La Fiscalía desconoció las pruebas presentadas por los representantes de su familia sobre los nexos oficiales de los implicados en el crimen, sobre el hecho de que se trató de un homicidio dentro de un contexto de ataque sistemático y generalizado contra población civil considerada afín a la guerrilla, contra defensores de derechos humanos y periodistas críticos e independientes del país.
La Fiscalía 71 delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, decidió mediante providencia del 26 de mayo de 2015, no declarar crimen de lesa humanidad el asesinato del periodista y gestor de paz, Jaime Garzón Forero, ocurrido el 13 de agosto de 1999.
La Fiscalía desconoció las pruebas presentadas por los representantes de su familia sobre los nexos oficiales de los implicados en el crimen, sobre el hecho de que se trató de un homicidio dentro de un contexto de ataque sistemático y generalizado contra población civil considerada afín a la guerrilla, contra defensores de derechos humanos y periodistas críticos e independientes del país.
Después de 16 años de estos hechos, la única condena que pesa contra un responsable es la del paramilitar Carlos Castaño quien ya está muerto.
Los máximos responsables hasta ahora vinculados con la investigación son el General Jorge Eliécer Plazas Acevedo, y el exsubdirector de inteligencia del Departamento Administrativo del DAS, José Miguel Narváez, ambos en etapa de juicio.
Este último, según todos los indicios, fue el determinador del asesinato del periodista, y desde su vinculación con la investigación, permanece protegido en una guarnición militar a pesar de tratarse de un civil, una situación ilegal que ni el Inpec ni el Ministerio de Defensa han corregido.
La familia de Jaime Garzón seguirá insistiendo en la etapa de juicio contra estos dos vinculados, para que se reconozca el carácter de lesa humanidad del asesinato del periodista, ícono de toda una generación colombiana que lloró este crimen, de toda una generación que se sintió lesionada con este hecho, y evitar así que el caso precluya cuando se cumplan 20 años, como lo estipula la legislación colombiana.