La comunidad ha tenido que recurrir a las vías judiciales ya que no ha encontrado una voluntad genuina de diálogo, ni con la empresa minera, ni con la autoridad ambiental que expidió la licencia, la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-. Tampoco han encontrado ningún tipo de acompañamiento ni de asesoría por parte de las autoridades locales de Landázuri, muy por el contrario se han topado con la cólera y el irrespeto del alcalde RICARDO BERNAL, y la indiferencia de la personera EULALIA CHACÓN.
El pasado 18 de septiembre, el Tribunal Administrativo de Santander admitió una demanda de acción popular que pide revocar una licencia ambiental de minería de carbón a cielo abierto en una zona productiva agropecuariamente de los municipios de Vélez y Landázuri.
Esta demanda fue presentada por la misma comunidad afectada y ha sido apoyada por la academia, la Defensoría del Pueblo, la sociedad civil y otras comunidades que son vecinas o que atraviesan conflictos socio-ambientales semejantes.
La comunidad ha tenido que recurrir a las vías judiciales ya que no ha encontrado una voluntad genuina de diálogo, ni con la empresa minera, ni con la autoridad ambiental que expidió la licencia, la Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-. Tampoco han encontrado ningún tipo de acompañamiento ni de asesoría por parte de las autoridades locales de Landázuri, muy por el contrario se han topado con la cólera y el irrespeto del alcalde RICARDO BERNAL, y la indiferencia de la personera EULALIA CHACÓN.
Desde tiempo atrás, los habitantes de las distintas veredas afirman que la licencia se basa en afirmaciones erróneas o simplemente falsas, en particular resalta el caso de las aguas de la región: en el texto de la licencia aparece que hay quebradas y aguas intermitentes, cuando no es cierto, las aguas son constantes y abundantes, todas pertenecen al Río Blanco afluente del Opón; así como tampoco es cierto que el Río Blanco en época de verano se seque, su caudal siempre es constante y abundante. Los caños que trasnportan el agua lluvia no dejan pasar los vehículos y, por supuesto, cuando no llueve hay poca agua, lo cual no es constante.
Estas irregularidades, junto con otras más, llevaron a las comunidades afectadas a demandar la Resolución 1162 de 2010, que entrega la licencia ambiental. Se trata de un sector poblado y productivo que no está dispuesto a soportar los impactos ambientales, económicos o sociales de una minería de carbón a cielo abierto de gran escala. En particular preocupan las fuentes de agua, la comunidad entiende el agua como sangre de la tierra y punto central de su territorialidad.
Esta firmeza para defender su territorio, se expresa en el plantón que las comunidades adelantan en el puente de Río Blanco bajo, jurisdicción de Landázuri. Donde las comunidades expresan su rechazo a la minería inconsulta de carbón desde el pasado 22 de junio. Este plantón es pacífico, legal y legítimo; por ello, las distintas organizaciones que acompañan y apoyan a las comunidades, solicitan que se respeten sus derechos fundamentales y que no vayan a ser objeto de represiones ni de ataques físicos. Se pide especialmente al representante de la minera INVERCOAL que cesen los señalamientos infundados y malintencionados en contra de las comunidades y sus acompañantes.
Vélez, 26 de septiembre de 2014.
CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS MINERO ENERGÉTICOS – CAEM
SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN AMBIENTAL TY QUICA SYE – UIS
PROCESO NACIONAL DE CONSTITUYENTES POR LA PAZ Y LA JUSTICIA SOCIAL
COORDINACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES AGRARIAS POPULARES – CONAP
CONGRESO AMBIENTAL DE SANTANDER – AGUAYA
RED DE VEEDURÍAS AMBIENTALES DEL SUR DE SANTANDER
EQUIPO JURÍDICO PUEBLOS
COORDINADOR NACIONAL AGRARIO – CNA
COLECTIVO SOBERANÍA Y NATURALEZA
CORPORACIÓN PODION
CORPORACIÓN POR EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA DE VÉLEZ
PROCESO CIUDADANO VÉLEZ 500 AÑOS, UNIDOS POR EL DESARROLLO