La Jurisdicción Especial para la Paz –JEP resolvió otra de los solicitudes elevadas por el general retirado Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, en relación con la revisión de su condena por parte de este mecanismo de justicia transicional, señalándole a su defensa que debe reconocer tanto a las víctimas acreditadas como a sus representantes.

Lo anterior debido a que el General había solicitado a la JEP, no solo la revisión de la sentencia emitida en 2014 por la Corte Suprema de Justicia –CSJ- por la masacre de Mapiripán ocurrida cuando era Comandante de la Brigada VII del Ejército en julio de 1997, sino no acreditar a algunas víctimas de estos hechos y al abogado Eduardo Carreño, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar-, como apoderado judicial.

El pasado 22 de enero, la JEP ya le había dicho al General Uscátegui que no era procedente revisar la sentencia señalada porque no se cumplían los requisitos para calificar como pruebas sobrevinientes la documentación aportada por la defensa del General, entre ella el testimonio de Salvatore Mancuso. La JEP le pidió al General corregir las falencias de su solicitud de revisión en el plazo de cinco días, situación que actualmente se encuentra en trámite y que, de no ser corregida en debida forma, tendría como consecuencia el rechazo de la solicitud de revisión.

Por otro lado, en una decisión del 27 de abril de este año la Sección de Revisión acreditó como víctimas a las solicitantes representadas por el Cajar y le reconoció personería jurídica al abogado Eduardo Carreño Wilches, junto con otras determinaciones. La defensa del General (r) Uscátegui impugnó esta acreditación, alegando que los procesos de revisión de sentencias en la JEP no prevén la participación de las víctimas y que por eso la misma afectaba sus derechos al debido proceso y a la igualdad.

La defensa también insistió en la narrativa ampliamente debatida en escenarios judiciales y mediáticos de lo que se denominó el escándalo de “las falsas víctimas de Mapiripán”, y solicitó se compulsaran copias por delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado contra el abogado Eduardo Carreño.

La Sección de Revisión desestimó los argumentos de Uscátegui con el razonamiento de que si bien no hay mención expresa en las normas sobre el trámite de revisión en la JEP respecto a la participación de las víctimas, dentro de los fundamentos constitucionales del Sistema Integral de Verdad, Justicia Reparación y No Repetición está la centralidad de las víctimas, por lo cual se debe garantizar su participación en todas las instancias y mecanismos del Sistema, lo que dota de legitimidad los procesos sobre graves violaciones a los derechos humanos y concreta sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a la administración de justicia.

En lo que concierne a las otras solicitudes de Uscátegui, la Sección advirtió la impertinencia de sus debates sobre el recurso de reposición, y tampoco encontró mérito para acceder a la solicitud de compulsa de copias contra el abogado y defensor de derechos de las víctimas. Esta decisión de la JEP coincide con antecedentes en el mismo sentido en el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía y la Contraloría sobre la actuación transparente y apegada a la ley del abogado y del Cajar.

Todo lo anterior es una ratificación al General retirado Jaime Humberto Uscátegui de que para continuar amparado por los beneficios de la JEP, no puede seguir desconociendo su responsabilidad en la masacre de Mapiripán y otros hechos criminales que se le endilgan, sino que debe contribuir a la verdad develando también la responsabilidad de otros agentes y superiores que consintieron y apoyaron la expansión hegemónica del proyecto paramilitar en el Meta y el Guaviare, así como sus auspiciadores políticos y económicos, para así procurar la mayor dignificación y satisfacción de los derechos de las víctimas.

¿Quién dio la orden?
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