Por la defensa de la independencia de la justicia en Colombia

La independencia judicial es un elemento fundamental para toda democracia, como presupuesto de la división de poderes, garantía fundamental para impedir la consolidación de poderes absolutos que pongan en riesgo el Estado de derecho. Es también una condición esencial para que el Poder Judicial pueda administrar justicia sin injerencias que obstruyan su funcionamiento. 

Lo anterior garantiza que nadie esté por encima de la ley -independientemente de los niveles de poder que pueda ostentar-, así como proteger los derechos fundamentales y brindar la certeza a la ciudadanía de que, en caso de concurrir al sistema judicial, podrá contar con un juicio justo según las normas y procedimientos establecidos en el marco jurídico del Estado social de derecho. 

Como tal, el principio de independencia judicial cuenta con un extenso desarrollo en el constitucionalismo colombiano, desde el texto constitucional y la jurisprudencia hasta los instrumentos internacionales que integran el bloque de constitucionalidad colombiano, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (Artículo 11.3) y el Protocolo Adicional II relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Artículo 6.2). Estos textos establecen que toda persona tendrá el derecho a un recurso efectivo ante tribunales nacionales competentes que le permita ser amparada de cualquier acto violatorio de sus derechos fundamentales, además de ser oída por un tribunal independiente e imparcial en condiciones de igualdad y de forma pública. 

La concepción que presenta la independencia judicial como una salvaguarda de la rama judicial para hacer su trabajo en ausencia de presiones externas es incompleta. En el Estado social de derecho colombiano, la independencia judicial no es solo un valor democrático y un principio que orienta la forma en que debe organizarse el Estado para realizar la separación de poderes, garantizar la integridad de la función judicial y proteger a la sociedad del despotismo y el autoritarismo, la concentración del poder y la arbitrariedad. De forma particularmente sustancial, constituye un derecho que protege a los ciudadanos y que les permite hacer exigibles sus garantías constitucionales. 

Es indispensable que todo juez, y en general todo operador judicial, actúe y pueda actuar de forma independiente, en cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales, en observancia de los estándares internacionales que irradian toda la actividad judicial y que implican obligaciones muy claras para los Estados. 

Sin embargo, la garantía de la independencia judicial y su realización no se determinan exclusivamente por la consagración normativa y el amplio desarrollo dado sobre el tema a nivel internacional y nacional. Para la Campaña por la Independencia de la Justicia, estudiar sostenidamente el estado de la administración de justicia, denunciar los ataques que sufre y procurar una línea de acción que permita consolidar una justicia que pueda apoyar y consolidar la realización real del Estado social y democrático de derecho. 

De la evidencia y análisis sobre cuatro de los más relevantes problemas de la independencia judicial en Colombia preocupa cómo, más allá de los déficits institucionales históricamente acumulados, ha tomado fuerza un proyecto político de corte autoritario del cual hace parte el presidente Iván Duque, que desprecia la independencia judicial, coopta políticamente las instancias judiciales desde sus más altos niveles jerárquicos -así como las de los organismos de control-, desacata, irrespeta y sucesivamente intenta eliminar instancias judiciales que regulan su poder o se contraponen a su ambición política. 

Por más de dos años el actual Gobierno nacional ha enfilado baterías contra la división de poderes y especialmente contra la independencia judicial, violando todos los estándares jurídicos aplicables que regulan la materia, socavando de forma grave uno de los pilares fundamentales del proyecto democratizador plasmado en la Constitución de 1991. 

Los ataques a la independencia judicial por parte del presidente Iván Duque, su Gobierno y su partido político están lejos de ser discrepancias esporádicas. Han transgredido explícitamente la autonomía de la justicia en forma de serias confrontaciones que han mellado la capacidad del sistema judicial. 

En este informe se han recopilado algunos de los problemas más importantes generados por la politización de la elección y selección de los funcionarios judiciales, que ha conllevado la expansión de un Gobierno sin contrapesos que ha aplicado una política antimeritocrática; la práctica de amedrentamiento y persecución, que ha buscado arrinconar a los funcionarios para dominar sus decisiones; el desacato e irrespeto por las decisiones judiciales que son despreciadas e incumplidas por el Gobierno, especialmente cuando implican limitar su poder. Con esto, el escenario es de una justicia precarizada y con baja autonomía de funcionamiento, sometida no solo a una presión externa del Gobierno sino a serios problemas que desde adentro de la rama obstaculizan la función judicial a través de prácticas sostenidas de corrupción, clientelismo e impunidad.

 

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