El padre Javier Giraldo es, tal vez, el más reconocido defensor de los derechos humanos en Colombia y un duro crítico de las políticas de los últimos gobiernos. Los actuales diálogos de paz, las perspectivas que éstos definen para el país y las expectativas y posibilidades realidades de millones de colombianos de vivir en un país con dignidad y justicia social son parte de las reflexiones que compartió en entrevista con El Turbión.

 

Katerin Céspedes: –¿Cómo se puede entender el concepto de paz, teniendo en cuenta el momento actual de la guerra en Colombia?

Javier Giraldo: –Creo que hay varias maneras de enfocar la paz. Una es cuando se piensa en ponerle fin a una violencia mediante el equilibrio de las fuerzas y la otra es mediante la supresión de una de ellas. Esta última parece ser la manera en que la entiende el gobierno y mucha gente en Colombia: terminar con una serie de hechos de violencia pero tratando de exterminar a una de las fuerzas.

Pienso que el verdadero sentido de paz está en enfrentar las causas que han dado origen a los hechos de violencia. Ésta sería una paz más auténtica y más duradera porque, si solamente se enfrentan las consecuencias y no las causas, el germen de la violencia sigue vivo y en cualquier momento se reactiva. En cambio, si se enfrentan las causas pues realmente se está construyendo paz.

KC: –¿Cómo se pueden articular las luchas de los diferentes movimientos sociales hacia la consecución de la paz con justicia social?

JG: –Pienso que el último ciclo de violencia en Colombia, que lleva casi sesenta años, se ha desarrollado precisamente porque existe una situación de violencia institucional y de violencia estructural, lo que lleva a que aparezcan grupos armados. Si no se enfrenta esa raíz que es la injusticia social, entonces, realmente no se está construyendo paz.

En Colombia llevamos como mínimo treinta años en procesos de paz. El primero de este [actual] ciclo lo inició el presidente Betancourt en el año 83, hace treinta años. Yo digo que ha habido dos grandes modelos en todos los procesos que han venido de allí para acá. Un modelo ha sido el de aceptar una agenda de reformas sociales, por lo menos para discutirlas. Ése fue el modelo de Betancourt, que se planteó en la reforma agraria, en una reforma política, pero ése ha sido el modelo más fracasado.

El modelo de Pastrana en el Caguán también tenía ese mecanismo, de proponer una agenda de cambios sociales para discutir de más de cien puntos, y también fracasó.

Por el contrario, el otro modelo ha sido simplemente la desmovilización de los combatientes, sin tocar para nada al conjunto de la sociedad y sin proponer ninguna reforma social o algo que le interese al conjunto de la sociedad. A mi modo de ver, ése ha sido el modelo [de desmovilización] más exitoso y se empleó en los gobiernos de Barco y Gaviria. Con este modelo se lograron desmovilizar algunos pequeños grupos, que ya habían decidido retirarse de la guerra por todos los problemas que ésta trae, pero esto no tuvo ninguna incidencia en la sociedad, no la tocó.

En este sentido, pienso que el modelo de paz que mira las causas de la injusticia es el modelo de agenda de negociación. En La Habana se maneja una agenda de reformas sociales. Un punto positivo dentro de esto es que los otros modelos han tenido unas agendas enormes, mientras que ésta solamente tiene seis puntos que son cruciales. Sin embargo, este modelo también se envuelve en una serie de contextos que son muy preocupantes y que no dan mucho optimismo sobre el resultado. Lo más preocupante es que el gobierno haya querido desarrollar este proceso de paz en medio de la guerra y de su intensificación: el presidente recurrentemente está diciéndole al ministro de Defensa que hay que activar las acciones de guerra contra la insurgencia y uno no entiende cómo puede ser eso porque, si hay una convicción de que este conflicto tiene causas sociales y políticas y de que la solución para eso es el dialogo y la negociación, ¿por qué se continúa de una manera tan intensa la guerra? Es como si realmente no estuvieran convencidos.

También se está desarrollando en medio de un discurso muy ofensivo, muy belicoso, que no favorece la paz y el hecho de estarse insultando todos los días lleva a incentivar más la guerra.

Otro aspecto preocupante es que se haya querido presionar las conversaciones para que se acaben rápido cuando se trata de problemas tan de fondo que no se pueden discutir ni solucionar en tan poco tiempo. Además, se quiere ligar toda la negociación a objetivos políticos a corto plazo, como por ejemplo la reelección, lo que desfigura profundamente el proceso de paz.

KC: –Desde diversos sectores sociales existe un interés por participar en la agenda que se está negociando en La Habana, puesto que hay puntos que se están negociando sin recoger su opinión. ¿Cree que desde el gobierno y la guerrilla hay disposición para escuchar esas voces?

JG: –Creo que el gobierno ha querido que a estas conversaciones se les dé una carácter privado, como si fuera un problema sólo de la guerrilla con el gobierno. Pero los mismos seis puntos que han escogido para la agenda muestran que [la guerra y la paz] le interesa a todo el país, que no es un problema sólo entre la guerrilla y el gobierno sino de toda la sociedad colombiana.

Por ejemplo, el problema de la tierra, que es el primer punto, es nacional. Simbólicamente fue el origen de las FARC, pues se configuraron como un grupo [campesino] de defensa de la tierra para no dejársela quitar en un momento en que había un despojo masivo y violento de la tierra. Hay una motivación histórica para que éste sea el primer punto y hoy en día este es un problema que afecta a toda la sociedad colombiana. Los desplazados son varios millones de campesinos que han sido despojados de sus tierras. Por eso, esta discusión no se puede centrar en un recinto cerrado fuera del país entre la guerrilla y el gobierno: toda la sociedad debería estar participando en [la discusión sobre] el problema de la tierra.

Y ha participado, de una manera mínima, a través de estos foros que se han organizado y, por ejemplo, uno de los puntos que ha salido a la luz y que se ha afirmado en estos pequeños espacios de participación de la sociedad colombiana es el de las zonas de reserva campesina. Para mí, es un problema crucial porque esto ya estaba previsto en la reforma agraria del año 86 como un modelo legal. Sin embargo, el gobierno le está poniendo todas las trabas posibles para que esto no sea una realidad, sobre todo porque ahí se ven las diferencias.

¿Cuál es la expectativa del gobierno y de la clase dominante en Colombia sobre ello y cuál es la expectativa del movimiento social? El gobierno quiere que esto llegue a una especie de repartición de títulos de propiedad a los que fueron despojados, pero entregarles títulos es permitir también que esa tierra vuelva al mercado y se pueda vender y viene una forma de despojo que es cambiar la masacre por el mercado.

Entonces, el efecto es el mismo: el campesino queda despojado de la tierra ya no en forma de masacre sino en forma de mercado, porque el campesino es débil frente al empresario y éste lo puede sobornar, lo puede presionar por dinero. El despojo de la tierra es hoy un fenómeno que se sigue desarrollando.

Ahora viene el problema de la participación política, el segundo punto [de la agenda], y pienso que es el problema más importante, porque aquí se están jugando cosas muy de fondo, lo dice la agenda de negociación. El problema no es que participen en las elecciones unos líderes guerrilleros y todo se está centrado ahí. Todos los grandes y masivos medios de comunicación están enfocando el problema como si fuera el que Iván Márquez o que ‘x’ líder participe en las elecciones o no, cuando el problema de fondo es la participación política de la sociedad civil como sociedad colombiana, que a mi modo de ver no existe. Es decir, aquí hay cuatro grandes barreras para la participación del pueblo en la toma de decisiones que lo afectan: primero está la barrera cultural, que es todo el problema de los medios de comunicación; está la barrera económica que es lo que impide que en unas elecciones puedan participar los movimientos populares; está la barrera política, [es decir], ¿quién tiene en sus manos el aparato electoral?; y luego está la barrera militar.

A mi modo de ver, la barrera cultural es la más profunda y la más global. Y es que en Colombia llaman libertad de prensa al hecho de que gente muy adinerada, los grandes conglomerados económicos, puedan informar lo que quieran. Eso, para mí, no es libertad de prensa, es simplemente convertir el derecho a la información en una mercancía.

¿Quiénes tienen los medios masivos de comunicación hoy en día en Colombia?
¿Quiénes son sus propietarios?

Multinacionales supremamente poderosas y ellas son las dueñas del cerebro de los colombianos porque, a través de una información que siempre es sesgada y manipulada, hacen que la lectura de la realidad que tiene el pueblo colombiano sea la que ellos quieran, que la valoración de ideas, de proyectos, de personas esté a cargo de ellos. Es un lavado de cerebro que hace que la gente ya no pueda pensar por sí misma ni saber qué es lo que está pasando en la realidad ni tener una lectura libre de la realidad nacional.

La información y la verdad se convirtieron en una mercancía, entonces, la posibilidad de que el pueblo se comunique con el pueblo se perdió. ¿Cómo puede saber un campesino qué están pensando otros campesinos? Eso se podría hacer si la radio, si la televisión estuviera dándole cabida a las ideas de los campesinos, de los sindicalistas, de todos los movimientos populares. Cuando se oyen los programas de opinión nacional, ¿quiénes son los invitados allí? Son exministros, empresarios, militares, pero la gente de la base no es escuchada y no se puede comunicar a través de los medios masivos de comunicación. Pienso, entonces, que para poder tener una verdadera participación de la gente la primera barrera que hay que derribar es la barrera cultural, es decir, la posibilidad de expresión, de comunicación, de información, pero de información verdadera.

En varios foros he propuesto que, para que exista una verdadera participación, debería exigirse un mínimo nivel de democratización de la información y tomo como ejemplo lo que sucedió hace unos años en Urabá. Un periódico regional se dio cuenta del baño de sangre que había en Urabá y puso a disposición de todos los actores políticos y armados de Urabá entre cuatro y seis páginas semanalmente. La idea era que en vez de que se lanzaran balas se lanzaran palabras e ideas, y puso unas reglas de juego para que todas las instituciones y los grupos se pudieran expresar. Durante unos cuatro meses que duró ese experimento, se expresaron con el mismo derecho, en treinta líneas, los sindicatos, las cooperativas campesinas, los concejos municipales, los partidos políticos, las iglesias, los grupos guerrilleros, los grupos de oposición. Todo el mundo comenzó a expresarse. Por desgracia, este experimento solo duró cuatro meses y cuando yo miraba esto me preguntaba: ¿por qué esto debe depender de la buena voluntad de un periódico que ofrece como acto de generosidad el que todo el mundo se pueda expresar, cuando esto debería ser la ley?

Tanto radio, como noticieros y revistas deberían tener esta posibilidad. Esta sería la manera de democratizar el derecho a la información, pero estamos muy lejos de eso y sin ello hay que preguntar: ¿qué ganamos si un guerrillero y un sindicalista pueden participar en las elecciones, que son siempre manipuladas y están en manos de una élite, si no hay posibilidades de expresar ideas, de comunicar las ideas entre los grupos de base?

El otro elemento es la barrera económica, porque los únicos que pueden participar en las elecciones en Colombia son los que tienen mucho dinero. Si un candidato no tiene el respaldo de empresas muy poderosas, las cuales desgraciadamente hoy en día son las del narcotráfico, no puede participar en las elecciones. Y eso lo comprobó la Corte Suprema de Justicia cuando empezó a investigar el tema de la parapolítica.

Ahí viene el tema de la tercera barrera, la barrera política, pues el que tiene en la mano el aparto electoral es el narco paramilitarismo. Esto lo ratificó también la Corte Suprema. Ellos son los que eligen al parlamento, al presidente. Mientras esta barrera no se derribe creo que no hay participación.

La última barrera que también es terrible es el paramilitarismo, que está hecho para impedir que movimientos sociales puedan llegar al poder, como sucedió con la Unión patriótica. [Los paramilitares] no tienen problema en exterminar y matar a miles de personas con tal de que esas ideas [de los movimientos populares] no puedan llegar al poder.

Pienso que estamos muy lejos de una participación del pueblo en las decisiones que lo afectan y creo que esto es lo que se debe plantear en la mesa de La Habana. La participación no es un problema de que un líder guerrillero vaya a participar en unas elecciones que están en manos del narco paramilitarismo sino de cómo se derriban las cuatro barreras para que el pueblo realmente pueda participar.

KC: –¿Cuál es el balance que podría hacer del movimiento social, tanto en el pasado, como en el presente y en el futuro, con relación a los procesos de paz?

JG: –Cuando se dio el primer proceso de paz con Betancourt había una euforia de participación muy grande y fue entonces cuando se creó la Unión Patriótica. La Unión Patriótica no fue un partido creado por exguerrilleros sino que allí confluyeron muchas corrientes que estaban descontentas con el gobierno, con el Estado, y hubo una gran euforia de participación, pero vino el genocidio y todo eso se cortó. Después vinieron muchos años de silencio, de parálisis política.

Hubo otra pequeña euforia cuando lo del Caguán pero eso murió también. Creo que últimamente sí hay un resurgimiento del movimiento popular y hay una confluencia que hay que incentivar más, porque hay movimientos alternativos, pero separados.

Sin embargo, ha habido intentos de confluencia y lo más importante es que lleguen a tener una agenda muy clara que se pueda llevar a las conversaciones de La Habana.

También debe preguntarse: ¿qué es lo que busca el movimiento social en Colombia? ¿Cuál es su agenda? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuál es su programa? De hecho, ésta es la esperanza que hay en estos momentos, que hay un resurgimiento del movimiento social.

KC: –De acuerdo a lo que usted ha dicho en cuanto a la necesidad de un cambio cultural en Colombia, ¿cree que el país y la sociedad civil se encuentren preparados para el diálogo con todo lo que ello implica, es decir, la escucha y el reconocimiento por parte de quién por años ha sido visto y tratado como el enemigo?

JG: –Creo que el país no está preparado para esto porque estamos dominados por la misma estructura, por las mismas instituciones, por los mismos mecanismos que han llevado a la violencia. Por eso, a mí me parece muy equivocado el enfoque de la participación porque el problema [que enfocan allí] es si dos o tres [miembros] de las FARC van a participar en elecciones.

Debemos empezar a salir de las estructuras y las instituciones que han llevado a la violencia y, para mí, la más profunda de todas es el problema de la comunicación y de la información. Mientras no lleguemos a un mínimo grado de la democratización de éstas, estamos construyendo todo sobre arena y eso se derrumba. En la época de las negociaciones del Caguán yo estuve presente y les dije y repetí que si no se le cambia el carácter de mercancía a la comunicación y la información, y la convertimos en una comunicación real del pueblo con el pueblo, manejando información verídica de lo que está pasando en el país que no esté en manos de multinacionales ni de grandes conglomerados económicos, no vamos a poder prepararnos para la paz.

Para mí esa es la base de las bases.