Si el país tuviera que pagar todas las demandas que existen hoy en día por parte de las empresas trasnacionales, esto equivaldría al 13% de su presupuesto nacional. Destinar presupuesto de la Nación a pagar demandas a grandes corporaciones no sólo significa recorte en el gasto social sino más impuestos para la ciudadanía.
Nuestro país ha firmado Tratados de Inversiones y Tratados de Libre Comercio donde se aceptan reglas de juego que afectan ecosistemas y comunidades, y establecen que las empresas transnacionales pongan demandas contra los países cuando ven afectadas sus ganancias.
Las discusiones sobre las demandas de transnacionales se están dando a espaldas de la sociedad colombiana, pese a que afectan el patrimonio de todas y todos, tanto por los impactos ambientales, como por las indemnizaciones que salen del presupuesto de la nación, es decir de nuestro bolsillo.
Estos Tratados deben revisarse, y el gobierno ha anunciado que así lo hará. Queremos que esa revisión se haga con participación de las comunidades afectadas y la sociedad civil, a través de una auditoría ciudadana.
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Hasta marzo de 2023, se encuentran abiertas 14 procesos y 8 en etapa pre arbitral, por 54,2 billones de pesos. De este monto, 12, 8 billones de pesos corresponden a demandas en estos tribunales pagos por multinacionales.
Estas dos demandas contra Colombia fueron presentadas, una por la transnacional Glencore, propietaria de Carbones del Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina, y la otra por la transnacional Eco Oro Minerals Corp, de origen canadiense, dedicada a la explotación de oro.
Frente a esta amenaza al patrimonio del país, más de 300 organizaciones y personas ya han suscrito una declaración que fue entregada en la reciente visita del presidente Gustavo Petro y su gabinete al sur de La Guajira.
La conclusión es que no basta con defenderse bien o con negociar el precio de las indemnizaciones que exigen las empresas a los Estados. Hay que salirse de este sistema ilegítimo e injusto.
¿Cómo puede salirse Colombia de este sistema?
Revisando los TLC y TBI que ha suscrito, con participación ciudadana. Un ejemplo a seguir puede ser el de Ecuador donde se conformó una Comisión Internacional de expert@s para revisar estos tratados. Urge que, en Colombia, el gobierno nacional, en cabeza del Ministro de Comercio Exterior, Germán Umaña Mendoza, cree el escenario para escuchar a las comunidades, la academia y las organizaciones sociales.
¿Por qué Colombia debe salirse de este sistema de controversias empresas Estado?
Colombia ya ha tenido que pagar ya billones de pesos a empresas transnacionales por esta clase de demandas.
Estos tribunales de arbitraje favorecen a las empresas. Los sueldos de los árbitros los pagan las partes cuando empresas demandan a los países. No hay un juicio justo, derecho de apelación o defensa, ni hay imparcialidad.
Tampoco tiene ninguna obligación para escuchar a las comunidades afectadas ni considerar los abusos que han enfrentado. Únicamente evalúan los derechos de los inversionistas según las reglas de los acuerdos internacionales e inversión.
Ninguno de estos tribunales hace caso de legislación alguna sobre derechos humanos. Por el contrario, impiden que los países cumplan sus compromisos.
Este sistema ya empieza a ser obsoleto en el mundo. Muchos países ya se están saliendo de el, en las Américas, Europa y Asia.
Firma para que el gobierno de Colombia conforme una auditoría ciudadana de los TLC y TBI que permiten millonarias demandas contra el país.