El escándalo de los seguimientos ilegales comienza a tener consecuencias en Washington, D.C. En el marco de la autorización anual del Acto Nacional de Defensa (National Defense Authorization Act), el Representante Jim McGovern de Estados Unidos presentó una enmienda que obligará al gobierno de Colombia a dar cuentas allá de lo que no ha querido explicar aquí.
*Publicada originalmente en La línea del medio
El texto, que reconoce la alianza privilegiada entre Estados Unidos y Colombia, recuerda que los equipos de Estados Unidos no pueden ser usados para vigilancias ilegales y demanda de las autoridades del gobierno de ese país claridad sobre lo acontecido. No es poca cosa lo que pide.
El reporte del Departamento de Estado deberá entregar en un plazo máximo de 120 días desde la aprobación del Acto un informe que determine si la ayuda fue utilizada con propósitos ilegales ¡desde 2002! Se pondrá la lupa así a los dos periodos de Uribe y se otorgará un especial interés a los dos últimos años. ¿Quién lo hizo? ¿A quién reportó? ¿Quién dio la orden? Esas son algunas de las preguntas que se deberán contestar. No sobra recordar que el balance de fuerzas en Estados Unidos podrá cambiar de manera radical este próximo noviembre.
Y la cosa se pone peor para el gobierno colombiano porque las exigencias de la Cámara de Representantes van más allá. El reporte también deberá analizar si la actual doctrina militar está en condiciones de asegurar operaciones de inteligencia en conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. No hay nada que las fuerzas militares rechacen más que una polémica en torno de su doctrina militar. No quisieron abrir la discusión con los colombianos; tocará ahora que den cuentas de la doctrina en inglés.
No será la primera vez que la condicionalidad de la asistencia militar de Estados Unidos provoca beneficios en la situación de derechos humanos de los países receptores. En los noventa, legislación de autoría del senador de Vermont Patrick Leahy, prohibió a los Estados Unidos prestar asistencia a unidades de fuerzas de seguridad con acusaciones creíbles de que participación en violaciones graves de derechos humanos.
El Congreso de Estados Unidos no pierde el tiempo en discusiones absurdas sobre presunciones de inocencia y responsabilidades penales como las que presenciamos en la instalación del Congreso. No está dispuesto a esperar décadas para que la embajada de Estados Unidos en Colombia mande un anexo con sentencias proferidas contra militares. Exige en unos pocos meses una rendición de cuentas de su propio gobierno que, en la práctica, se convierte en un cuestionamiento al gobierno colombiano. ¿En qué va la comisión aquella que prometió Iván Duque?
La enmienda fue aprobada en la Cámara de Representantes por lo que se llama “voice vote”, un procedimiento mediante el cual los SÍ y los NO vocean su voto al unísono y no se produce un conteo formal. Una votación de esta manera solo se da cuando existe un apoyo abrumador. Habrá que ver si el apoyo bipartidista se mantiene y la Cámara resulta capaz de lograr la inclusión en la conciliación. En cualquier caso, se trata de un mensaje poderoso a los uniformados colombianos.
¿Hasta cuándo necesitaremos el empujón del norte para hacer lo que corresponde? Cuando lo reclaman desde Washington, algo pasa; cuando lo clamamos nosotros, somos ignorados. Volvimos a los tiempos oscuros del fantasma de la condicionalidad. Y así seguimos marcha atrás cada vez más rápido.