra las víctimas de la masacre, serán las verdaderas garantías de no repetición que prometió en sus palabras el Ministro de Justicia.

Víctimas de la masacre de Santo Domingo:

Niños y niñas:
Jaime Castro Bello
Egna Margarita Bello Tilano
Luis Carlos Neite Méndez
Deysi Katherine Cárdenas Tilano
Oscar Esneider Vanegas Tulibila
Geovany Hernández Becerra

Adultos:
María Yolanda Rangel
Teresa Mojica Hernández
Edilma Leal Pacheco
Nancy Ávila Castillo
Luis Orlando (Levis Hernando) Martínez Carreño
Luis Enrique Parada Ropero
Salomón Neite
Arnulfo ArciniegasVelandia (o Calvo)
Pablo Suárez Daza
Carmen Antonio Díaz Cobo
Rodolfo Carrillo