El Colectivo de Abogados y Abogadas “José Alvear Restrepo” (Cajar), la Corporación Jurídica Libertad (CJL) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) – organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos–, que forman parte del equipo de defensa penal de los once campesinos de Jericó (Antioquia), expresamos nuestra preocupación por la investigación de la Fiscalía General de la Nación que interpreta como delitos las acciones de oposición al proyecto minero Quebradona, promovido en esta región del departamento de Antioquia por la multinacional Anglo Gold Ashanti.
Consideramos ajustada a derecho la decisión del Juzgado Promiscuo Municipal de Jericó de no imponer detención preventiva a los campesinos imputados por presuntos delitos de secuestro simple, hurto agravado y lesiones personales. No obstante, se mantiene la preocupación por la criminalización de las personas que defienden el derecho al ambiente, el agua y a sus comunidades. Es importante subrayar que la defensa de la naturaleza no debe ser equiparada a la comisión de un delito.
Durante más de dos décadas, multinacionales extractivas han arribado a la región atraídas por la riqueza de sus recursos naturales. Su presencia ha introducido medidas que alteran la paz, la sana convivencia y la democracia, poniendo en riesgo recursos esenciales—como el agua, las montañas, la flora y la fauna—para la supervivencia y la salud del territorio. La alteración de los ecosistemas y la intención de modificar la vocación ancestral de los habitantes han impactado profundamente a la comunidad, generando un deterioro en las dinámicas sociales y rupturas significativas en el tejido comunitario.
Las declaraciones realizadas por el exconcejal Jhon Jairo Henao Hernández en Caracol Radio, así como la estigmatización pública efectuada durante su intervención, contribuyen a crear un ambiente de confrontación y polarización. Sus palabras buscan desacreditar la legitimidad de quienes se oponen pacíficamente al proyecto minero, distorsionando las demandas legítimas en defensa del medio ambiente y los derechos humanos. Este tipo de discurso, al señalar irresponsablemente a los defensores, no solo vulnera el derecho a una expresión crítica, sino que también expone a posibles represalias a quienes protegen el patrimonio natural y social de la región. Por lo tanto, es imperativo que las autoridades competentes garanticen un proceso judicial justo, transparente y libre de presiones, asegurando el respeto a la diversidad de opiniones y la protección de los derechos fundamentales de las comunidades.
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