- Los restos del magistrado habían sido entregados a la familia del sargento viceprimero de la Policía Nacional, Jaime Benítez Prieto, entonces escolta de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
- No fue posible identificar la causa exacta de la muerte, pero se determinó que se trató claramente de un homicidio.
- Señala el informe de Medicina Legal que, dada la fuerte exposición a altas temperaturas en los restos humanos, las prendas y elementos asociados, es altamente probable que la víctima haya fallecido en el Palacio de Justicia.
Bogotá, 7 de enero de 2024. Luego de casi 39 años, la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal identificaron el cuerpo del magistrado Alfonso Patiño Rosselli, víctima de los hechos del Palacio de Justicia, ocurridos entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985.
Los restos del magistrado habían sido erróneamente identificados y entregados como los de Jaime Benítez Prieto, sargento viceprimero de la Policía Nacional, quien también fue víctima de los hechos de la toma y retoma del Palacio de Justicia y se desempeñaba en ese momento como escolta del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alfonso Reyes Echandía.
En las labores de identificación de las víctimas del Holocausto la Fiscalía determinó que existían irregularidades en el acta de levantamiento y en la necropsia de estos restos y por eso en el 2017 se hace su exhumación, en coordinación con la familia de Benítez. Al hacer la prueba de ADN, se constata que no corresponde al sargento Benítez, pues no existía correspondencia con las muestras entregadas por los hijos de la víctima.
El abogado Eduardo Carreño Wilches, fundador del Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y representante de algunas de las víctimas del Palacio de Justicia, fue notificado de que los restos correspondían al magistrado Alfonso Patiño Rosselli. Este no es un caso aislado en el caso del Holocausto, son varias las familias que han debido afrontar esta revictimización.
“Este manejo irregular, dado por la Justicia Penal Militar y por la fuerza pública, es ilegítimo, ilegal y de una maldad superior, es decir, engañar a los familiares. Concluimos que la escena del crimen fue totalmente adulterada; luego de que termina la acción, concentran los cuerpos en el cuarto piso, los incineren y después entreguan los restos al azar a los familiares y en el proceso se ha demostrado que hay casos en los cuales en una fosa se concentran partes de 6 o 7 cadáveres. Además, en este caso uno debe tener en cuenta las finalidades ocultas en estos hechos, es decir, eliminar sí al M19, pero por qué se ejecutan a los magistrados. Esperamos que algún día digan la verdad”, indicó Carreño Wilches.
Concluyó el abogado de Cajar que considera que en la investigación penal está determinado, de acuerdo con estos dictámenes, que el magistrado Patiño Rosselli fue desaparecido y ejecutado en estos hechos y que quienes dirigían la retoma del Palacio de Justicia deben responder ante la justicia.
Los hechos del Palacio de Justicia
Es de recordar que en 1985, luego de la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, se produce una reacción preparada por parte de las fuerzas militares, la cual genera un holocausto, en el que mueren visitantes, empleados, trabajadores y magistrados de las altas cortes, muchos de ellos torturados, asesinados y desaparecidos.
Para la época de los hechos, la extinta guerrilla del M-19 denunciaba la traición del acuerdo de tregua suscrita en agosto de 1984 por parte del gobierno de Belisario Betancur suscrito en agosto de 1984 y por esto, buscaba hacerle un juicio político en la Corte Suprema de Justicia bajo la proclama “Antonio Nariño por los derechos del hombre”.
El Ejército conocía de los planes del M19. De hecho, la Comisión de la Verdad creada por la Corte Suprema de Justicia, planteó la hipótesis de “la ratonera”, esto es, que el Ejército permitió intencionalmente la entrada de los 35 guerrilleros del M-19 para posteriormente aniquilarles. De hecho, el Ejército ya tenía prevista una gigantesca contraemboscada, el Plan Tricolor, puesto en marcha con tanques, rockets, explosivos traídos desde Estados Unidos, más de 2000 hombres en armas del batallón guardia presidencial, la Brigada XIII, la Policía Militar, así como organismos de inteligencia del Ejército, la Policía, el DAS, además de apoyos de la Brigada I, VII y de la Escuela de Suboficiales de la Policía de Sibaté.
Este despliegue de fuerza, sin embargo, no tuvo como objetivo salvaguardar la vida de los rehenes, más de 100, que se encontraban en el Palacio, sino obtener una victoria militar a toda costa, así como defender unos intereses políticos y económicos que se vieron amenazados por una Corte excepcional como fue la de aquella época.
La retoma del Palacio de Justicia por parte de las Fuerzas Armadas, culminó en graves violaciones a derechos humanos como desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales, además de la alteración de la escena del crimen y la falsedad en documentos públicos, hechos probados por cuatro condenas penales contra militares involucrados y en la condena contra el Estado colombiano emitida en 2014 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –Corte IDH- que ordenó investigar y castigar a todos los responsables, así como reparar integralmente a todas las víctimas.
