Resumen
En el presente informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos evalúa la situación de los derechos humanos en Colombia en 2020, con énfasis en la seguridad y los derechos humanos, el espacio cívico, el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad y las desigualdades en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo en el contexto de la pandemia del COVID-19. Asimismo, evalúa la implementación de los aspectos de derechos humanos contenidos en el Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo. En el informe, la Alta Comisionada presenta recomendaciones para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en el país.
Introducción
El presente informe analiza la situación de derechos humanos en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de Como lo señala el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP), el informe examina la implementación de los aspectos de derechos humanos contenidos en el Acuerdo de Paz relacionados con la justicia transicional, las garantías de seguridad, la reforma rural integral y los derechos de las víctimas.
Durante 2020, hubo un impacto de la pandemia del COVID-19 en las actividades de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). No obstante, se mantuvieron las labores de seguimiento a la situación de derechos humanos a fin de brindar asistencia técnica a una gran variedad de entidades estatales en el ámbito nacional, departamental y municipal. Se realizaron 183 misiones al terreno y 798 actividades de fortalecimiento de capacidades con instituciones del Estado y la sociedad civil. El ACNUDH también colaboró con los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos y con el Sistema Interamericano de Derechos
Contexto
En respuesta a la pandemia del COVID-19, el Gobierno de Colombia emitió dos decretos, uno en marzo y otro en mayo, declarando el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional. El aislamiento preventivo decretado para enfrentar la crisis sanitaria tuvo un impacto en los derechos al trabajo, a un nivel de vida adecuado y a la educación. La emergencia sanitaria afectó de manera particular a las poblaciones que ya se encontraban en condiciones de vulnerabilidad, como las mujeres y la población rural, afrodescendiente e indígena, agudizando las desigualdades.
El ACNUDH valora las medidas adoptadas por el Estado colombiano para incorporar un enfoque basado en derechos humanos en su respuesta a la pandemia, reflejado en varios informes presentados por el El ACNUDH también valora los esfuerzos sostenidos del Gobierno para afrontar el ingreso de cerca de 1,8 millones de migrantes venezolanos desde 2015.
Colombia continúa enfrentando violencia endémica, a pesar de que la tasa nacional de homicidios disminuyó respecto del año anterior, al pasar de 25 a 23,7 por cada 100.000 habitantes entre 2019 y 2020. En varias partes del país hubo una intensificación de la violencia y un aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no- estatales y grupos criminales. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) respondió al llamado del Secretario General de las Naciones Unidas del 23 de marzo a un cese al fuego global, pero solo por un La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes reportada por la Policía Nacional es particularmente alarmante en los departamentos de Cauca (53,71), Chocó (54,31), Putumayo (42,8) y Valle de Cauca (45,17).
La ausencia de una presencia integral del Estado, en estas regiones del país, limita la capacidad del Estado de cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación. El ACNUDH observó que un alto número de masacres y violaciones a los derechos humanos contra personas defensoras de derechos humanos ocurrió principalmente en municipios con altos niveles de pobreza multidimensional, en donde prosperan las economías ilícitas que fomentan la violencia endémica.
La iniciativa del Gobierno de crear cinco “Zonas Estratégicas de Intervención Integral” ha buscado iniciar el establecimiento de una presencia integral del Estado en esas zonas. El despliegue de instituciones y autoridades civiles es crucial para la prevención de la violencia y la expansión de las garantías de derechos humanos.
En 2020, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (SIVJRNR) continuó avanzando No obstante, al ACNUDH le preocupan la persistencia de pronunciamientos públicos que cuestionan la idoneidad de las instituciones del Sistema Integral y sus funcionarios, y los proyectos de ley para derogar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
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