FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA MASACRE DE TRUJILLO-VALLE. PERIODO 1986-1994.
De conformidad con lo establecido por tratados y convenios de Derechos Humanos, el Estado Colombiano tiene el deber de investigar, juzgar y sancionarde acuerdo a las normas vigentes para la fecha de realización de los delitos. (Declaración Universal de los DH, Convención Americana de DH, Pacto Internacional de DCP, acorde a la C.N. de Colombia)a todos los autores materiales e intelectuales de los hechos que implican graves violaciones a los Derechos Humanos. Este deber se extiende, incluso a quienes se han beneficiado, tanto política como económicamente, de la ejecución de Crímenes de Lesa Humanidad.
Antecedentes de la Masacre de Trujillo
Surgimiento de los Carteles de Cali y norte del Valle
En el departamento del Valle se originó un proceso de organización del narcotráfico a comienzos de los años 80, que se extendió rápidamente a diferentes regiones del mismo. El norte del Valle fue una de las zonas en donde tomó más fuerza y control territorial la actividad criminal de este cartel, estableciendo estrechas relaciones con las autoridades civiles, políticas, militares y económicas de la región.
Entre los principales protagonistas de la larga historia de esta organización criminal se encuentran los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, Orlando Henao y Juan Carlos Rodríguez Abadía, entre otros. En el norte del Valle y específicamente en las zonas de Trujillo, Riofrío y Bolívar, los principales dirigentes de dicha organización criminal eran los señores Iván Urdinola Grajales, Henry Loaiza Ceballos, y Diego Montoya Sánchez; quienes empiezan a ser reconocidos e identificados como tales por los organismos de inteligencia del Estado y por la población de la zona desde el año de 1.985.
Estos delincuentes contaban para su “protección” con ejércitos privados de asesinos fuertemente armados que cometieron toda clase de delitos para beneficio de sus jefes, en plena coordinación con las autoridades, tanto para el permiso de porte de armas, como para el encubrimiento de su actuar delictivo contra la población civil.
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