Las Plataformas de Derechos Humanos, en nuestro compromiso con el impulso a la construcción de políticas públicas con Enfoque de Derechos, emitimos una alerta urgente a los concejos municipales y asambleas departamentales, para que en cumplimiento de sus funciones constitucionales, aseguren en los Planes territoriales de Desarrollo la inclusión de estrategias, metas, indicadores, actividades específicas y presupuesto para la garantía de los derechos humanos y la protección de las personas defensoras de estos derechos.
Para la elaboración de estos instrumentos de planificación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el marco de las medidas cautelares en favor de firmantes del Acuerdo Final de Paz y en particular en la resolución del pasado 26 de febrero de 2024, instó a las autoridades departamentales y locales de la región sur a que incluyan en sus planes de desarrollo una asignación presupuestaria específica para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP), la política pública y plan de acción para el desmantelamiento de organizaciones criminales y sucesoras del paramilitarismo, y las disposiciones que se establecen en el programa de protección integral para excombatientes (PPI).
Asimismo, el Ministerio del Interior, a través de la Circular Externa del 11 de marzo de 2024, orientó a las entidades territoriales a diseñar proyectos e intervenciones estratégicas alineadas con las prioridades gubernamentales. Se promovió la creación de planes participativos y viables, proporcionando la «Guía práctica para la incorporación del enfoque basado en derechos humanos en la planificación territorial». Además, el Ministerio enfatizó en la necesidad de incluir en los planes de desarrollo acciones concretas que cumplan con la normativa vigente y fortalezcan la perspectiva de derechos humanos en la formulación de políticas públicas.
Ante la situación crítica que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales en Colombia, es crucial que los concejos municipales y asambleas departamentales, en uso de sus funciones constitucionales y legales, atiendan las recomendaciones del Ministerio del Interior. Estas buscan proteger a líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos, periodistas en riesgo y otros grupos vulnerables, así como la implementación de Mesas Territoriales de Garantías, el Programa de Protección Colectiva, el Programa Integral de Seguridad para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, y el Programa Integral de Garantías para Mujeres lideresas y Defensoras de DD.HH. -PIG-Mujeres, entre otros.
Desde el Movimiento Nacional de Derechos Humanos, reiteramos el llamado a las entidades territoriales y al Gobierno Nacional para que se comprometan de manera efectiva con la erradicación de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y se establezcan garantías reales para su trabajo.
La protección de los derechos humanos no es solo un deber legal y moral, sino la base para la construcción de una sociedad justa, equitativa y en paz.