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La Fiscalía 34 delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dejó en firme la acusación contra el exrector de la Universidad de Córdoba Claudio Sánchez Parra quien desempeñó ese cargo entre los años 2001 y 2002, y posteriormente en 2006, por el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción de grupos armados al margen de la ley, paramilitares, en calidad de presunto autor responsable. 

Esta decisión responde al recurso de apelación que interpuso el abogado de Sánchez Parra ante la decisión de la Fiscalía 27 especializada adscrita a la dirección especializada contra organizaciones criminales que lo acusó en primera instancia. Con esta decisión de la fiscalía delegada ante el Tribunal se da inicio a la etapa de juicio contra el exrector. 

Los hechos se remontan al 18 de febrero de 2003 cuando Sánchez participó en una reunión organizada por Salvatore Mancuso en Santa Fe del Ralito a la cual fueron obligados a asistir algunos dirigentes sindicales de la Universidad de Córdoba e integrantes del Consejo Superior Universitario, y en la que participó el rector Sánchez. En dicha reunión se abordaron aspectos administrativos, laborales y académicos de la Universidad y varios testigos citan la frase con la cual Mancuso transmitía la amenaza sobre lo que le pasaría a quienes no obedecieran los mandatos de los paramilitares: terminarían “Sirviendo tinto en el Nudo de Paramillo” 

En la reunión estuvo la Defensoría del Pueblo, por petición de los docentes obligados a asistir, pero también un delegado del Ministerio de Educación Nacional, Félix Manzur, de lo que se concluye que el gobierno de la época no era ajeno a lo que pasaba en la Universidad. 

Posteriormente, los días 6 y 7 de mayo de 2004, el periódico El Meridiano de Córdoba publicó las denuncias que había hecho en un debate de control político el senador Gustavo Petro, promovido por los sindicatos de la Universidad, donde reveló grabaciones de conversaciones telefónicas con las que expuso cómo el comandante paramilitar Mancuso incidía directamente en los nombramientos de dicha entidad educativa.  

Para la Fiscalía 34 delegada está probado que:  

“…En la década de los 90 y comienzos de los dos mil, en pleno auge del paramilitarismo en el país y especialmente en el departamento de Córdoba, donde operaron las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, comandadas por Carlos Castaño Gil y Salvatore Mancuso Gómez, este grupo armado ilegal de extrema derecha, con el pretexto de combatir a los grupos guerrilleros que según ellos operaban en el Universidad de Córdoba, alma máter de carácter público, desarrolló una sangrienta campaña para apoderarse del control del importante centro de educación superior, asesinando a profesores, miembros de sindicatos, estudiantes y candidatos a directivos, llevando a cabo secuestros de estudiantes y amenazando a quienes consideraron que no eran de los afectos de los miembros de las autodefensas.” 

Sobre la relación del acusado con estos hechos, el despacho señaló que: 

“En este contexto, luego de varios asesinatos, secuestros, etc., se presentó primero la elección de Víctor Hugo Hernández como rector de la Universidad, lograda a través de presiones ejercidas en los miembros del Consejo directivo en el cual tenían asiento un delegado del presidente (Álvaro Uribe Vélez), un delegado del Ministerio de Educación, otro del Gobernador del Departamento, un representante de profesores, uno de los egresados, etc. Como quiera que el directivo escogido no cumplió con las expectativas del comandante paramilitar, le fue exigida la renuncia, siendo encargado como rector el aquí procesado Claudio Sánchez Parra.” 

Sobre el rector Hernández, quien también había sido impuesto por los grupos paramilitares, cabe señalar que hoy está huyendo de la justicia incumpliendo su condena por el homicidio del sindicalista y vicerrector Hugo Iguarán Cotes, recordado por la comunidad como la persona que comenzó las denuncias por los malos manejos administrativos en la Universidad, un docente crítico y estudioso. 

Para la época se documentaron más de 277 violaciones a los derechos humanos contra integrantes de esta comunidad universitaria, incluyendo asesinatos, amenazas, desplazamientos forzados y secuestros, dentro de un plan de persecución contra el Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, Sintraunicol, subdirectiva Universidad de Córdoba, y la Asociación de Profesores Universitarios, ASPU, así como contra organizaciones estudiantiles, al punto de que en el año 2000 prácticamente había desaparecido el movimiento estudiantil y se ocasionó el desplazamiento del 70% de sus miembros, según se recoge en la decisión. 

Por todo lo anterior la abogada Yessika Hoyos, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar- y representante de víctimas, saludó esta decisión y señaló que “es importante que ahora el juicio se lleve a cabo de manera pronta y eficaz, ojalá en la ciudad de Bogotá, en juzgados OIT, pues estamos hablando de delitos cometidos en contra de miembros de asociaciones sindicales”. Y añade: “Lo que ocurrió en la Universidad de Córdoba, en contra de los estudiantes, en contra de organizaciones sindicales, en contra de toda la comunidad educativa, es hora de que se haga justicia al respecto, es hora de que se conozca la verdad ante el país, una verdad completa, son muchos años que la comunidad universitaria lo ha estado exigiendo”.