ONGs entregan parámetros a la CPI para Examen Preliminar sobre Colombia
Estos parámetros, basados en el Estatuto de Roma, evalúan los procedimientos colombianos bajo el marco del EP y llevan necesariamente a una conclusión: el Examen Preliminar sobre Colombia debe permanecer abierto.
Por más de 16 años, la Oficina de la Fiscal (OF) de la Corte Penal Internacional (CPI) ha estado examinando la situación en Colombia. El recrudecimiento reciente de la violencia en el país, el aumento en el número de ataques a defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales, así como la inhabilidad y reticencia del Gobierno para lidiar genuinamente con las violaciones a los derechos humanos y otros crímenes graves cometidos durante y después del conflicto armado en Colombia muestran que: un cierre del Examen Preliminar (EP) por parte de la OF sin continuar investigando formalmente la situación en Colombia sería un signo devastador desde la comunidad internacional.
Es por ello que el 30 de Septiembre, nosotras, las organizaciones colombianas Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR), Colombia Diversa, Corporación Humanas y Sisma Mujer, junto con el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) remitimos a la OF una serie de parámetros e indicadores cualitativos y cuantitativos. Estos parámetros, basado en el Estatuto de Roma, evalúan los procedimientos colombianos bajo el marco del EP y llevan necesariamente a una conclusión: el Examen Preliminar sobre Colombia debe permanecer abierto.
No solo el Estado colombiano ha avanzado lentamente en abordar los miles de casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por grupos armados ilegales y actores estatales; tampoco ha sido capaz de prevenir nuevos episodios de violencia, como eventos recientes lo demuestran: las fuerzas de seguridad estatales atacan a la sociedad civil con excesiva violencia como lo revelaron los hechos recientes del 9 de septiembre en los cuales los cuerpos de policía reprimieron violentamente las manifestaciones ejecutando extrajudicialmente a por los menos 13 ciudadanos, así como hechos denunciados por violencia sexual el 11 del mismo mes.
Adicionalmente, continúan los ataques sistemáticos contra otros actores, como defensores y defensoras de derechos humanos y del ambiente sin que se aclaren quiénes son los responsables. Solo en lo que va corrido del año Indepaz ha documentado al menos 65 masacres que agrupan a 260 víctimas , un crudo aumento en comparación con los años anteriores desde que se firmó el Acuerdo de Paz en 2016. Además, 215 defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados en el 2020 , haciendo de Colombia uno de los lugares más peligrosos en el mundo para ejercer esta actividad.
El Gobierno colombiano está fallando para implementar efectivamente los mecanismos de justicia transicional existentes para poner fin a esta situación. No es de esperar que las autoridades judiciales colombianas tengan las capacidades para lidiar adecuadamente con las atrocidades del pasado así como los crímenes actuales. La falta de atención, reconocimiento, justicia y protección en los casos de violencia sexual y basada en género es particularmente preocupante. Entre otros, la falta de claridad sobre la situación jurídica de antiguos comandantes paramilitares y oficiales de alto rango de la Fuerzas Militares generan demoras en el procesamiento de estos graves crímenes – una situación peligrosa que contribuye a la persistencia de la impunidad en el país.
La Oficina de la Fiscal de la CPI debe reconocer adecuadamente estas deficiencias e incluirlas dentro de su evaluación del EP. Para asegurarnos de ello, nuestros parámetros proporcionan elementos para que la OF analice el carácter genuino de los procedimientos en Colombia, la existencia de brechas de impunidad en algunos de estos casos y la efectividad de las sanciones penales. En consecuencia, hemos sugerido dos tipos de parámetros: un primer grupo de parámetros se enfocan en algunos de los crímenes que la OF ha tenido bajo su análisis desde el 2012, a saber, aquellos relacionados con grupos paramilitares, falsos positivos y violencia sexual y basada en género. El segundo grupo de parámetros provee indicadores generales cuya aplicación permite evaluar los diferentes sistemas de justicia en Colombia y su capacidad para lidiar con estos crímenes.
CAJAR, Colombia Diversa, Corporación Humanas, Sisma Mujer, FIDH e ECCHR le exigimos a la OF que continúe con su Examen Preliminar sobre Colombia y que tenga en cuenta los parámetros propuestos. En la continuación de su examen, enfatizamos especialmente la necesidad de transversalizar el enfoque de género en las investigaciones y juicios en Colombia y hacemos un llamado para un diálogo mejorado y continuo entre la OF y los actores de la sociedad civil en Colombia.
El rol de la OF ha sido crucial para garantizar que el Estado colombiano cumpla con sus obligaciones internacionales respecto de su responsabilidad por crímenes graves, incluyendo crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante y después del conflicto armado en Colombia. La OF debe continuar cumpliendo con este importante papel y asegurarse que no prevalezca en Colombia la violencia en contra de los actores de la sociedad civil y la impunidad por estos crímenes.
Contacto:
ECCHR: Michelle Trimborn – +49 (0)30 40 10 94 54