(Bogotá, 12 de julio de 2016) Operando en asociación con la empresa colombiana Ecopetrol, la multinacional canadiense Pacific Exploration & Production Corp. y sus contratistas contravienen la normatividad laboral, causan daños ambientales, e impactan de manera negativa la pervivencia de las comunidades indígenas en la zona de Puerto Gaitán, departamento del Meta, de donde proviene una cuarta parte del petróleo del país.

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https://www.fidh.org/IMG/pdf/colombia_executive_summary.pdf

Además ha aumentado la represión y criminalización de líderes sindicales, sociales y ambientales en la zona de explotación petrolera. Tales son las conclusiones de un informe realizado por la FIDH, el Colectivo de Abogados “JoséAlvear Restrepo”(CCAJAR) y el Proyecto de Acompañamiento y Solidaridad Internacional en Colombia (Paso), presentado hoy en Bogotá.

El informe se enfoca en los bloques petroleros de Rubiales-Pirirí (en adelante “campo Rubiales”) y Quifa, y ha sido elaborado con base en documentos oficiales, entrevistas a autoridades nacionales y empresas relevantes, y 598 encuestas realizadas a pobladores, trabajadores y comunidades indígenas. El informe se publica apenas 11 días después de la entrega del campo Rubiales, el bloque petrolero más productivo del país, por parte de Pacific Exploration & Production Corp. a la empresa nacional Ecopetrol. Por su parte Pacific Exploration & ProductionCorp se encuentra ahora en un proceso de insolvencia en Canadá para evitar la quiebra.

“¿Quién va a asumir hoy la responsabilidad y reparación de los pasivos sociales y ambientales ocasionados durante estos años?” cuestionaron hoy las ONGs. “Si la situación ha degenerado hasta este punto es porque tanto Colombia como Canadáno cumplieron con su obligación de asegurarse que las empresas respeten los derechos humanos y que las víctimas puedan obtener reparación. Es necesario actuar ahora.” añadieron.

El informe relaciona daños al medio ambiente y reiteradas violaciones a las licencias ambientales, en particular frente a los vertimientos contaminantes que se realizan al Caño Rubiales y la generación inusitada de sismos en el municipio de Puerto Gaitán, que estaría relacionada con las técnicas de reinyección bajo tierra de aguas residuales con las que operaron las empresas en campo Rubiales y actualmente hacen en Quifa. Entre el 2 de abril de 2013 y el 28 de junio de 2016 se han producido 976 sismos, según datos de la Red Sismológica Nacional y el Servicio Geológico Colombiano, en contraste con los 11 sismos que se presentaron en la región desde 1999 hasta 2013.

Esta presencia continua de sismos se debe a los 1’250.000 barriles del líquido que se vierten a caño Rubiales o se reinyectan en los yacimientos que podría causar alteraciones en el subsuelo. Sin embargo, para reducir los vertimientos de aguas industriales, Pacific creó el proyecto Agrocascada que consistía en tratar el agua residual y luego reutilizarla en el riego de cultivo de palma africana, no obstante ahí la FIDH encontró irregularidades debido a la gran cantidad de palma que había sembrado, ya que sobrepaso la cantidad autorizada generando contaminación al medio ambiente y menguó la biodiversidad

Cronología sismos

En este contexto, el derecho a la consulta previa del pueblo indígena Sikuani, también se ha visto gravemente impactado por las condiciones de asimetría y abuso de poder que la empresa ejerce ante la ausencia del Estado y sus entes de control. Ninguna de las protocolizaciones de los procesos de Consultas Previas contó con la presencia de la Defensoría o Ministerio Público.

El informe da cuenta de las múltiples violaciones al régimen laboral de los trabajadores de la empresa y sus contratistas, y particularmente en relación con sus prácticas de sub-contratación en particular. Como ejemplo, se considera que 76% de los trabajadores tercerizados realizan actividades misionales permanentes

También revela actuaciones ilegales de la multinacional y sus contratistas de seguridad, que impiden el derecho a la libre asociación, en particular a la Unión Sindical Obrera –USO, y que junto con las autoridades fomentan el uso del aparato judicial para criminalizar a líderes sindicales, sociales y ambientales de la región. Este es el caso de Héctor Sánchez, quien para 2011 era trabajador de Pacific y dirigente de la USO. El informe dice que la Fiscalía acusó a Sánchez y a otros dos líderes de comandar un grupo de 300 encapuchados y secuestrar a más de cinco mil trabajadores para obligarlos a participar en una huelga. Y aunque tres meses después de su captura fue liberado, Sánchez ha tenido que enfrentar otros procesos judiciales en los que la multinacional se declaró víctima o participó como testigo.

Frente a las movilizaciones y manifestaciones se conocieron tres casos de lesiones personales graves por parte de la fuerza pública hacia trabajadores, cuyos actos violentos continúan en la impunidad. Así mismo, no se ha llevado a cabo una investigación con respecto a los 32 asesinatos selectivos que se denunciaron en Puerto Gaitán luego de las protestas del 2011.

De otro lado, las organizaciones tuvieron acceso a un documento en donde constan actividades de inteligencia realizados por la multinacional a líderes sindicalistas. El 81% de los trabajadores encuestados opinaron que la empresa donde trabajaban no permitía la afiliación libre y voluntaria a un sindicato, y 79% de ellos pensaban que podrían ser despedidos como represalia por afiliarse al sindicato USO.

El informe plantea una serie de conclusiones y recomendaciones a las entidades del Gobierno colombiano, empresas privadas y al gobierno canadiense para que garanticen y respeten los derechos humanos de las comunidades sobre cuyos territorios se adelantan proyectos extractivos. pues, pese a que la la explotación de petróleo genera la mayor cantidad de ingresos y regalías en Puerto Gaitán, el municipio en el que opera tiene la mayor tasa de mortalidad en niños, suamado a que el 65% de la población tiene necesidades básicas insatisfechas. De las más de 200 personas encuestadas por las organizaciones defensoras de derechos humanos en cercanías al campo Rubiales, el 60% indicaron que sus hijos no tenían acceso a una escuela; el 94%, que no tenían servicio de salud; el 98%, que no había transporte público a su alcance, y más del 68% opinaron que la industria tenía relación con el incremento de la prostitución en el pueblo.

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