37 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia se conmemoran este 6 y 7 de noviembre de 2022, y pese a algunas condenas en contra de integrantes de la plana mayor del Ejército de la época, y del acogimiento de algunos de estos militares a la Jurisdicción Especial de Paz –JEP-, el caso sigue en la impunidad y no se conoce toda la verdad de lo ocurrido durante el holocausto del Palacio, la mayor tragedia vivida por la rama judicial y uno de los hechos que marcó la historia del conflicto armado y la violencia sociopolítica en Colombia. 

Cabe recordar que, para la época de los hechos, la extinta guerrilla del M-19 denunciaba la traición por parte del gobierno de Belisario Betancur del acuerdo de tregua suscrito en agosto de 1984, y por esta causa buscaba hacerle un juicio político en la Corte Suprema de Justicia bajo la proclama “Antonio Nariño por los derechos del hombre”. 

El Ejército conocía de los planes del M19. De hecho, la Comisión de la Verdad creada por la Corte Suprema de Justicia, planteó la hipótesis de “la ratonera”, esto es, que el Ejército permitió intencionalmente la entrada de los 35 guerrilleros del M-19 para posteriormente aniquilarles. De hecho, el Ejército ya tenía prevista una gigantesca contraemboscada, el Plan Tricolor, puesto en marcha con tanques, rockets, explosivos traídos desde Estados Unidos, más de 2000 hombres en armas del batallón guardia presidencial, la Brigada XIII, la Policía Militar, así como organismos de inteligencia del Ejército, la Policía, el DAS, además de apoyos de la Brigada I, VII y de la Escuela de Suboficiales de la Policía de Sibaté. 

Este despliegue de fuerza, sin embargo, no tuvo como objetivo salvaguardar la vida de los rehenes, más de 100, que se encontraban en el Palacio, sino obtener una victoria militar a toda costa, así como defender unos intereses políticos y económicos que se vieron amenazados por una Corte excepcional como fue la de aquella época.  

La retoma del Palacio de Justicia por parte de las Fuerzas Armadas, culminó en graves violaciones a derechos humanos como desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, además de la alteración de la escena del crimen y la falsedad en documentos públicos, hechos probados por cuatro condenas penales contra militares involucrados y en la condena contra el Estado colombiano emitida en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –Corte IDH- que ordenó investigar y castigar a todos los responsables, así como reparar integralmente a todas las víctimas. 

En entrevista con Eduardo Carreño Wilches, abogado de víctimas y cofundador del Cajar, hacemos un balance de los avances del caso y lo que se ha logrado establecer sobre los máximos responsables de los hechos atroces que se cometieron durante la retoma. Algunos aspectos a destacar:  

La línea de mando de la Fuerza Pública para la época de los hechos estaba conformada por el comandante en jefe de las fuerzas militares, el señor presidente Belisario Betancourt, fallecido; el Ministro de Defensa, General Miguel Vega Uribe, fallecido; el comandante del Ejército, general Rafael Samudio Molina, fallecido, el comandante de la Brigada 13, general Jesús Armando Arias Cabrales, quien tenía a su disposición el DAS, en cabeza del general Miguel Maza Márquez, y la Policía, que estaba bajo el mando del general Víctor Alberto Delgado Mallarino.  

 De esa línea de mando del operativo de retoma, recuerda el abogado de víctimas, hicieron parte, igualmente, el coronel Iván Ramírez Quintero, entonces comandante de la Inteligencia del Ejército, yel coronel Edilberto Sánchez Rubiano, quien comandaba el B2, unidad de inteligencia de la XIII Brigada. También el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería y quien asumió de hecho el comando del puesto de mando adelantado que se instaló en la Casa del Florero a donde fueron conducidas las personas que salieron con vida del Palacio.  

En relación con los más altos responsables que sobreviven, la justicia ha condenado por los hechos del Palacio al general retirado Jesús Armando Arias Cabrales por cinco de las desapariciones forzadas, al coronel Alfonso Plazas Vega, -en primera y segunda instancia por la desaparición de dos de las víctimas- pero esta decisión fue revocada en casación por la Corte Suprema de Justicia.  

 También fue condenado el coronel Edilberto Sánchez Rubiano por tres de las desapariciones forzadas, condena que fue ratificada en 2021, cuando se cambió la calificación de su participación a la de coautor, dándole un rol decisivo en las desapariciones forzadas durante el operativo de retoma.  

 Por su parte, el entonces coronel Iván Ramírez Quintero está investigado por las torturas de al menos 14 personas, entre ellos dos estudiantes de la Universidad Externado de Colombia. Fue investigado, juzgado y absuelto en segunda instancia por secuestro y desaparición forzada de las personas de la cafetería que salieron con vida, esto pese a múltiples testimonios y pruebas. Dicha absolución fue apelada por las víctimas, pero el recurso no se ha resuelto después de más de nueve años, llama la atención el doctor Carreño. 

Con la entrada en vigencia de la JEP, dos militares condenados e investigados se acogieron para obtener el beneficio de libertad transitoria a cambio de aportar verdad sobre los hechos del Palacio. No obstante, no han cumplido hasta el momento con estos compromisos. En el caso de Ramírez Quintero, este militar retirado ya fue expulsado de la Justicia Especial de Paz por sus reiterativos incumplimientos, por lo que recientemente solicitamos de nuevo al Tribunal Superior que resuelva por fin el recurso de las víctimas. 

De igual manera, y una vez quedó en firme su condena en la Corte Suprema de Justicia, el general (r) Jesús Armando Arias Cabrales solicitó acogerse a la JEP, pero tampoco aportó verdad sobre los hechos, razón por la cual perdió el beneficio de libertad transitoria y fue recapturado. La JEP lo convocó a una nueva audiencia que tendrá lugar a finales del mes de noviembre donde debe cumplir sus compromisos o, de lo contrario, se expondría a su expulsión, resalta el abogado. 

El abogado de víctimas recuerda que, además de la plana mayor de las fuerzas militares, existen al menos 18 militares involucrados en los hechos de torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales de sobrevivientes del Palacio de Justicia, casos en los que la Fiscalía no ha presentado avances. Tampoco se ha investigado la participación de funcionarios de la Embajada de Estados Unidos que habrían prestado apoyo con explosivos que causaron la destrucción de los baños del Palacio durante el operativo de retoma. 

Un aspecto preocupante es que la Fiscalía ha disminuido su actividad investigativa a partir de la entrada en funcionamiento de la JEP, e incluso se ha sumado a las voces negacionistas que insisten en que las y los desaparecidos del Palacio fueron en realidad errores de identificación. Una tesis que desconoce que la salida con vida y retorno de cuerpos al Palacio para su posterior incineración y mezcla, hizo parte de la estrategia de encubrimiento de los crímenes por parte del Ejército y la Policía, con apoyo del cuerpo de bomberos e incluso de la EDIS, empresa de aseo de la época, que alteró la escena del crimen. 

En materia de búsqueda, hallazgo e identificación de víctimas, aún está por establecerse dónde están los cuerpos de todas las desaparecidas y los desaparecidos del Palacio. 37 años después el pacto del silencio sigue siendo el principal obstáculo para que las familias encuentren a sus seres queridos, es una de las conclusiones de este diálogo.  

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