La Fiscalía 76 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos declaró delito de lesa humanidad el homicidio y tortura del profesor Jorge Adolfo Freytter Romero. La decisión del fiscal Óscar Fabián Rodríguez Lizarazo implica además que la acción penal no prescribe y que la investigación continúa.
En el crimen contra Freytter Romero, ocurrido el 28 de agosto de 2001 entre Barranquilla y Ciénaga, Magdalena, participaron paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC y miembros del Gaula de la Policía. Había sido profesor de la Universidad del Atlántico y activista de los derechos de los docentes y pensionados de esa institución.
En el texto se advierte que lo sucedido en este caso hizo parte de un ataque contra quienes se opusieron a que la universidad cayera en manos de los grupos paramilitares.
De acuerdo con la resolución dada a conocer este 14 de enero, “se logró demostrar que no se trataba de un hecho aislado, sino que el homicidio del profesor Freytter fue uno más de un plan sistemático en contra de aquellos miembros que ejercían su voz en contra de la apropiación del alma mater por fuerzas ajenas a la misma, que inclusive se asociaron con grupos al margen de la ley”.
Recuerda el documento que en poco tiempo fueron asesinados profesores y estudiantes de la universidad, entre otros Alfredo Correa De Andreis, “con la irrupción de grupos armados ilegales de extrema derecha en la administración”.
De acuerdo con la Fiscalía, el crimen de Freytter se dio por su participación en la “reivindicación de los derechos de los pensionados que, como él, se veían afectados por la administración de ese momento y que, además, ejercían al menos, una voz de protesta contra lo que consideraban un mal manejo de la Universidad”.
La investigación concluyó que en el homicidio del profesor “participaron de manera conjunta miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia, quienes ya aceptaron su responsabilidad, junto con miembros de la fuerza pública, que en su momento integraban el GAULA de la ciudad de Barranquilla”. Recordemos que por estos hechos, en septiembre de 2015 la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena contra el exagente del GAULA Rafael Mariano Silvera y lo sentenció a 35 años de prisión por los delitos de tortura, desaparición forzada y homicidio.
En cuanto a que no se trató de un hecho aislado, el fiscal Rodríguez Lizarazo agrega que “la mayoría de las víctimas fueron objeto de una persecución sistemática tanto de manera previa a su muerte, al ser detenidos antes, como es el caso del profesor Freytter, quien fuera detenido por miembros de la SIJIN, así como de la participación de miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia en connivencia con personal de la fuerza pública”.
Además de lo sistemático, en la decisión de declararlo como crimen de lesa humanidad se tuvo también en cuenta que se trató de un ataque contra la población civil. De Freytter indica que se demintieron los señalamientos según los cuales tenía relación con grupos armados de izquierda. También concluye que “el homicidio del profesor Freytter obedece sin duda a una motiviación política”, ya que además de quererse apropiar económicamente de la Universidad, los paramilitares buscaron “acallar esas fuerzas políticas que iban en contra de lo que se perpetraba en ese momento tanto en el claustro, como en todo el país”.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar, en representación de la familia de la víctima, considera que esta decisión es una contribución muy importante a la verdad histórica sobre la expansión del proyecto paramilitar en el departamento del Atlántico y la región Caribe, y sobre la responsabilidad de agentes estatales en la misma.
Cabe recordar que en julio de 2019, maestros de las universidades Nacional, Pedagógica y Distrital de Bogotá, en coordinación con la Asociación Adolfo Freytter Romero y con el apoyo del Cajar, el Equipo Jurídico Pueblos y la Brigada Jurídica Eduardo Umaña Mendoza, presentaron al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición el informe Universidades Públicas bajo SOSpecha: Represión estatal a estudiantes, profesorado y sindicalistas en Colombia (2000-2019) en el que se documentaron 140 casos de asesinatos, torturas, retenciones ilegales y desapariciones forzadas de integrantes de la comunidad académica, y se establece un patrón de persecución contra el pensamiento crítico así como los vínculos de los grupos paramilitares con agentes estatales.
Esta verdad sobre la persecución a la comunidad académica, el papel del Estado en el paramilitarismo y el exterminio del movimiento sindical en Colombia es fundamental para construir un relato amplio de la violencia que hemos vivido y para que hechos como estos jamás se repitan.