XXI SOS Por la paz, la vida y las garantías de no repetición
El presente SOS por la paz, la vida y las garantías de no repetición, el último de 2020, corrobora esta tendencia en un periodo de cuatro meses y 14 días, desde el 1 de agosto de 2020 hasta el 14 de diciembre, cuando registramos 276 denuncias de graves violaciones a los derechos humanos en 143 días, es decir 2 violaciones de derechos humanos diarias y un total de 1.633 víctimas
El segundo año de gobierno del partido de ultraderecha Centro Democrático ha navegado en aguas turbulentas entre el resultado electoral en Estados Unidos, que lo dejó sin su aliado poderoso, los desesperados intentos propagandísticos del presidente Duque, los embates autoritarios y el ansia de controlar todas las ramas del poder público y asegurarse la impunidad, a la par del grave deterioro de la situación de orden público en amplios territorios, la crisis económica derivada de la caída de los precios internacionales de las materias primas y la pésima gestión de la pandemia.
Mientras en otros países se inician los planes de implementación de las primeras vacunas, en Colombia es desalentador el pronóstico de adquisición y aplicación masiva de las alternativas más adecuadas, en parte porque prevalece el control mundial por parte de las farmacéuticas, lo que determina los costos y posibilidades de acceso para cada país, y en parte por discursos fundamentalistas que confunden criterios científicos con ideológicos.
Las prioridades oficiales, lejos de la salud pública, siguen siendo la defensa y protección de los grandes capitales privados. Prueba de ello es que la bancada oficial lideró una innecesaria ley de vacuna, aprobada por el Congreso para eximir a los laboratorios de su responsabilidad frente a los pacientes. Otro obstáculo es el sistema de salud que ya ha demostrado su debilidad para enfrentar la pandemia y que condicionará el acceso a la vacuna a este modelo excluyente de aseguramiento. Entre tanto, la curva de contagio sigue su tendencia ascendente y hasta el 14 de diciembre de 2020 se ubicaba en 1 millón 425 mil contagios y más de 38mil muertes.
En materia de reactivación económica, por segunda vez, la bancada de gobierno hundió, entre discursos hipócritas, uno de los proyectos de ley que cursaba en la Cámara de Representantes para aprobar una Renta Básica para 38 millones de colombianas y colombianos en la pobreza y pobreza extrema que han visto empeorar sus condiciones de vida por cuenta de la pandemia. Esta medida aplicada en los más diversos países no ha sido posible de implementar en Colombia porque los recursos de la pandemia se han destinado al rescate financiero, en medio de la informalidad económica en que viven las mayorías. El único subsidio estatal es el llamado Ingreso Solidario, que tiene una cobertura de apenas tres millones de personas en pobreza extrema quienes reciben un bono equivalente a la tercera parte de un salario mínimo.
En cuanto a la paz y situación humanitaria, en varios territorios se vive una reactivación del conflicto armado por el accionar de grupos armados al servicio de intereses económicos legales e ilegales que también han encontrado en las medidas de restricción de la pandemia una oportunidad de fortalecer el control territorial y las actividades criminales. A las acciones de las llamadas genéricamente “disidencias”, agrupadas en estructuras muy disímiles como veremos más adelante, se suman grupos de crimen organizado, grupos paramilitares y fuerza pública.
Recientemente, se realizó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- –organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA- una audiencia sobre la situación general de Colombia donde 28 organizaciones indígenas y defensoras de derechos humanos presentamos el balance de esta situación cuyo origen identificamos -sin duda- en el incumplimiento del Acuerdo Final de Paz por parte del gobierno colombiano, lo que se expresa en 79 masacres con 340 víctimas en lo corrido del 2020, el asesinato de 60 excombatientes de las Farc-EP, con lo cual serían 255 desde la firma del Acuerdo en noviembre de 2016, y de 287 líderes y lideresas sociales, asesinados durante este año según cifras de Indepaz, organización que documenta estos hechos en trabajo conjunto con el movimiento social y político Marcha Patriótica que cuenta con presencia en los territorios. Estos hechos ocurren principalmente en departamentos como el Cauca y Nariño, donde hacen presencia las Fuerza de Tarea Apolo, Hércules, Poseidón y el Fudra No. 2, como se denunció en la audiencia.
El presente SOS por la paz, la vida y las garantías de no repetición, el último de 2020, corrobora esta tendencia en un periodo de cuatro meses y 14 días, desde el 1 de agosto de 2020 hasta el 14 de diciembre, cuando registramos 276 denuncias de graves violaciones a los derechos humanos en 143 días, es decir 2 violaciones de derechos humanos diarias y un total de 1.633 víctimas, más otras 40 comunidades con un número de víctimas sin establecer que sufrieron ataques como desplazamiento forzado, confinamientos y otras infracciones al DIH, erradicación forzada, hostigamientos o presencia paramilitar en sus territorios. Estos datos mantienen la tendencia ascendente de las violaciones a los derechos humanos que hemos registrando durante el actual gobierno cuando hemos recibido 1.532 denuncias de graves violaciones a los derechos humanos.
Hechos del periodo
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De los hechos del presente periodo 172 fueron asesinatos que dejaron 349 víctimas, es decir 2,4 cada día, 19 atentados como los cometidos contra dirigentes sindicales, sociales y políticos como la exsenadora Piedad Córdoba y el senador Feliciano Valencia. También registramos 19 amenazas individuales y colectivas, 12 hostigamientos, 11 casos de abuso de la fuerza pública, cinco de control paramilitar incluyendo la aparición de panfletos en varios municipios de cinco departamentos de manera simultánea; cinco hechos más de desplazamiento forzado dentro de los cuales figura el de 906 indígenas en Bahía Solano después del asesinato con decapitación de uno de los integrantes de esta comunidad del pueblo Embera.
De igual forma, se denuncian en el periodo cuatro casos de erradicación forzada violenta de cultivos de uso ilícito, pese a que la Corte Constitucional y el Acuerdo de Paz contemplan la priorización de los programas de sustitución voluntaria y concertada. Tres casos de graves de infracciones al DIH, y otros 13 hechos entre estigmatizaciones, negación de protección, apropiación de territorios en favor de intereses privados, o incluso acciones de confinamiento como la cometidas por Empresas Públicas de Medellín contra campesinos de Briceño que protestaban por un nuevo desplazamiento en función del fallido megaproyecto Hidroituango.
Por modalidades de asesinato, se mantiene una preocupante tendencia a las masacres que también se ve reflejada en las denuncias que recibimos. Entre el 1 de septiembre y el 14 de diciembre, hemos recibido denuncias de 46 masacres, entendidas como homicidios de más de tres personas en el mismo hecho, que dejaron a su paso 201 víctimas. Es decir que más de la mitad de las víctimas de homicidio registradas en el presente periodo (349) corresponden a muertes en medio de una masacre.
Por víctimas, 107 de los ataques registrados en el presente SOS fueron contra líderes, defensoras y defensores, y familiares de ellos, con 180 víctimas del total de ataques. De estos, 93 fueron homicidios que cobraron la vida 71 defensor@s y de otras 22 entre familiares, acompañantes o personas que se encontraban en el lugar de los hechos. 29 excombatientes firmantes de paz y sus familiares fueron víctimas de ataques durante este periodo, uno de ellos de atentado y la madre de uno de ellos de una detención ilegal. 24 excombatientes y 3 familiares fueron asesinados según denuncias recibidas para el presente SOS.
Otros 132 ataques se dirigieron contra campesinos, pobladores, integrantes de comunidades indígenas, para los casos de confinamiento y o desplazamientos, pero también contra manifestantes en medio de la protesta social como ocurrió el 9 y 10 de septiembre, o ciudadanos como el caso del testigo del asesinato del abogado Javier Ordoñez que denunció amenazas de la Policía.
Una violencia que se extiende por todo el país
El mayor número de denuncias provino del Cauca con 44 hechos en el presente periodo, 1 cada dos o tres días, seguido de Antioquia con 36, Chocó y Nariño con 32 hechos respectivamente, 23 hechos en Putumayo, 15 en el Valle del Cauca y 13 en Bogotá. Otras nueve denuncias son sobre hechos del departamento del Meta, cinco de Norte de Santander, todos homicidios, cinco más en Cundinamarca, tres de estos en el municipio de Soacha contiguo a Bogotá donde ocurrió la masacre de nueve jóvenes incinerados mientras estaban detenidos en un Comando de Acción Inmediata, CAI, de la Policía de este municipio.
Otros cinco hechos se denuncian en del departamento del Huila e igual número en Magdalena, en Bolívar cuatro, todos homicidios, al igual que en el departamento de Córdoba, cuatro en La Guajira donde se cometió una masacre de tres personas en el municipio de Albania, cuatro homicidios en Caquetá, tres en Tolima, dos en Sucre, Guaviare y Risaralda y dos en Amazonas donde se presentó el desplazamiento y homicidio de tres indígenas en medio de un operativo de desalojo por parte del ESMAD. Dos hechos más en Atlántico, y un hecho, respectivamente, en los departamentos de Arauca, Casanare, Cesar, y Santander. En estas denuncias prevalecen masacres, asesinatos selectivos contra personas defensoras de derechos humanos y excombatientes, atentados y amenazas.
155 de los 276 hechos del periodo se presentaron en municipios priorizados en los Planes de Ordenamiento con Enfoque Territorial –PDET- contemplados en el Acuerdo de Paz donde deberían estarse implementando los acuerdos pero que, por el contrario ven deteriorada su situación de derechos humanos. 96 de estos hechos fueron homicidios de defensores, excombatientes o pobladores, 22 de ellos en medio de masacres. Otro ejemplo de cómo la deuda con la implementación sigue siendo el principal caldo de cultivo de esta violencia en los territorios.
Quiénes son los victimarios
En la mayoría de las denuncias recopiladas en el presente SOS se desconoce el presunto autor. Es el caso de 183 de las 276 denuncias, mientras que en 36 casos compromete la presunta responsabilidad de agentes de la fuerza pública y en 26 más de grupos paramilitares.
Ocho de los casos del periodo se le atribuyen a la estructura denominada Comandos de la Frontera, antes conocida como La Mafia, que ha sido caracterizada como una alianza entre paramilitares y disidencias. Los Comandos son señalados como responsables del asesinato de cuatro campesinos y dos líderes en Puerto Asís, Putumayo, zona con fuerte presencia de las Brigada XXVII del Ejército, pero también llama la atención por los enfrentamientos con el Frente Carolina Ramírez, disidencia de las Farc-EP, que han puesto en riesgo humanitario a las comunidades en Puerto Asís.
Otras ocho denuncias son atribuidas a llamadas disidencias que, dada la complejidad de su conformación, desglosamos a continuación. Dos denuncias señalan la responsabilidad de la columna Dagoberto Ramos en el asesinato de un comunero indígena y las amenazas a 24 dirigentes indígenas del Norte del Cauca mediante un panfleto. Dos más al Frente Oliver Sinisterra por crímenes cometidos en territorio de los resguardos Inda Sabaleta del Pueblo Awá donde fueron asesinadas cuatro personas y otro número indeterminado fueron secuestradas y luego liberadas, en medio de hostilidades con el grupo denominado Los Contadores.
Un hecho más se le atribuye al Frente Carlos Patiño que ocupó y amenazó a la comunidad de El Plateado, Argelia, mientras era sobrevolado por helicópteros del Ejército Nacional que no actuaron para combatirlos. Esta complejidad de alianzas y enfrentamientos señala la insuficiencia y el uso engañoso de la categoría genérica disidencia, para agrupar organizaciones con intereses disímiles, que incluso entran en confrontación entre sí, y que se usa desde el alto gobierno para diluir la responsabilidad estatal o para denigrar del Acuerdo de Paz.
En cuatro casos más se señala como responsable a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional –ELN- entre ellos infracciones al DIH en enfrentamientos con estructuras paramilitares de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC- amenazas a la población civil y el asesinato de un excombatiente.
También hay un caso en el cual la responsabilidad estatal está en cabeza de la Unidad Nacional de Protección por retirar el esquema a una lideresa en riesgo, y en otro caso a dos medios de comunicación del establecimiento por la estigmatización del movimiento social Juventud Rebelde.
La guerra en el suroccidente: no todo es narcotráfico ni grupos ilegales
121 de las denuncias del periodo se concentran en el suroccidente del país, en los departamentos del Valle, Cauca, Nariño y Putumayo. De estos, 84 son homicidios con 150 víctimas, 71 de ellas asesinadas en 16 masacres, con lo cual se confirma la tendencia a recurrir a este tipo de método de exterminio en la región, donde es conocida la existencia de un corredor que conecta con el Pacífico para la comercialización de la coca y la entrada de armamento.
La pandemia ha favorecido el control territorial por parte de actores armados en esta región, tanto por que facilitó a jóvenes irse a raspar coca, como por la dificultad de las organizaciones sociales para garantizar el control de sus territorios, como denuncia en su informe trimestral la Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.
Estas disputas por el control de los cultivos de uso ilícito acarrean graves consecuencias humanitarias como las aquí documentadas para la población que deriva su sustento de esta actividad o se convierte en blanco de los grupos por oponerse a ella.
Por esta razón insistimos en que el Estado colombiano priorice la sustitución concertada y seguiremos acudiendo a los tribunales para que protejan los derechos de las comunidades afectadas por esta realidad. Avances significativos en este sentido, han sido las decisiones judiciales como la del Tribunal Administrativo de Nariño que frenó el retorno de las aspersiones aéreas con Glifosato. No onstante, este fallo sigue sin ser acatado por el gobierno nacional que insiste en convocatorias ilegítimas que no garantizan la participación reforzada de las comunidades en un debate crucial.
Igualmente la decisión del Tribunal Administrativo del Cauca que ordenó suspender las labores de erradicación en los municipios de Caloto, Cajibío y Piamonte. En este importante fallo, el Tribunal enfatiza que:
“… (no) se trata de proteger el narcotráfico ni las grandes extensiones de cultivos ilícitos, sino lo pactado en el Acuerdo de Paz y en los protocolos de erradicación de cultivos ilícitos, salvaguardando al campesino humilde y trabajador que se ha visto obligado a sembrar esta clase de cultivos por la pobreza en la que se encuentra, cuyas causas son centenarias y demandan la presencia del Estado a fin de atender las necesidades no resueltas de la Colombia rural históricamente relegada y actualmente sometida por el recrudecimiento de la violencia generado por distintos actores ilegales, especialmente en el Departamento del Cauca.”
No obstante todo lo anterior, el narcotráfico y los grupos ilegales están lejos de ser la única y principal razón de la violencia en el territorio. En el departamento del Cauca, las disputas también están atravesadas por los ingenios azucareros al norte, y por la megaminería del oro que ha generado dinámicas negativas para las comunidades, atravesadas por la paradoja de la pobreza en medio de la riqueza.
Un reciente estudio de la investigadora María Soledad Betancur, del Instituto Popular de Capacitación –IPC- recuerda que el Cauca ocupa el tercer lugar dentro de los departamentos más pobres del país, después del Choco y la Guajira. Un 50,5% de su población recibe menos de $ 213.930 aunque en su territorio se produce el 6% del oro de Colombia.
Pero por otra parte, señala el estudio, en el departamento hay 1’292.000 hectáreas destinadas a la extracción de recursos no renovables y las comunidades afrocolombianas han denunciado cómo, al tiempo de que se concedieron títulos mineros a empresas como la AngloGold Ashanti y a algunos particulares, empezaron a aparecer grupos paramilitares que amenazaron a líderes, asesinaron a jóvenes y violaron a mujeres. Las comunidades también denuncian la presencia y relación de actores armados ilegales y la minería ilegal, en Mercaderes, Santander de Quilichao y Buenos Aires donde hay disputas entre la guerrilla del ELN y estructuras paramilitares como Los Rastrojos que amenazan a organizaciones sociales.
También en Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Guapi, Timbiquí y López de Micay, donde hay mayor presencia de comunidades étnicas y de tradición minera artesanal y de barequeo, han identificado como amenazas las pretensiones mineras de títulos y solicitudes de empresas multinacionales en sus territorios Actualmente hay 645 en curso para contratos de concesión por parte de megamineras como Anglo Gold Ashanti Colombia S.A., Palma S.O.M., Eco Oro Minerals Copr., Continental Gold Limited, Anglo American Colombia Exploraon S.A., Four Ponits Mining, Pacific Resorces, C2 Gold, Green River Stones, Circum Pacific, Royal Road Minerales, Zinjin Minerals, entre otras.
Adicionalmente, las comunidades denuncian la privatización de la fuerza pública en función de los intereses de la megaminería en la zona: “Nosotros en La Toma hemos encontrado contratos de seguridad privada entre, por ejemplo, la AngloGold Ashanti de 2013 y la Tercera División del Ejército” según denuncia la lideresa ambiental Francia Márquez, recogidas en el estudio.
Dentro de este panorama es desalentador el anunciado componente minero-energético del Plan de Reactivación Económica propuesto por el Gobierno Nacional en el que se incluyen 27 proyectos energéticos, ocho de hidrocarburos y mineros, planteando este sector como una salida a la crisis generada por la pandemia.
Las comunidades claman, como lo han hecho históricamente, por la gestión comunitaria de los recursos del territorio, de manera sustentable y participativa, que ponga fin a la estigmatización de la minería artesanal y abra el camino a la formalización tantas veces prometida.
Las ciudades se levantan
En el periodo del presente SOS tuvo lugar una de las manifestaciones más fuertes de los últimos años, desatada por la furia que generó el homicidio del abogado Javier Ordoñez. El 9 de septiembre de 2020, el país amaneció con la noticia de un abogado asfixiado y sometido a electroshocks con arma taser por integrantes de la Policía delComando de Acción Inmediata –CAI- en Villaluz.
Esa noche del 9 se iniciaron cacerolazos de protesta frente a varios CAI de Bogotá, Medellín, Cali y Villavicencio, entre otras, donde se acumuló la indignación con distintos abusos policiales que enfrenta la ciudadanía de manera cotidiana. En Bogotá, las manifestaciones pronto llegaron a las pedradas y el incendio de varios de estos puestos policiales. Estos actos de vandalismo fueron respondidos de manera desproporcionada con ataques indiscriminados con arma de fuego contra manifestantes, dejando a su paso muertes y personas heridas, en circunstancias que comprometen seriamente a la fuerza pública.
Solo a manera de ilustración, el portal informativo La Silla Vacía, reconstruyó con base en las grabaciones de celular de varias personas los hechos en los cuales tres de los nueve jóvenes asesinados esa noche, caen por balas policiales en el CAI Verbenal, al norte de la capital.
Pero estos no fueron los únicos casos de abuso policial. Hasta altas horas de la noche del 9, circularon por internet cientos de videos bajo la etiqueta #MasacreDeBogotá que registraron disparos contra manifestantes, personas de civil portando y disparando armas de fuego y patrullando conjuntamente con agentes de la fuerza pública, policías vistiendo sus uniformes al revés para ocultar sus identificaciones, detenciones arbitrarias y otra serie de irregularidades que trascendieron a los medios de comunicación y organismos internacionales como la Comisión Interamericana y las Naciones Unidas que expresaron su rechazo por lo ocurrido.
Desde la orilla de la sociedad civil
Ante este preocupante panorama, organizaciones defensoras de derechos humanos continuamos exponiendo en evidencia la grave crisis social, económica y humanitaria que amenaza la consolidación de paz y la vigencia de la democracia en Colombia en diferentes escenarios nacionales e internacionales.
Ese mismo 9 de septiembre de las protestas contra el abuso policial, Día Nacional de los Derechos Humanos, presentamos el informe El Aprendiz del Embrujo que realizó un crudo balance del segundo año de gestión presidencial caracterizado por el autoritarismo, la guerra y la pandemia. Este informe ha tenido una importante repercusión y, junto con otras acciones de incidencia, ha logrado renovar el respaldo de la comunidad internacional en la implementación adecuada del Acuerdo de Paz. Es el caso de recientes pronunciamientos del Parlamento Catalán el pasado 27 de noviembre (link) y de la y la Cámara de los Lores del Reino Unido, la semana anterior.
Por otra parte, el pasado 4 de noviembre lanzamos la campaña por la independencia judicial #NadiePorEncimaDeLaJusticia dada la creciente concentración de poder en el Presidente de la República que no solo desconoce y ataca decisiones judiciales sino que busca controlar las Cortes y los organismos de control, profundizando su tendencia autoritaria. Esta campaña ha tenido un importante eco en la rama judicial, organizaciones internacionales de juristas y defensor@s que han expresado su preocupación por los ataques a la independencia judicial que van desde los insultos a la Corte Suprema de Justicia por el proceso que enfrenta Álvaro Uribe, hasta el cuestionamiento del gobierno al fallo de la misma Corte en relación con el derecho a la protesta social que ordenó reformas profundas a la fuerza pública, o el desacato a las decisiones de tribunales en relación con las aspersiones aéreas con Glifosato.
Ni la pandemia ni el autoritarismo ni la violencia han logrado frenar la fuerza de la protesta social en Colombia, que tuvo su mayor auge en este gobierno y en las últimas décadas durante el Paro Nacional de noviembre de 2019 y cuyo eco siguió manifestándose aún durante la pandemia y sigue vigente
A pesar de las medidas de aislamiento, ante la crisis humanitaria y económica, frente a un gobierno que no ofrece otra alternativa ni dialoga con los sectores sociales, la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, máxima instancia organizativa de los pueblos indígenas, tomó de nuevo las calles del país y arribó a Bogotá donde a pesar de estar a unas pocas calles del Palacio de Nariño no fue recibida por el gobierno.
Su movilización pacífica, organizada y valerosa inspiró al resto del movimiento social a regresar también a la protesta, en importantes movilizaciones en varias ciudades del país entre las cuales destacamos por su carácter nacional la del 21 de septiembre en contra de los asesinatos de líderes sociales y por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, la Minga Social y Comunitaria de los días 18, 19, 20 y 21 de octubre cuando se juntó con el Paro Nacional, así como la convocatoria para los días 19, 20, 21 y 25 de noviembre. Cabe señalar que todas estas jornadas se desarrollaron de manera pacífica -en su mayoría- lo que coincidió con la decisión de gobiernos locales de no sacar al Escuadrón Móvil Antidisturbios -Esmad- a la calle.
Frente al balance presentado y haciendo eco del movimiento social lanzamos este último SOS de 2020 por la vida, la paz y los derechos humanos, insistiéndole al Gobierno Duque en que no siga gobernando con base en la guerra, la represión y para los intereses de grandes capitales.
Que implemente de manera integral y de buena fe los Acuerdos de Paz, que cesen la impunidad e inacción ante a los homicidios contra defensores de derechos humanos y firmantes de paz, y frente a las violencias contra las mujeres.Que respete las decisiones judiciales y la separación de poderes, que cumpla los acuerdos estatales con los pueblos indígenas, campesinos y afro, que atienda las reivindicaciones y renuncie a la estigmatización de la protesta social.
En materia social, que promueva la Ley de renta básica y que cumpla con la matrícula cero, el subsidio a la nómina de las mipymes y la salud pública universal y gratuita para la atención a la pandemia. La agenda del movimiento social marca el rumbo de la recuperación económica, la paz y la democracia.