Recuperemos la soberanía de Colombia en defensa del agua, la vida y los territorios

Conoce más:

Estas demandas multimillonarias que se pagan a las transnacionales con el dinero de todas y todos se derivan del mecanismo de Solución de Controversias Inversionista – Estado (SCIE, o ISDS, por las siglas en inglés de Investor-State Dispute Settlement), incluido en Tratados de Libre Comercio y Tratados Bilaterales de Inversiones, que permite a los inversores extranjeros demandar unilateralmente a los Estados cuando estos, legítimamente y en cumplimiento de sus obligaciones, adoptan cambios normativos, regulatorios, y políticas públicas o cuando decisiones judiciales fallan en favor de derechos de comunidades y de la protección de ecosistemas esenciales para la vida.

Según cifras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hasta finales del primer semestre de 2022, se registraron  12 demandas en curso y 7 más en etapa previa, por un valor estimado de 9.8 billones de pesos que tendríamos que pagar las y los colombianos por defender nuestra agua y territorios. 

Estas demandas provienen de empresas transnacionales de cinco países: EEUU, Canadá, Reino Unido, Suiza y España. La mayoría son empresas extractivas, las cuales frecuentemente utilizan este mecanismo para presionar a los gobiernos cuando adoptan  reformas en favor de sus pueblos y el mundo. Por lo tanto, urge revisar y renunciar a este mecanismo de arbitraje diseñado por y para las empresas transnacionales, especialmente si el país busca reformar su código minero, prohibir el fracking e implementar otras políticas a favor de la vida y hacer frente a la crisis climática.

Un informe del grupo de Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirmó que las obligaciones de proteger los derechos humanos son incompatibles con estos tratados de inversión y sus tribunales, y recomendó a los Estados renegociar o salirse de dichos tratados. Por todas estas razones, varios gobiernos del sur y norte global han hecho esto justamente.

Ahora mismo hay en curso una demanda contra Colombia de la multinacional Glencore, dueña de la mina de carbón Cerrejón, que pretende obligar al Estado a pagar una millonaria indemnización debido  al  fallo de la Corte Constitucional, en favor de los derechos del pueblo wayuu. Este fallo, suspendió fundadamente la expansión de uno de los tajos de la mina de carbón a cielo abierto en La Guajira para la protección del arroyo Bruno, fuente de agua fundamental en la región. 

Otro ejemplo de este abuso de poder de las trasnacionales es el de Eco Oro, empresa canadiense que buscaba explotar oro en el  Páramo de Santurbán, y que demandó a Colombia por 736 millones de dólares pues, gracias a la movilización popular, se puso freno a dichas pretensiones que amenazaban uno de los ecosistemas más importantes del país. El tribunal de arbitraje falló en contra de Colombia bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia. Al día de hoy, sin embargo, no se conoce el monto definitivo que se tendrá que pagar. Otras dos canadienses demandaron por el mismo motivo.

Estas demandas son un chantaje a los gobiernos y debilitan los esfuerzos de las comunidades que buscan defender y proteger legítimamente  sus derechos al agua, a un ambiente sano y a la autodeterminación frente a los abusos y graves violaciones de corporaciones que permanecen en la impunidad. Por esta razón, hacemos un  llamado al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la vicepresidenta, Francia Márquez, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio de Ambiente, al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y al Ministerio de Relaciones Exteriores a revisar los Tratados de inversión que incluyen este mecanismo y a retirarse de este sistema injusto, arbitrario y colonialista.

 Por todas las razones expuestas, solicitamos al gobierno:

1. Iniciar una revisión integral de los Acuerdos de Inversión y Tratados de Libre Comercio que contengan el mecanismo de solución de controversias inversionista – Estado, con el fin de denunciar, renegociar o rescindir urgentemente todos los acuerdos internacionales de inversión existentes, con el fin de eliminar el mecanismo SCIE. De esta forma, es posible rescatar  la soberanía del Estado para regular en interés del ambiente y del pueblo colombiano, defender la independencia y rol del sistema judicial, así como respetar la autodeterminación de los pueblos indígenas y demás comunidades que buscan justicia y rendición de cuentas antes los daños ambientales y violaciones de sus derechos.

2. Denunciar el Convenio del CIADI y promover el uso de la justicia nacional para la resolución de disputas entre inversor y Estado. 

3. No firmar nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones y mecanismo SCIE. 

4. Entrar en una moratoria antes de volver a firmar o a ratificar más acuerdos internacionales de inversión.

5. Centrar sus esfuerzos en crear mecanismos vinculantes de rendición de cuentas y responsabilidad de las empresas, fortalecer obligaciones de planes de cierre, restauración ambiental y reparación integral a las víctimas de abusos empresariales de transnacionales. En ese sentido, el gobierno de la Potencia Mundial para la Vida, debe liderar la negociación del Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos en la ONU que obligue a las empresas transnacionales a rendir cuentas por sus impactos en los territorios y a reparar los daños que provocan, en concordancia con las propuestas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas a decidir sobre sus territorios. 

¡Apóyanos con tu firma! y conoce la declaración en inglés, francés, alemán

#NoMásTribunalesDeAbusoTransnacional 

Center for International Environmental Law – CIEL (EEUU)

Global Justice Now – GJN (Reino Unido) 

Institute for Policy Studies – IPS, Global Economy Program (EE.UU.)

London Mining Network (Reino Unido)

Mining Watch Canada (Canadá)

TerraJusta (Bolivia/Reino Unido)

Transnational Institute – TNI (Países Bajos)

War on Want (Reino Unido/International)

ask!; Grupo de Trabajo Suiza Colombia/Arbeitsgruppe Schweiz Kolumbien (Suiza)

ALTSEAN-Burma (Burma/Myanmar)

alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes (Catalunya)

Amigos de la Tierra España (España)

AbibiNsroma Foundation (Ghana)

Amazon Watch (EE.UU.)

Appui aux Initiatives Communautaire de Conservation de l’environnement et de Développement Durable (République Démocratique du Congo)

Association For Promotion Sustainable Development (India)

Asociación de estudiantes y creadores colombianos en Francia-COLCREA (Francia)

Asociación Millaray (España)

Atlantic Regional Solidarity Network (Canadá)

ATTAC Norway (Noruega)

Both ENDS (Países Bajos)

Broederlijk Delen (Bélgica)

Canadian Centre for Policy Alternatives (Canadá)

Carrefour d’animation et de participation à un monde ouvert, Québec (Canadá)

Central America Support Committee (Canadá)

Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina – FDCL (Alemania)

Centro internacional de solidaridad obrera (CISO) / Centre international de solidarité ouvrière (CISO) (Francia)

Colombia Solidarity – Denmark (Dinamarca)

Conseil régional FTQ Montréal métropolitain (Canadá)

Confederación General del Trabajo (CGT) (España)

CETRI – Centro tricontinental (Bélgica)

Climáximo (Portugal)

Colombian Working Group (Canadá)

Common Frontiers (Canadá)

Comité Pour les Droits humains en Amerique Latine (Canadá)

Consumers’ Association of Penang (Malasia)

Conseil central du Montréal métropolitain – CSN (Canadá)

Decolonial Centre (Brazil/Sudan/UK)

Denver Justice and Peace Committee (DJPC) (EEUU)

DKA Austria – Hilfswerk der katholischen Jungschar (Austria)

EcoNexus (Reino Unido)

Entraide et Fraternité (Bélgica)

European Coordination Via Campesina (Regional/Europe)

FreeBruno-Alemania (Alemania)

GeneEthics (Australia)

Grandmothers Advocacy Network (Canadá)

FDCL – Centro de Investigación y Documentación Chile-América Latina (Alemania)

Fresh Eyes (Reino Unido)

Human and Environmental Development Agenda (Nigeria)

Igapo Project (Francia)

Indonesia for Global Justice (IGJ) (Indonesia)

Informationsgruppe Lateinamerika – IGLA (Austria)

kolko – Menschenrechte für Kolumbien e. V. (Alemania)

Igapo Project (Francia)

It’s Our Future (Nueva Zelanda)

Latin America Bureau (Reino Unido)

Local Futures (EE.UU.)

Les Amls du Monde diplomatique (Francia)

Mazingira Network – Tanzania (MANET) (Tanzania)

Maryknoll Office for Global Concerns (EE.UU.)

Moccasin Footprint Society (Canadá)

Mining Justice Action Committee (Canadá)

Mining Justice Alliance (Canadá)

Mining Injustice Solidarity Network (Canadá)

NATUREFRIENDS GREECE (Grecia)

Natural Justice (Sudáfrica)

Network Lobby for Catholic Social Justice (EE.UU.)

NOAH – Friends of the Earth Denmark (Dinamarca)

Occupy Bergen County (EE.UU.)

ONG AFRICANDO (España)

Platform Duurzame en Solidaire Economie (Países Bajos)

PowerShift e.V. (Alemania)

Projet accompagnement solidarité Colombie (Canadá)

Public Service Alliance of Canada -Alliance de la Fonction publique du Canada (Canadá)

Rethink Trade (EE.UU.)

Sahabat Alam Malaysia (Friends of the Earth) (Malasia)

Salva la Selva (España)

Sisters of Mercy of the Americas Justice Team (EE.UU.)

Solidarite Ci Sutura (Senégal)

The Corner House (Reino Unido)

The Future We Need (Global)

Trade Justice Education Fund (EE.UU.)

Trade Justice New York Metro (EE.UU.)

Trade Justice PEI (Canadá)

Transform!at (Austria)

Red europea de Comités Oscar Romero (SICSAL)L-Europa) (Bélgica)

RQMI : Réseau québécois pour une mondialisation inclusive (Canadá)

STEILAS sindicato de trabajadoras/os de la Enseñanza (España)

Sustainable Holistic Development Foundation (SUHODE) (Tanzania)

Uganda Peace Foundation (Uganda)

Unitarian Universalists for a Just Economic Community (EE.UU.)

vzw Climaxi (Bélgica)

Welthaus Viena (Austria)

WIDE – Network for Women´s Rights and Feminist Perspectives in Development  (Austria)

Women’s Budget Group (Reino Unido)

ZEA (Francia)