Resolución de acusación contra Salvatore Mancuso, acaba de proferir la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de homicidio múltiple agravado, secuestro extorsivo, terrorismo y concierto para delinquir, por su participación en la masacre de Mapiripán.

Este llamamiento a juicio contra el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, que se produce a escasos 10 días de haber sido extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, y que por razones obvias, sólo quedará en el papel, deja a las aproximadamente 49 víctimas de la masacre, sin la tan anhelada justicia reclamadas por ellas, como parte de la reparación a la que tienen derecho.

Mancuso quien tenía ya medida de aseguramiento por el caso desde enero del año pasado, suspendida por los supuestos beneficios de la ley de justicia y paz, de los que goza, fue ordenada por haber encontrado pruebas fehacientes que indican que éste, estuvo en la reunión donde se coordinó y preparó el desplazamiento del grupo paramilitar desde el Urabá al municipio de Mapiripán, esto sin contar con las propias declaraciones brindadas por Mancuso, en las que admitió haber contado con la ayuda de la Fuerza Aérea Colombiana, que facilitó dos aviones para la realización de la masacre.

Como es de recordar, por esta masacre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó al Estado Colombiano como responsable, al determinar que servidores estatales y particulares, coordinaron las acciones que producirían el lamentable suceso, violando los derechos a la libertad personal, la integridad personal y a la vida, igualmente los derechos de los niños, y así mismo al no dar ningún tipo de apoyo a los familiares de las víctimas.

Es de destacar, además, que la Corte señaló frente a este caso, que son inaceptables las leyes de amnistía, prescripción o excluyentes de responsabilidad penal, que impidan la investigación y sanción de los responsables, y lo que es más importante, teniendo en cuenta la actual coyuntura que “ninguna norma puede impedir a un Estado cumplir con sus obligaciones, frente a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”

Por el caso, en abril de 2007, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó en ausencia al paramilitar Carlos Castaño Gil a 28 meses y dos meses de cárcel, a pesar que éste había sido declarado muerto por la Fiscalía en Septiembre de 2006, y el Juez Noveno Especializado de Bogotá, en noviembre del mismo año, condenó a 40 años de cárcel por el delito de homicidio agravado, al mayor Hernán Orozco, quien era el comandante del Batallón Joaquín París, con sede en el departamento de Guaviare.

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” frente a esta nueva solicitud de llamamiento a juicio, hace un llamado, en nombre de las aproximadamente 49 víctimas de esta masacre, al Estado colombiano, para que garantice sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación y cumpla con los compromisos internacionales adquiridos frente a estos hechos, que den de alguna manera paz y calmen el dolor de los familiares de las víctimas, que como Amparo no se explican porqué a su papá, “luego de ya muerto, cuando intentaron sacarlo del río donde lo habían echado, le rajaron el estómago, le metieron piedras, lo levantaron como un potrillo, y lo volvieron a tirar bien entrado al río, dizque porque a este no queremos siquiera que lo entierren”