“Fue el hombre soñador y alegre que me enseñó el amor a la libertad, a la humanidad y a la justicia. Ese 3 de marzo quisieron con sangre borrarlo de la historia, como han pretendido con muchos más compañeros y compañeras que se han atrevido a construir un mundo con justicia social, en donde la vida triunfe sobre la muerte (…)”, Yessika Hoyos, hija del dirigente sindical, abogada y hoy presidenta del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), quien, además, ha sido víctima de múltiples amenazas por su labor como defensora de derechos humanos y por su búsqueda incesante de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición de graves violaciones a los DD.HH.

Bogotá, 3 de marzo de 2024. Hoy, hace 23 años, fue asesinado en Fusagasugá el dirigente sindical Jorge Darío Hoyos, un crimen de lesa humanidad que fue cometido por paramilitares en coordinación con el Ejército y la Policía. El hecho, también ocasionó el desplazamiento forzado de su familia, debido a las amenazas, seguimientos y hostigamientos de los que fueron víctimas por parte de las estructuras criminales y de agentes del Estado.

“Ya siendo abogada, lo primero que hago es ir a la cárcel a entrevistar a uno de los autores materiales del homicidio de mi papá. Él me señala que, por mi valor de ir a hablar con él, me va a contar la verdad. Me explica que ellos, al saber que mi papá se iba a ir del país, lo llaman y lo amenazan con matarnos a nosotras si decide irse al exilio. Ahí logro entender por qué, pese a las terribles amenazas que tenía, decidió no viajar. Sabíamos que las amenazas contra sindicalistas y los militantes de la UP se convertían en hechos, pues lo acompañamos al entierro de varios de sus amigos, que eran como de la familia”, narra su hija Yessika Hoyos, quien se convirtió en abogada defensora de derechos humanos y hoy es la presidenta del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar).

Los autores materiales del homicidio, que eran paramilitares, fueron detenidos en los hechos y en varias ocasiones intentaron sustraerlos de la cárcel para acallar la verdad: un hombre de inteligencia del Ejército era quien había entregado toda la información que le permitió a los asesinos cometer el crimen, un miembro de la Policía participó también en todas las reuniones de preparación del asesinato y el Estado, con recursos de los colombianos, había financiado y orquestado las acciones para el homicidio.

En 2021, tras una petición del Cajar, la Fiscalía 73 Especializada de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos declaró el homicidio de Jorge Darío Hoyos como crimen de lesa humanidad. El fiscal del caso consideró que no existe duda de que el crimen del líder sindical se cometió en el marco de un contexto de violencia sistemática contra el movimiento social y sindical. La declaratoria se produce en el marco de la investigación abierta en la Fiscalía para determinar toda la cadena de mando que actuó detrás de estos hechos.

Esta es una decisión que, sin lugar a duda, reconoce la existencia de políticas y prácticas de exterminio contra colectivos y liderazgos del movimiento social y sindical, las cuales han sido impulsadas por el Estado de forma directa y con el apoyo de estructuras paramilitares. Solo en 2001, un total de 197 sindicalistas y 98 integrantes de la UP fueron asesinados dentro de procesos de exterminio y persecución ampliamente documentados.

El líder sindical y político

Jorge Darío Hoyos fue un destacado dirigente sindical y político, integrante del partido Unión Patriótica y candidato por esta colectividad al concejo de Fusagasugá. Como dirigente sindical fue miembro de la Federación Internacional de Trabajadores de las Plantaciones, Agrícolas y Similares (Fitpas) y de la Federación Sindical Global, que se convirtió luego en parte de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA).

También se desempeñó como Director Educativo en América Latina de la Federación Internacional de Mineros, organización precursora de la actual ICEM, y de la Federación Internacional de Sindicatos de la Química, Energía, Minas e Industrias Diversas. Fue asesor de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbón), de la Unión Nacional de Empleados Bancarios (Uneb) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecom.

Un crimen de Estado

Luego de los hechos, la familia del dirigente sindical y líder político de la Unión Patriótica (UP), partido que fue víctima de un genocidio por motivos políticos, que dejó más de 6.000 víctimas, inició una búsqueda incesante por justicia y verdad.

Pasaron más de 10 años para que se iniciara un juicio en el caso. Se determinó que los autores materiales fueron los paramilitares Luis Edilmer Rojas Rincón y Giovanny Moncada Cortés, integrantes de las milicias urbanas del grupo paramilitar Autodefensas Campesinas del Sur del Casanare, quienes fueron capturados en el acto.

En sus declaraciones, Rojas y Moncada, condenados por estos hechos, señalaron que los paramilitares habían incursionado en el municipio de Fusagasugá con la colaboración de la fuerza pública. También fueron condenados Héctor Germán Buitrago Parada, alias “Martín Llanos” y Héctor José Buitrago Rodríguez, alias “Tripas y/o El Patrón”, integrantes del mismo grupo paramilitar.

Además, fueron capturados el oficial de la Policía Carlos Gilberto Mora Alfonso, adscrito al Noveno Distrito con sede en Fusagasugá, y el comerciante Luis Alberto Rodríguez Sánches, alias “Yoyo”, quien, como propietario de un burdel, “aportó importante información determinante” en la comisión del homicidio.

En la aceptación de los cargos, el oficial Mora reconoció: “La participación que tuve con las AUC, fue reunirme con Fredy (Espitia Espinosa), Monroy (agente de la SIJIN) y alias Yoyo (otro paramilitar) para planear el atentado contra el señor Hoyos…siempre me reuní con ellos para hablar del Señor Hoyos”.

Así mismo, el suboficial del Ejército Nacional, asesor de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano, Freddy Francisco Espitia Espinosa, enfrenta dos juicios por este crimen y por el posterior desplazamiento forzado de la familia Hoyos. El agente del Estado se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y le fue otorgado el beneficio de libertad transitoria y condicionada a cambio de su contribución a la verdad. Hasta el momento no ha contribuido al esclarecimiento de los hechos.