Expresadas en el Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia, 2021 

El 3 de marzo de 2022, Juliette de Rivero, representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Oacnudh, en Colombia, presentó el reporte anual de la situación de los derechos humanos durante el periodo del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2021.  

En el año del quinto aniversario de la firma de la paz, el informe hace énfasis en el goce de derechos económicos, sociales y culturales, la prevención de las violaciones, la protección de derechos humanos, el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad. La Alta Comisionada presentó también recomendaciones para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en el país. 

Revive aquí la presentación del informe aquí:

La Oacnudh destaca tres resultados y avances 5 años después del acuerdo de paz suscrito entre el Estado colombiano y las FARC-EP: La constitución de un nuevo acuerdo político, la creación de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, y el balance positivo de la justicia transicional. Además, se observó un incremento del PIB de un 8.7% respecto del mismo periodo en 2020 y una bajada de la tasa de desempleo de 2.4 puntos porcentuales.  

Sin embargo, el año 2021 marca también un incremento relevante de la violencia en las zonas rurales y algunos centros urbanos, en particular en contra de las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, y las mujeres. La pandemia empeoró la violencia y las desigualdades sociales y económicas ya existentes así que los problemas de acceso a la educación por cesar todas las actividades presenciales. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Colombia es el segundo país con el mayor nivel de desigualdades de la región.  

La Oficina de la Alta Comisionada expresa también su preocupación en cuanto al derecho a la vida y a las numerosas violencias de género, particularmente en contra de las mujeres y las niñas. De hecho, la Fiscalía General recibió 43.394 denuncias al final del año 2021, de las cuales el 86% de las víctimas eran mujeres, y 183 denuncias por feminicidios.  

Sobre la violencia a nivel de zona rural, de Rivero indicó que la situación se ha agudizado y que los niveles de violencia homicida se concentraron mayoritariamente en cuatro departamentos del país –Antioquia, Nariño, Cauca y el Valle del Cauca-, que también en su momento fueron altamente afectados por el conflicto armado. “En total hubo 100 casos de posibles masacres, de las cuales 78 fueron verificadas (…). Estos hechos también estuvieron acompañados por limitaciones de prácticas ancestrales y comunitarias, y demás hostigamientos de grupos armados al margen de la ley”, comentó De Rivero. 

La representante indicó el alto riesgo de violencia en las 16 CTEP, en el marco de las próximas elecciones cuando se votará por 16 víctimas que ocuparán curules en la Cámara de Representantes. Al respecto, señala la presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales que operan en estas zonas y que podrían perturbar el proceso electoral. La Oficina “llama al Estado a tomar medidas preventivas para garantizar el ejercicio de actividades electorales y la participación política en un ambiente libre de amenazas y todo tipo de violencia.” 

La Oacnudh recuerda finalmente las recomendaciones hechas en informes anteriores, y llama al Estado a atender urgentemente la situación en los territorios más afectados por la violencia, reforzando la presencia de autoridades civiles, en particular del Ministerio Público, incluyendo las personerías municipales, y la prestación de servicios básicos para prevenir y contener la violencia y proteger a la población civil y los liderazgos comunales, sociales, indígenas y afrodescendientes en estas zonas. Exhorta también al Estado a redoblar esfuerzos para implementar el Acuerdo de Paz, en particular la Reforma Rural Integral, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, y el capítulo étnico, a fin de combatir las desigualdades estructurales.  

En conclusión, la Oficina señala que, si bien se pueden observar algunos resultados del proceso de paz 5 años después, la situación de los derechos humanos sigue siendo crítica y muy preocupante. El Estado colombiano debe seguir las recomendaciones del Alto Comisionado para que no se repitan nunca las tragedias del pasado, para superar las desigualdades económicas y sociales, acabar con la impunidad y avanzar por fin hacia el Estado Social de Derecho.  

 Ver todas las observaciones y recomendaciones de la ACNUDH en el documento oficial: 

03-03-2022-final-infografias-7-am Informe alta comisionada de la ONU para los ddhh