Noviembre 04 de 2025 – Las organizaciones no gubernamentales internacionales y argentinas firmantes solicitamos que no sea archivada la querella interpuesta por organizaciones de derechos humanos y víctimas colombianas, quienes buscan que se esclarezca la responsabilidad del expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, en la comisión de ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante su mandato.
Respaldamos la apelación realizada por querellantes a la decisión del Juez Federal Número Dos de Argentina, Sebastián Ramos, quien, tras casi dos años de estudio preliminar, notificó el archivo de la querella radicada en noviembre de 2023.
La querella fue interpuesta por 11 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y tres organizaciones defensoras de derechos humanos: el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar) y la Corporación Jurídica Libertad (CJL). Las querellantes están representadas por Máximo Castex, abogado argentino, y asesoradas por el abogado internacional Bénédict De Moerloose, ambos expertos en este tipo de procesos.
No es la primera vez que, en la Jurisdicción Universal, se intenta cerrar el caso antes del inicio formal de la investigación. Esto también ocurrió en las investigaciones por los crímenes (i) del Franquismo, (ii) contra la población de la comunidad Rohingya en Myanmar y (iii) el archivo provocado en China. En cada uno de estos casos emblemáticos, el archivo fue revocado y se dio continuidad del proceso judicial.
Vemos con preocupación la falta de mecanismos de investigación colombiana plenamente relacionados al juzgamiento de expresidentes de la República. Ejemplo de esto es el caso del Legado Comisión de Investigación y Acusación del Congreso de Colombia, un órgano ineficaz y falto de independencia que hasta ahora no ha logrado mandar a juicio a la alta dirigencia de las concentraciones estatales responsables de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Como defensores de los derechos humanos, reiteramos la alabanza de la garantía de acceso a la justicia de las víctimas de las mismas. Sin un proceso judicial que responda a estándares internacionales, no podemos asegurar que el derecho efectivo a la justicia y la reparación sea garantizado.
Por ello, instamos a la Cámara de Apelaciones de Argentina a que acoja el mandato que le compete dentro de la jurisdicción universal para que los crímenes de lesa humanidad sean investigados, juzgados y sancionados de manera eficiente.