Este lunes 23 de mayo se realizará la audiencia de sustentación del recurso de casación en el caso del dirigente indígena nasa Feliciano Valencia Medina, en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia en Bogotá las 3:00 pm.

El recurso de casación que presentó su defensa, y que será sustentado este lunes, es la última instancia a la que puede acudir el líder Feliciano Valencia para lograr su absolución de una condena injusta, derivada de la acusación que pesa en su contra por el delito de secuestro simple agravado, lo que constituye una violación a la Jurisdicción Especial Indígena por parte del Tribunal Superior de Popayán que emitió la condena.

En el año 2008, el soldado Jairo Danilo Chaparral Santiago fue retenido por la guardia indígena nasa y juzgado bajo la jurisdicción indígena que lo condenó a 20 azotes, por haber infiltrado la Minga Indígena de Resistencia.

Feliciano Valencia, como integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, comunicó la sanción de la autoridad indígena, y por esta razón está siendo acusado, desconociendo que la Constitución Política y los acuerdos internacionales que ha suscrito Colombia reconocen la jurisdicción especial de los pueblos indígenas.

Feliciano Valencia cumple su condena en el centro de armonización de Gualanday, Resguardo de Huellas, municipio de Caloto, Cauca. Inicialmente había sido trasladado a la cárcel de San Isidro de Popayán, desconociendo también con esta actuación la jurisdicción especial indígena, y exponiendo su vida a un grave riesgo.

Por todas estas arbitrariedades, el caso de Feliciano Valencia constituye una persecución política contra uno de los líderes del Pueblo Nasa, que ha luchado por décadas, por su autodeterminación y derechos ancestrales.

Como recordó recientemente en una columna de opinión el director de la Oficina Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland:
“Parte de este complejo problema tiene que ver con el hecho de que, en el marco del conflicto armado interno, la fuerza pública colombiana siempre ha colocado la acción contrainsurgente por encima de los derechos de los pueblos indígenas e históricamente ha interpretado las acciones de defensa del territorio como acciones subversivas”.