El Acto se realizó en el parque principal del municipio de Cabrera, Cundinamarca, a las 10 a.m. en cumplimiento de la sentencia proferida el 7 de mayo de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró administrativamente responsable al Estado Colombiano – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial de Helvir Torres y la puesta en peligro de la vida de Fredy Torres, indicando “(…) que el Ejército Nacional incurrió en un falla del servicio al propinar la muerte a una persona y poner en peligro la vida de otros no combatientes que se encontraban en estado de indefensión.

Este sábado, 17 de septiembre de 2016, el viceministro Aníbal Fernández de Soto, en nombre del Estado colombiano- Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, reconoció la responsabilidad y pedirá perdón por la ejecución extrajudicial de Helvir Antonio Torres y la puesta en peligro de la vida de Fredy Torres.

El Acto se realizó en el parque principal del municipio de Cabrera, Cundinamarca, a las 10 a.m. en cumplimiento de la sentencia proferida el 7 de mayo de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró administrativamente responsable al Estado Colombiano – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la ejecución extrajudicial de Helvir Torres y la puesta en peligro de la vida de Fredy Torres, indicando que tal responsabilidad radica en “(…) propinar la muerte a una persona y poner en peligro la vida de otros no combatientes que se encontraban en estado de indefensión. Este hecho se encuadra con lo que el derecho penal y el derecho internacional de los derechos humanos tienen señalado como un comportamiento totalmente proscrito y reprochable: la ejecución extrajudicial y sumaria de personas para hacerlas aparecer como combatientes “dados de baja” (…)”

Hace 10 años, el 17 de septiembre de 2006, los ciudadanos Helvir Antonio Torres y su primo Fredy Torres fueron engañados y alejados de Cabrera Cundinamarca, su entorno familiar y comunitario, para hacerlos aparecer como guerrilleros muertos en combate. Helvir murió en la escena simulada por el Batallón de Infantería 39 del Sumapaz, en tanto Fredy logró escapar y denunciar los hechos ese mismo día, a la vez que desde el Batallón se emitíaninformes indicando que se había tratado de un combate contra guerrilleros de la cuadrilla Abelardo Romero de las Farc.

Ese mismo 17 de septiembre de 2006 Fredy acudió a las autoridades policiales del lugar e informó con detalle lo que había ocurrido. A pesar de la consistencia y claridad de las declaraciones de la víctima sobreviviente, y la aceptación de cargos del Comandante de Batallón, Coronel Luis Fernando Borja Aristizábal, poco se ha avanzado en la determinación de otras responsabilidades más allá de la contenida en la sentencia anticipada contra este militar por homicidio agravado en concurso con tentativa de homicidio agravado.

Es de resaltar que no obstante la oportuna denuncia y las informaciones de situaciones simulares en la zona, el Teniente Coronel Borja, comandante de Batallón fue ascendido para dirigir la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre en marzo de 2017 en donde “desde ese momento y hasta finales del 2008 participó en más de 50 crímenes que fueron ‘legalizados’ como muertes en combate” con modos de operar similares a la que victimizaron a los primos Torres, hechos por los cuales este militar aceptó su responsabilidad. 13 miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, incluyendo a Borja, fueron relevados del servicio por parte del alto gobierno .

Es evidente que si la justicia hubiera obrado con prontitud, ante la denuncia de los hechos que presentó Fredy Torres en el 2006, y el gobierno la hubiera atendido con seriedad, Borja no habría sido ascendido y seguramente esos muchos otros crímenes que ha aceptado se hubieran podido evitar.

El caso de Helvir Torres hace parte de un gran número de ejecuciones extrajudiciales, llamados “falsos positivos”, una práctica sistemática y generalizada por parte del Estado Colombiano contra la población civil que constituyen crímenes de lesa humanidad, cuya mayor ocurrencia tuvo lugar entre los años 2002 y 2010, cuando se presentaron 3.512 casos documentados por la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, CCEEU, en el marco de la política seguridad democrática del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

La sentencia administrativa ordena como medida de satisfacción la realización del Acto de Reconocimiento de la Responsabilidad y Perdón Público, que se espera sea llevado a cabo en debida forma para que se dignifique a las víctimas. El reconocimiento de la responsabilidad estatal debe obrar también como una medida de prevención frente a estos graves crímenes. La verdad de lo ocurrido en el contexto del conflicto armado y la violencia sociopolítica también deben sentar las bases para la transformación de la doctrina militar como garantía de no repetición.