El pasado 23 de marzo el Juzgado Primero Penal Especializado aplazó esta audiencia, en vista de que cuatro de los abogados de los militares no se presentaron y de que tampoco se produjo el traslado de los 21 procesados. Las víctimas esperan que no hay nuevos aplazamientos y se declararon indignadas debido a que se trató del décimo en los últimos tres años.

Este lunes 3 de abril a las 2 pm, en el juzgado primero penal especializado de Bogotá, se realizará la audiencia de lectura de fallo contra 21 militares dentro de un caso por ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falos positivos. El sentido del fallo fue anunciado el pasado mes de noviembre de 2016, cuando el juez del caso también declaró este hecho como un crimen de Lesa Humanidad. Las víctimas son cinco jóvenes del municipio de Soacha, Cundinamarca, reclutados mediante engaños y conducidos a Ocaña donde fueron asesinados y presentados como guerrilleros muertos en combate, en agosto de 2008.

El pasado 23 de marzo el Juzgado Primero Penal Especializado aplazó esta audiencia, en vista de que cuatro de los abogados de los militares no se presentaron y de que tampoco se produjo el traslado de los 21 procesados. Dada la trascendencia de este caso y la injustificada inasistencia a una audiencia anunciada con cuatro meses de anticipación, la jueza compulsó copias para que se investigue a los abogados y al INPEC, para establecer si hubo faltas disciplinarias en los procedimientos que derivaron en este nuevo aplazamiento.

Las víctimas esperan que no haya nuevos aplazamientos, y se declaran indignadas debido a que el del jueves 23 de marzo, fue el décimo aplazamiento en los últimos tres años. Ya en 2014, en la etapa de alegatos de conclusión, se habían denunciado estrategias dilatorias como los argumentos esgrimidos de que sus computadores habrían adquirido virus que borraron sus alegatos, o que los intervinientes tomaron medicamentos que les provocaron somnolencia y los hicieron llegar casi hora y media tarde, a tal punto que el Juzgado solicitó enérgicamente el cumplimiento de los horarios. También ha ocurrido a lo largo del proceso que el día anterior a la audiencia alguno de los acusados revoca el poder a su abogado o alguno de sus defensores resulta incapacitado. Esto sin tener en cuenta los aplazamientos de los primeros seis años del proceso.

En el caso de los jóvenes de Soacha cursan dos procesos penales que se acumularon según la fecha y los autores materiales. En ambos casos el Teniente (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado, Oficial de Operaciones de la Brigada Móvil 15 del Batallón Contraguerrillas 96 en Norte de Santander, es el máximo responsable vinculado. Cabe anotar que el Teniente Coronel Rincón Amado también está condenado a más de 35 años de prisión por la ejecución extrajudicial del mototaxista Luis Antonio Sánchez, en abril de 2007.

Los militares implicados en este caso pendiente de fallo son el Teniente (retirado) Gabriel de Jesús Rincón Amado y el Mayor Henry Mauricio Blanco Barbosa y 19 integrantes más de la misma unidad militar, acusados de los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada, homicidio agravado y falsedad ideológica en documento público que rodearon el asesinato de los jóvenes de Soacha Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero, Jader Andrés Palacio Bustamante, Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez.

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” representa en este caso a la madre de Diego Tamayo Garcerá, Idalí Garcerá. El joven fue visto por última vez el 23 de agosto de 2008 por sus familiares en el municipio de Soacha y el 25 de agosto de ese mismo año, apareció reportado como dado de baja en combate a más de 600 Kms de su lugar de residencia, y sumado a ello, como supuesto miembro del grupo paramilitar “Águilas Negras”.

Diego tenía 25 años y vivía con su mamá en el barrio Ducales de Soacha. Él y otros dos jóvenes, Víctor Fernando Gómez y Jáder Andrés Palacio Bustamante, fueron llevados con falsos ofrecimientos de trabajo hasta Ocaña donde sus reclutadores los alojaron en una habitación donde les suministraron bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas. Luego fueron entregados a dos miembros del Ejército quienes a su vez los dejaron en manos de integrantes de la Brigada Móvil 15, quienes los asesinaron y manipularon el lugar para simular un combate.

Entre el 2007 y 2008 se produjo de manera secuencial y sistemática la desaparición de varios jóvenes residentes del municipio de Soacha, quienes posteriormente aparecían muertos de manera violenta y reportados como dados de baja en combate por tropas adscritas al Batallón de Infantería No. 15 de Santander o Brigada Móvil 15, unidades militares con sede en Ocaña, Norte de Santander. Los jóvenes eran presentados como miembros de organizaciones armadas al margen de la ley o de bandas criminales al servicio del narcotráfico.

El pasado 26 de noviembre, el mismo juzgado dio a conocer el sentido condenatorio del fallo y declaró este caso como un crimen de lesa humanidad, dado su carácter sistemático y generalizado, por la existencia de un plan criminal que consistió en la ubicación, el traslado y la recepción de habitantes de sectores humildes para ser ultimados y reportados como muertos en combate no identificados.

Militares implicados

1. Teniente Coronel Gabriel de Jesús Amado
2. Mayor Henry Mauricio Blanco Barbosa
3. Sargento Medardo Ríos Díaz
4. Cabo Tercero Juan Gabriel Espinoza Restrepo
5. Cabo Segundo Richard Jojoa Bastidas
6. SLP: José González Ceballos
7. SLP Nixon Cubides Cuesta
8. SLP Kevis Jiménez Escalante
9. SLP Luis Alirio López
10. SLP Mauricio Cuniche Delgadillo
11. SLP José Fernández Ramírez
12. Cabo Manuel Zorrilla Gámez
13. SLP Ricardo Eliud Gónzalez Gómez
14. SLP Ferney Gijalba Flor
15. SLP Eider Guerrero Andrade
16. SLP Geiner Fuertes Billermo
17. SLP Pedro Hernández Malagón
18. SLP Juan Ramón Marín Ramírez
19. Sargento Segundo Janer Ediel Duque Marín
20. SLP John Anderson Díaz
21. Cabo Ricardo Coronado Martínez